El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, anunció el jueves por sorpresa que "habrá que moverse un poquito más rápido" en los tipos de interés, horas después de que el vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), el español Luis de Guindos, fijara en julio la fecha más probable para el primer encarecimiento del precio del dinero desde la gran crisis de 2008. La Fed se prepara para un alza adicional de medio punto en mayo, mientras que el BCE podría subirlos hasta tres veces hasta finales de año.
¿Qué está pasando para que los bancos centrales aceleren las restricciones de su política monetaria? La constatación de que la guerra de Ucrania va a ser larga, unido al temor a un empeoramiento de los problemas en los suministros de materias primas o semiconductores por la crisis del Covid china amenazan con prolongar las tasas de inflación cercanas a los dígitos.
La audacia del Ejército ucraniano en actos como el hundimiento del principal barco de guerra de la flota rusa en el Mar Negro, el portamisiles Moskva, o la resistencia a rendir la acería de Azovstal, en Mariúpol, unido a la escalada en la entrega de armamento occidental apunta a que el conflicto puede mantenerse más allá del próximo invierno, en caso de que Putin no logre hacerse pronto con el control del Donbás.
Una hipótesis que cobra vigor también después de los sonoros fracasos de su Ejército, que tuvo que abandonar sus objetivos en el Oeste del país, incluida la capital, Kiev.
Entre los expertos, se manejan dos hipótesis, y ninguna es positiva para la economía. Que Putin se ponga nervioso por la falta de victorias que exhibir ante la población rusa y use algún tipo de arma nuclear táctica, lo que nos retraería a 1945, con la utilización de la bomba atómica en Hiroshima. O que Europa se decida a cortar las compras de petróleo y gas rusos, ante la ineficacia de las sanciones adoptadas hasta ahora.
La prueba de que Putin está preocupado por la marcha del conflicto bélico fue el lanzamiento del misil intercontinental Satam II, capaz de albergar una docena de cabezas nucleares y alcanzar objetivos al otro lado del planeta. Los expertos en balística ponen en duda las capacidades del proyectil, pero no la posibilidad de usar armas químicas o nucleares en Ucrania.
Un acto de barbarie de ese tipo obligaría a escalar las sanciones y cortar el gas. Alemania se ha quedado sola junto a Hungría en la negativa a restringir las importaciones de hidrocarburos. El canciller Olaf Scholz sufre cada vez más presiones en los parlamentos alemán y europeo para tomar una medida en ese sentido.
Cerca del 40% de la industria germana es ya partidaria de proceder al corte radical del suministro, según una encuesta reciente, mientras que el alto representante para la Política Exterior y de Seguridad de la UE, Josep Borrell, anima a los países a que interrumpan las compras de manera unilateral, sin esperar a una votación en el seno de la UE.
El ministro de Exteriores comunitario se une así al coro de voces de expertos, que asegura que Putin solo detendrá la contienda cuando se quede sin dinero para financiarla. Actualmente, el 40% de los ingresos públicos rusos, unos 700 millones diarios, procede de la venta de hidrocarburos.
Hasta ahora, las sanciones no han logrado su objetivo. El rublo se mantiene relativamente estable, hasta el punto de que el Kremlin volvió a autorizar, aunque con cautela, las compras de divisas entre la población. El FMI evaluó en 8,5 puntos el impacto sobre el PIB ruso, un porcentaje parecido a la pandemia, que se reducirá a 2,3 puntos en 2023, mientras que la caída en Ucrania será del 35 por ciento del PIB, cuatro veces más.
El impacto se sentirá a medio o largo plazo por la ruptura de los lazos comerciales, pero Putin presume de que los sustituirá por la cooperación con China e India y otros países latinoamericanos.
El principal asesor de la política de las reformas económicas emprendidas por el presidente ruso entre 2000 y 2005 y un profundo conocedor del estado de sus finanzas, Andrey Illaniorov, asegura que el Kremlin estaría obligado a paralizar su maquinaria de guerra en "uno ó dos meses" si se produce el bloqueo occidental a sus hidrocarburos.
La maniobra es arriesgada. Pero si Alemania completa sus reservas de gas tendría para mantener su actividad cuatro meses, un tiempo suficiente, en opinión de Illaniorov, para hundir a Putin.
Por el contrario, si la guerra se mantiene, Europa sería el continente más perjudicado, con la pérdida de 1,1 puntos de crecimiento, frente a sólo tres décimas en Estados Unidos ó las cuatro décimas de China. En el Viejo Continente, Alemania e Italia, los más dependientes del gas ruso, se llevan la palma, con descensos adicionales de su actividad este año del 1,7 y el 1,5 por ciento, respectivamente.
El organismo financiero internacional advierte de que el deterioro económico y los shocks inflacionarios se agravarían en caso de que se produjera un incremento de las sanciones, aunque no especifica cuánto. Una consulta entre expertos realizada por elEconomista estima que la merma en el crecimiento de la Eurozona se duplicaría, hasta los 2,2 puntos en este año, y metería de nuevo a Alemania en recesión.
El Banco de España estimó hace unas semanas una caída de 1,3 puntos del PIB y un alza de la inflación entre un punto y punto y medio en neutro país en caso de que se dejara de consumir gas ruso. Pero advirtió que los que más sufrirían serían los países del Norte de Europa. La cuestión está en cuánto puede aguantar Rusia, porque el rebote que se produciría en todo el mundo sería fortísimo en caso de que acabara la guerra.
Alemania tardarás hasta 2030 en sustituir con fuentes alternativas la dependencia de Moscú, lo que prolongará las incertidumbres y mantendrá las tensiones inflacionistas un largo tiempo. Este es el escenario central que comienzan a barajar los bancos centrales.
Con este panorama, ¿cómo hay que actuar para impedir una recaída mayor de la actividad? Esta es una cuestión que se pregunta el FMI. El organismo internacional recomienda adoptar medidas para aliviar precisamente a los colectivos y las sociedades más vulnerables, que más han sufrido desde la pandemia y que soportan un endeudamiento muy elevado.
En este aspecto, el nuevo presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, irrumpió esta semana en la escena política con la presentación de un Plan de Defensa de las Familias y de la Economía, que va en esta línea.
El PP propone la entrega de un bono de hasta 300 euros para ayudar a las personas vulnerables con ingresos inferiores a 17.000 euros, que no pagan impuestos, así como deflactar la tarifa del IRPF para los hogares con rentas inferiores a 40.000 euros brutos.
Según los datos facilitados esta semana por el Registro de Economistas Asesores Fiscales, más de la mitad del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) corresponde a las personas con ingresos brutos superiores a 60.000 euros anuales, 912.695 contribuyentes, que representan el 4 por ciento del total y que, naturalmente, quedarían excluidos de esta iniciativa.
Otros 45.000 millones tributan las rentas inferiores a 60.000 millones, y alrededor de 30.000 millones los que ganan menos de 40.000, justo el segmento al que va dirigido el plan del PP. Se trata del grupo que menos impuestos paga, entre otras cosas porque los que ganan menos de 14.000 euros están exentos del IRPF.
Es difícil calcular el coste de esta medida concreta para Hacienda, pero podría superar los 2.000 millones para una inflación estimada de 6,5 por ciento en 2022. Teniendo en cuenta que el Estado ingresa 7.500 millones adicionales sólo por la subida de los carburantes, se devolvería sólo una parte de lo que ingresa de más. El coste del conjunto de las medidas de Feijóo es de 10.000 millones, más o menos el incremento previsto en recaudación para este año por culpa de la inflación y la guerra.
El plan de choque del Gobierno, por contra, rebaja impuestos a la electricidad, junto a la bonificación de los combustibles para toda la población por igual y, por tanto, favorece más a las rentas altas, que son los que más consumen.
El problema es que el Gobierno está embarcado en un incremento del gasto público desmedido, como el de las pensiones, que requerirá un incremento de los ingresos fiscales para financiarlo. Sobre todo teniendo en cuenta la subida de tipos que viene.
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