
Probablemente la pasada reunión, jueves 10, del BCE haya sido una de las más complicadas a las que la entidad se haya enfrentado. La rueda de prensa de Christine Lagarde dejó un mensaje nítido: nos enfrentamos a una incertidumbre sustancial provocada por el conflicto ucraniano. Esta incertidumbre incide en las que son las dos variable principales en macroeconomía, la evolución de los precios de la cesta de la compra y el crecimiento económico.
En el primer aspecto, el de la inflación, por fin la entidad reconoce que tenemos un problema, algo que había intentado silenciar o ningunear en reuniones previas. En sus previsiones nos anuncian que espera una inflación para el presente ejercicio del 5,1% para la zona euro, si bien no descarta que la misma pueda ascender a un 7,1% en el peor escenario posible. La gobernadora aludió en repetidas ocasiones a la elevación de los precios de la energía, sin embargo no solo ahí tenemos esas presiones. Los productos alimenticios, así como la subida de minerales como el aluminio, el níquel o el zinc, por citar algunos de ellos también están detrás de las fuertes presiones que sufren las economía europeas en los precios.
Por cierto, una de las economías que más va a sufrir las tensiones inflacionistas es la española, lo vimos el viernes cuando el INE hizo público el dato definitivo de IPC. El dato sitúa la inflación interanual de nuestro país en un 7,6%, dos puntos por encima del dato provisional. No solo el incremento del IPC general es alarmante, también lo es la inflación subyacente, la que no tiene en cuenta la energía y los alimentos frescos, que se sitúa en el 3,0%, seis décimas por encima de la previa.
Fruto de esas preocupación el BCE endurece la normalización en las políticas no ortodoxas. La de la compra de activos y que conllevaban la expansión de su balance, si se prefiere el tapering de nuestro banco central, se acelera. Fruto de ello el programa PEPP, Programa de Compras de Emergencia por la Pandemia, desplegado para suavizar los efectos negativos de la pandemia, acabará este mes. En cuanto al programa APP, Programa de Compras de Activos, diseñado para contrarrestar la crisis financiera y que tenía que haber finalizado en diciembre de 2018, finalizaran en junio; se realizará mediante una disminución de las compras netas desde el próximo mes hasta junio.
Una mala noticia para nuestro país con un déficit desbocado, recordemos que el Fondo Monetario Internacional (FMI) notificaba que España cerrará este año con el mayor déficit público de las grandes economías del área euro. Concretamente, lo situaba en un 5,02%. Añadamos a este déficit que la ratio de deuda pública sobre PIB se sitúa alrededor del 120,0%. El fin de la compra de la "mano fuerte" del BCE sobre nuestra deuda pública presionará la prima de riesgo sobre la de Alemania, actualmente en 100 puntos básicos.
Nuevamente otra mala noticia para España, donde además el cuadro macroeconómico que se construyó para elaborar los Presupuestos Generales del Estado, PGE, es hoy papel mojado.
Pero si en materia de precios el BCE, tarde y todavía tímidamente, reconoce un problema, no parece extender esta preocupación al crecimiento económico. Sus previsiones son que el crecimiento de la actividad se reduzca tan solo en medio punto, concretamente al 4,2%. No es una revisión que parezca muy realista si, como estamos viendo, la guerra en Ucrania se enquista y se extiende en el tiempo; un escenario que además se complica con las sanciones económicas y financiera a Rusia. El freno puede ser mucho mayor.
Esa preocupación parece estar detrás de que el BCE no tome medidas más drásticas para frenar la escalada de precios, como una subida de tipos de interés. En el fondo, nuestro banco central es muy consciente que, frente a una inflación provocada por un shock de oferta, poco efectiva es la política monetaria. Además esa posible subida de tipos podría, casi con seguridad, dañar aún más la actividad económica abriendo la puerta a la temida estanflación, es decir un crecimiento bajo o nulo combinado con una inflación alta.
Es precisamente la estanflación, palabra maldita en macroeconomía por la complejidad de adoptar medidas contra ella, una posibilidad que cada vez va cobrando más fuerza. Lagarde aludió varias veces en su rueda de prensa al dinamismo del consumo interno, sin embargo habrá que ver la fortaleza del mismo ante los efectos que los altos precios pueden ocasionar sobre la confianza de las familias y empresas. El pasado nos enseña y nos muestra que inflaciones altas llevan a un deterioro de las expectativas, algo que se traslada a un debilitamiento del consumo.
En todo momento, una y otra vez, el BCE dejó claro que se dejaba una puerta trasera, la palabra clave pronunciada es "opcionalidad". Los bancos centrales han dejado de ser la red de seguridad que se ha venido desplegando desde la crisis de la explosión de la burbuja de crédito. Ahora, como la Gobernadora dijo, hay que coordinar tanto las políticas fiscales y monetarias.
Tanto la actuación del banco central, como el mensaje ofrecida en la rueda de prensa ponen de manifiesto la complejidad de la situación. Durante tiempo se retrasaron medidas contra la creciente inflación. Ahora con el conflicto ucraniano la situación es muy compleja. Se quiera o no la temida estanflación va cobrando cada vez más cuerpo. Esta vez y como he comentado anteriormente ya no se puede mirar a los bancos centrales, especialmente en Europa, como salvaguarda de la economía.