Los riesgos a los que se enfrenta la economía española proceden del contexto internacional en el que nos movemos y de la orientación de política económica elegida. Es cierto que el gobierno no puede influir de manera determinante en la solución de los cuellos de botella en los suministros, en la subida de los precios de la energía, en el proceso inflacionista o en los problemas del este europeo que han desembocado en la invasión rusa de Ucrania, que atenta contra los principios básicos que han inspirado el orden internacional desde la Segunda Guerra Mundial. El gobierno tampoco puede intervenir en la política monetaria, que es decidida en las instituciones europeas y que, como respuesta a los problemas originados por el impacto de la pandemia, se dirigió a estabilizar los mercados financieros y garantizar la financiación de los Gobiernos, empresas y familias mediante la compra de activos y las operaciones de liquidez. Ahora bien, sí decide las reformas estructurales y prácticamente la totalidad de la política fiscal, sobre todo, mientras permanezca suspendido el pacto de estabilidad.
El gobierno utiliza los datos de crecimiento del PIB, de recaudación y de empleo, como la prueba de que la dirección de la política económica es correcta, olvidando algunos aspectos que conviene tener presente.
En primer lugar, después de una caída del PIB del 10,8% en el año 2020 como consecuencia de la paralización del mercado derivada de la pandemia, solo cabía esperar su crecimiento, en cuanto la oferta y la demanda volvieran a activarse, aunque fuera con limitaciones. Por eso, lo relevante no es que el PIB tenga dígitos positivos, sino cuándo alcanzaremos el nivel de riqueza previo al COVID, de donde surge necesariamente la pregunta de por qué será España el último país de la UE en conseguirlo. Incluso en términos de PIB per capita, puede verse también la reducción de la riqueza nacional de los 24.975€ con que se cerró 2021, a los 26.420€ con los que lo hizo 2019.
En segundo lugar, la recaudación vía impuestos aumentó en 2021 un 15,1% respecto a la de 2020, alcanzando los 223.382 M€, nivel desconocido hasta ahora y que no se explica solo por el incremento de la actividad, sino también por el empuje de la inflación, como reconoce la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. De hecho, el IPC ha subido desde 104,2 en enero de 2020, a 111,5 en diciembre de 2021, lo que se traduce, en el sistema fiscal español que no deflacta las tarifas, en una mayor recaudación, especialmente por IVA y Sociedades, además de en una pérdida superior al 7% en el poder adquisitivo de las familias.
En tercer lugar, si nos referimos al empleo, la última EPA refleja que el número de ocupados es mayor que antes de la pandemia en 218.000 personas. Sin embargo, conviene tener presente que, como se ha señalado más arriba, estamos a más de cinco puntos de alcanzar el nivel de PIB anterior al COVID, por tanto, más ocupados producen menos, lo que parece explicarse, entre otras razones, porque el número de horas trabajadas ha descendido un 3,8% respecto a enero de 2020. Al mismo tiempo, el número de asalariados del sector público se ha incrementado un 6,8% (un 77% del mismo temporal), mientras el del sector privado ha descendido el 1,4%. En otras palabras, podemos decir que hay más ocupados que antes de la pandemia, pero lo es exclusivamente por el incremento de la contratación pública, lo que parece consistente con la reducción de empresas que se ha producido en el mismo periodo, aunque las que han desaparecido sean las de menor tamaño. El incremento de la contratación en el ámbito público que se ha producido supone que en este momento contabilicemos 14.272.892 rentas públicas entre perceptores del subsidio de desempleo, pensionistas y asalariados del sector público, por otra parte, 16.974.200 perceptores de rentas privadas (asalariados y autónomos), lo que nos enfrenta a otro desequilibrio que habrá que abordar.
En este punto es donde cobra especial relevancia la política fiscal impulsada por el gobierno tendente a gastar más de lo que se ingresa, lo que ha elevado el déficit estructural, aquel en el que incurren las administraciones independientemente del ciclo, del 5,2% del PIB, es decir,, ceteris paribus PIB e ingresos, se gastan 55.000 M€ más de lo que se ingresa, lo que, entre otras razones, explica sobradamente el incremento de deuda hasta 118,7% del PIB, aproximadamente 260.000 M€ más que antes de la pandemia si incluimos la previsión de emisiones para 2022.
Como se indicaba, más gasto, déficit y deuda, sin que el otro fundamento de la orientación de la política fiscal del gobierno, que reside en la subida de impuestos, lo evite; más bien lo agrava al frenar la actividad. El gobierno español es el único país de nuestro entorno que durante y después de la pandemia no solo no baja los impuestos, sino que los sube. En concreto, entre 2021 y 2022 se han incrementado las cotizaciones sociales, es decir, el impuesto al empleo, el gravamen del ahorro, el IRPF, sociedades, patrimonio, impuesto de matriculación, primas de seguros y nuevas figuras tributarias como la tasa Google, Tobin y plásticos de un solo uso. Además el informe de los expertos sobre la reforma fiscal que encargó el Ministerio de Hacienda, está enfocado a respaldar la política de subida de impuestos bajo el falaz argumento de que hay margen para hacerlo, porque los españoles pagamos pocos impuestos y con la intención adicional de conculcar la capacidad normativa de las CCAA que, como Madrid, orientan la política fiscal en sentido contrario al del gobierno central, es decir, a contener el gasto y bajar impuestos.
El gobierno ha optado por una determinada orientación de la política económica que se ha convertido en un riesgo para el futuro, porque no hay un plan para resolver el problema estructural del desequilibrio en nuestras cuentas públicas, porque la reforma laboral no parece que vaya a resolver el problema de la productividad y de la temporalidad que ocultará bajo otro tipo de contratos y la reforma del sistema de pensiones hasta ahora perjudica su sostenibilidad e incrementa el impacto sobre las cuentas públicas. Y a todo esto, la incertidumbre de la invasión y de la guerra que agravará los aspectos negativos que se ciernen sobre nuestra economía, unos que nos vienen dados y otros que se provocan por elegir una política equivocada.
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