El INE publicó este martes los datos de desempleo. El paro bajó en 782.000 personas, hasta 3,1 millones, lo que supone borrar la destrucción de empleo de la pandemia, al igual que ocurre con las altas de la Seguridad Social, crecieron en 780.000, hasta la cifra mágica de casi 20 millones, muy por encima de los 19,2 millones de febrero de 2020.
¿Por qué marcha tan bien la creación de empleo, si España es el patito feo de Europa? Su economía está entre las más rezagadas de la OCDE, junto a la de Grecia; el Producto Interior Bruto (PIB) pre-Covid no se recuperará hasta finales de año y la deuda y el déficit están entre los más altos del Viejo Continente. Algo no cuadra. Y más teniendo en cuenta que estamos en plena sexta ola, con una explosión de contagios y un incremento de la ocupación hospitalaria.
Como se suele decir, no es oro todo lo que reluce. Cuando se miran los datos de altas en la Seguridad Social, se ve que la mayoría de la creación de empleo corresponde a la hostelería, con 180.169 nuevos cotizantes, el 17,7 por ciento del total. Sin embargo, si comparamos con febrero de hace dos años, cuando arrancó la pandemia, las cotizaciones de este sector, tan importante para la economía, aún son inferiores en 45.619. Es decir, que la hostelería experimenta la misma evolución que la economía en general, su comportamiento obedece única y exclusivamente a la recuperación de gran parte de la actividad perdida por el Covid en los casi dos últimos años. No hay crecimiento nuevo, sino empeoramiento del empleo.
¿Dónde mejoran, entonces, las cotizaciones? En dos ámbitos, principalmente, en educación y en sanidad. Sobre todo, en este último. El ejercicio pasado se cerró con 1,75 millones de cotizantes en el sector sanitario, 149.000 más que antes de la pandemia. El otro ámbito que crece son las administraciones públicas, con 84.300 activos más. La prueba del algodón no engaña. Si sumamos sanitarios y administrativos, nos encontramos con que en España hay unos 233.000 nuevos empleados, esencialmente, en las administraciones públicas.
Sánchez saca pecho con el descenso del desempleo, como hicieron durante su presentación los secretarios de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, y de Seguridad Social y Pensiones, Israel Arroyo. Y, sin duda, no les falta razón. Pero se trata de un empleo a costa del bolsillo de todos los ciudadanos. Si acudimos de nuevo a la Seguridad Social, veremos que el incremento de cotizaciones durante el período del coronavirus creció en 506.236, es decir que casi la mitad (233.000) es empleo público.
Además, Funcas, el centro de estudios de las antiguas cajas de ahorro, considera que el empleo del sector privado está aún unas 100.000 personas por debajo del nivel pre-Covid, a los que habría que añadir 102.500 que aún permanecen en los Ertes, y una cifra un poco superior de autónomos por cese de actividad. En total, el empleo privado sería inferior en más de 300.000 personas. Así que no sé de qué presume el Gobierno.
Hay un hecho más grave, que ya denunciamos aquí la semana pasada, el 90 por ciento del nuevo empleo es temporal en sectores como el hostelero y el turismo, mientras que el empleo industrial sube muy ligeramente.
La reforma laboral, que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, presentó a bombo y platillo el día de los Santos Inocentes no ofrece ni una solución para el grave problema de la temporalidad, simplemente lo intenta encubrir. A partir de ahora se denominarán todos fijos discontinuos. ¡Y esto es reformar la economía!
Más bien se trata de una chapuza, que corre el riesgo de empeorar en el trámite parlamentario, debido a las exigencias nacionalistas de que los convenios autonómicos prevalezcan sobre los sectoriales.
Pero aquí no acaban los problemas para el nuevo año. El Consejo de Economistas, presidido por Valentí Pich, así como varios expertos consultados por este periódico, alertan de que la inflación se está convirtiendo en estructural, es decir, que buena parte de las subidas del gas o de la electricidad se está trasladando a los productos de consumo, sobre todo el sector alimentario y hostelero, así como a los bienes duraderos como la vivienda y el motor, de manera que las alzas perdurarán en el tiempo.
La prueba de que esto es así está en la inflación de diciembre. La tasa general alcanzó el 6,7 por ciento, el porcentaje más elevado en 40 años. Lo peor es que inflación subyacente, que no computa los productos energéticos y ni los alimentos sin elaborar, rebasó el 2 por ciento.
Si esta tendencia se confirma más allá del mes de abril, fecha en la que todos los gurús han puesto el pico de la inflación para este año, tenemos un problema, porque el BCE se verá obligado a acelerar la retirada de estímulos monetarios y la financiación se encarecerá de manera considerable y echará aún más el freno sobre la actividad. Uno de los países más perjudicados por un hipotético endurecimiento de la política monetaria sería España, con una deuda en el 120 por ciento del PIB. Y si no que pregunten a Zapatero por qué tuvo que recular de su política de gasto desenfrenado cuando la prima de riesgo se fue a las nubes.
El mismo pálpito, como habrán visto, tienen en Estados Unidos, donde la Reserva Federal ha comenzado a valorar un adelanto de la subida de los tipos de interés al próximo mes de marzo, porque los precios están desbocados y no tienen pinta de ceder.
Hasta en la Unión Europea han comenzado a tomar cartas en el asunto para intentar poner coto a la denominada inflación verde, es decir, aquella producida por la transición energética. La propuesta de reglamento que debatirá en las próximas semanas la Comisión para que el gas y la nuclear sean incluidas en la taxonomía de energías verdes o sostenibles, ha caído como una bomba en países como España, donde la vicepresidenta Teresa Ribera presume de abanderar un movimiento planetario sobre la transición ecológica, aunque no es capaz de ofrecer una solución para los precios de la luz.
El parque de nucleares se duplicará en los próximos años. Desde Francia a Polonia, pasando por la gran mayoría de los países del Este, además de India, China o Japón, son partidarios de prorrogar el estatus de la nuclear junto al gas, como energías limpias de transición. Ambas tienen una característica en común junto a su bajo nivel de contaminación, sus reducidos costes de producción energética.
La resistencia de algunos países, como el nuestro, reside en que la inclusión de estas dos energías permitirá que accedan a financiación barata tanto de los mercados financieros como bancaria, así como a los fondos europeos para la transición energética, en detrimento de otras fuentes renovables, como la solar, la fotovoltaica o el hidrogeno verde (una quimera que aún requerirá miles de millones de inversión para que sea competitivo). En el caso español, casi el 40 por ciento de los 70.000 millones de los Next Generation irá a financiar la transición ecológica.
La única manera que tiene Europa de alcanzar el compromiso de Fit for 55, (el 55 por ciento de las energías serán renovables en 2030), es abaratar el coste de la transición y el impacto en el bolsillo de los ciudadanos. Una propuesta razonable, que Sánchez debería repensar, si luego no quiere lamentarse de la subida de los precios al consumo. Sobre todo, teniendo en cuenta que ni la recuperación ni el empleo están consolidados.
PD.- Una de las noticias relevantes, que pasó casi desapercibida, fue la toma de control de Glovo, uno de los pocos unicornios españoles, por parte de la alemana Delivery Hero. Glovo exploró su salida a bolsa, donde hubiera entrado a formar parte del selectivo Ibex 35, con una capitalización superior a 2.000 millones. Sin embargo, lo descartó porque sus cuentas aún no salían. La startup española perdió cerca de 400 millones en los tres últimos años, pese a su creciente valoración en el mercado.
Pero los inversores españoles no estamos acostumbrados a poner dinero en empresas en pérdidas, al contrario que en Wall Street. En esta visión cortoplacista resida quizá una de las causas de la ausencia de grandes empresas de la nueva economía y también de la falta de vocación empresarial.
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