Con nocturnidad y en el último minuto del descuento el Gobierno dio su brazo a torcer y firmaba el acuerdo para la quinta prórroga de los ERTE, cediendo a la mayor parte de las condiciones planteadas por la CEOE. Una prórroga que costará 1.200 millones y que permite garantizar la viabilidad de las empresas, muchas de ellas en riesgo extremo de desaparición y permite la continuidad de miles de puestos de trabajo.
Sólo por esto el acuerdo es positivo, necesario y de justicia social. Pero desde la óptica del Gobierno las cesiones a las demandas de los empresarios tienen una segunda derivada, resultante de la necesidad perentoria del gobierno de cerrar el año con buenas cifras de reducción del paro, aunque sean tan falses como su anuncio del crecimiento de la economía en el segundo trimestre que cifraron en el 2,8 por ciento y el INE ha dejado en sólo el 1,1 por ciento, 1,7 puntos menos que desbarata las previsiones del Gobierno para este año y el que viene, además de exponernos a las iras de Bruselas.
El Gobierno ha cedido en las exoneraciones de cotizaciones que pagan los empresarios en ERTE por sus trabajadores, ha accedido a prorrogar las prestaciones a los autónomos en cese de actividad a lo que se oponía, ha claudicado en los plazos para mantener las condiciones de la prórroga anterior a todo el mes de octubre frente a sólo diez días que era su oferta inicial y hasta ha flexibilizado las exigencias de la formación que, como afirma el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, no vale sólo con la formación del Ministerio de Empleo que es una formación fracasada.
Un Antonio Garamendi que recibió el apoyo unánime de la Junta Directiva de la CEOE en su última reunión a su decisión de permanecer en la mesa de negociación social a pesar del "decretazo" de subida del salario mínimo, pero que ahora tiene pendiente de abordar esa contrarreforma laboral, que es la batalla esencial para los empresarios, y en la que se ha empecinado una vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, que será muy versada en Derecho pero que ha demostrado ser una perfecta indocumentada en lo que a la economía se refiere.
Pero es que el Gobierno es consciente de que unos malos datos de paro, junto a una inflación desbocada, la escalada imparable de los precios energéticos, la ralentización del crecimiento del PIB, las subidas de impuestos y los posibles ajustes y recortes exigidos por la Comisión Europea para enviar los dineros del Fondo de Reconstrucción, supondrían un torpedo en la línea de flotación de un Ejecutivo que basa todas sus aspiraciones de permanencia en la recuperación de la economía y del empleo.
Se trata, pues, de enmascarar las cifras reales del paro, porque con la prórroga acordada los 253.000 trabajadores en ERTE y los 200.000 autónomos en cese de actividad seguirán figurando como activos, al menos hasta el 28 de febrero, salvando así el cierre del año, aunque todos, y también en el Ministerio de Empleo, saben que la mayoría de este casi medio millón de trabajadores si no han vuelto ya a su puesto de trabajo es porque no van a volver.
Por cierto, que hablando de los fondos europeos, apenas 24 horas ha tardado el socialdemócrata Olaf Scholz en desvelar sus preferencias para formar el nuevo gobierno de Alemania. Una coalición con los verdes y con los liberales que, de concretarse, no sabemos si será positiva para Alemania, pero sí parece muy claro, a la vista de los programas y de los antecedentes, que sería una mala noticia para España, especialmente si el líder de los liberales Christian Lindner, ocupa la cartera de Finanzas, que es la condición necesaria que ha puesto para el pacto.
Lindner no ha ocultado nunca su intención de imponer a la Comisión Europea una vigilancia estricta y un examen riguroso sobre el cumplimiento de las reformas comprometidas por los países del sur para recibir los fondos europeos, lo que choca frontalmente con las intenciones de Pedro Sánchez en España que necesita de manera urgente e ineludible los dineros de Europa para intentar permanecer en La Moncloa, pero manteniendo al mismo tiempo un elevado gasto público para vender populismo y conservar el apoyo de sus socios de coalición, que no están por la labor de apoyar ajustes y recortes. Pues eso, éramos pocos y…
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