Hace semanas que se viene hablando de la subida imparable del precio de la luz, que ha alcanzado máximos históricos día tras día y ha disparado todas las alarmas en una sociedad que todavía no había superado un período de crisis histórico.
El encarecimiento sin freno de este bien básico se debe a los altos precios de los derechos de emisión de CO2 y a la subida del precio del gas natural. Los derechos de emisión se han disparado hasta superar los 54 euros por tonelada, cuando a principios de año cotizaban en torno a los 33 euros. Por su parte, el precio del gas natural supera ya los 43 euros por MWh, según datos del Mercado Ibérico del Gas (Mibgas). Y no hay razones para pensar que se pueda estabilizar en el corto plazo porque limitar la subida del gas en un mercado es una medida difícil de aplicar ya que no depende exclusivamente del Gobierno.
Para intentar mitigar ascenso de precio de forma inmediata, el Consejo de Ministros ha aprobado un plan de choque con el que, entre otras cosas, espera recuperar los 2.600 millones que las eléctricas han cobrado por "exceso" por el impacto del gas, y destinarlos a reducir las cargas de la factura. Obviamente las compañías eléctricas no están de acuerdo, y de hecho anuncian medidas legales y hasta amenazan con paralizar las centrales nucleares. Sea como sea, lo cierto es que de momento sus acciones han caído con fuerza en los mercados, con lo que se avecina inestabilidad en términos bursátiles. Y, además, tampoco está muy claro el impacto final que tendrá esta medida.
El mercado mayorista es donde los productores de electricidad casan sus ofertas para el día siguiente y fijan los precios para cada franja horaria. Sus precios impactan en casi un tercio de la factura que pagan los consumidores (el resto son impuestos y otras cuotas), particularmente en aquellos acogidos a la tarifa regulada (el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor o PVPC), unos 10 millones de hogares en España. Pero a la larga también impacta en las facturas de los 17 millones de consumidores del mercado libre, porque las ofertas que lanzan las operadoras también dependen de la evolución del mercado mayorista y de las previsiones futuras.
Otras medidas anunciadas por el gobierno eran esperadas y tendrán un impacto directo en la factura de los consumidores, como la rebaja del impuesto especial de la electricidad del 5,11% al 0.5% o la continuación de la suspensión del impuesto de la generación eléctrica que era del 7% (aunque no del total, como sucede con el IVA), o la aportación por parte del gobierno del dinero generado por el impuesto del CO2 durante todos estos meses, cerca de 2.000 millones de euros. Pero otras quedan en entredicho, y tendremos estar atentos a la evolución en las próximas semanas, tras las reclamaciones de las compañías energéticas; por ejemplo, la regulación del nivel de los embalses o las subastas de electricidad a comercializadoras independientes, ya aplicadas en el pasado, que no parece que vayan a tener un gran impacto a corto plazo.
En definitiva, toda medida que se proponga rebajar el precio final, si resulta efectiva, tendrá consecuencias positivas en los hogares y empresas. A final de año podremos valorar si la reducción prometida del 22% por el gobierno es una realidad y palía los efectos de esta escalada que ya es muy preocupante para muchos consumidores, que ven peligrar su economía doméstica, ya muy castigada por la pandemia.
