No puedo estar más que plenamente de acuerdo con el Presidente del Gobierno cuando enarbola esa bandera de la recuperación justa. La aplaudo y la defiendo. El problema puede estar en que tengo la impresión de que el concepto de justicia de Pedro Sánchez y el mío difieren sustancialmente, además de que él, primero en la oposición y luego en el Gobierno, ha demostrado que es poco de fiar y su palabra no merece ningún crédito.
Utiliza Sánchez este concepto de recuperación justa para intentar explicar que su gobierno hará una subida inmediata del salario mínimo interprofesional (SMI), ignorando el diálogo social y con las opiniones en contra de los empresarios, de los analistas y de las recomendaciones de la Comisión Europea.
Y es aquí donde empiezan mis desavenencias con el Presidente porque en un país con cuatro millones y medio de parados me pregunto: ¿qué es más justo, que aquellos que no tienen trabajo se incorporen al mundo laboral o que quienes ya trabajan ganen más? ¿No debería ser la creación de empleo la prioridad esencial de cualquier gobierno en estas circunstancias, por encima de los intereses electorales o de medidas populistas que, como ha demostrado el Banco de España provocaron las destrucción de 174.000 puestos de trabajo ahora hace dos años?
Por mucho que nos vendan los mensajes triunfalistas de Moncloa, los árboles de la reducción del paro en agosto no deben impedirnos ver el bosque de un mercado laboral con 3.333.915 desempleados en las cifras oficiales del paro registrado, pero a los que hay que sumar 272.190 trabajadores en ERTE sin apenas posibilidades de recuperar su puesto de trabajo, otros 251.371 trabajadores con disponibilidad limitada que no cuenta el Ministerio, y otros 222.376 autónomos en cese de actividad. En total 4.405.563 que suponen la segunda mayor tasa de desempleo de la UE, sólo por detrás de Grecia y la tasa de paro juvenil más alta de Europa.
Eso y que, si es verdad que el paro bajó un 2,42 por ciento el mes pasado, la recuperación del empleo se vio truncada sin embargo con la destrucción de 118.004 puestos de trabajo (110.339 del régimen general y 7.358 del régimen de autónomos). Además de que los datos siguen mostrando una fuerte dependencia del turismo y este año la campaña ha sido tardía lo que viene a explicar que las cifras del paro registrado haya sido mejor que en años precedentes.
En estas circunstancias el debate que deberían estar planteándose el Gobierno y los agentes sociales no es si hay que subir o no el salario mínimo. El debate es si es este el momento de subirlo. Sobre todo porque la recuperación no está consolidada, la subida de los precios de la electricidad y de los carburantes está aumentando exponencialmente los costes de producción de las empresas, con la inflación desbocada (3,3 por ciento en agosto, la mayor de los últimos diez años), y la competitividad exterior en retroceso, aumentar los costes laborales puede suponer que muchos empresarios tengan que despedir trabajadores para pagar más al que se queda y la puntilla para muchas pequeñas empresas y negocios asfixiados por unos precios sin control y una política fiscal esquilmativa.
"Nadie se va a quedar atrás. Este gobierno no dejará a nadie por el camino", dijo Pedro Sánchez allá por marzo de 2020. Hoy un año y medio después tenemos 268.111 parados más que 2019, antes de la crisis sanitaria, las ONG cifran en más de un millón las personas que sufren pobreza severa, más dos millones de pymes y 100.000 negocios de autónomos siguen sin percibir ayudas directas del Gobierno, las ejecuciones hipotecarias han subido un 20 por ciento y se han iniciado un 18 por ciento más de procedimientos por impagos de préstamos. ¿Es esta una recuperación justa?, Presidente.
Y ahora nos promete que cuando acabe 2021 habremos pagado por el recibo de la luz lo mismo que en 2018. ¡Qué Dios nos coja confesados!
Entidades
