Con la inflación subiendo si bien bajo control en Europa y algo desmelenada en Estados Unidos, que ha llegado al 5%, las dudas en torno a las políticas monetarias siguen aflorando. Vayamos por partes.
Tal y como se está conteniendo el virus, la reacción económica del segundo semestre de 2021 puede llegar a ser más fuerte de lo esperado por el tono que va tomando la demanda global y la efervescencia del consumo. Así que, si somos capaces de mantener las variantes del virus a raya, se anticipará a este año y a 2022 el gasto de los consumidores. Líderes políticos y empresariales insisten estos días en que la recuperación durante la segunda parte del año puede romper la barrera prevista del crecimiento del PIB, de España y otros países, y dejar atrás los pronósticos iniciales. Desde luego, la inmunización está calando y refuerza el tan necesitado aspecto psicológico de todos nosotros. ¿Quién nos iba a decir un año atrás que en junio de 2021 estaríamos como estamos? Es el placebo y también la efectividad de la vacunación.
Ahora bien, mayor demanda, precios arriba. Política monetaria ultraexpansiva, más dinero y visos inflacionarios. El crudo sigue subiendo al igual que las materias primas por el mayor consumo de los países productores y de China, con sus industrias funcionando a pleno rendimiento, que ha decidido reducir volúmenes de compras y reajustar stock para frenar alzas de los precios.
Para Christine Lagarde, presidenta del BCE, los ramalazos inflacionistas no tienen por qué preocupar al considerarse transitorios. Tras la euforia post Covid, las cosas se asentarán. Eso sí hay que prestar atención a la inflación subyacente, sin energía ni productos frescos, para calibrar si ésta se asienta en valores más o menos altos y, en tal caso, actuar.
Pero, de nuevo, surge en el contexto del BCE la propuesta de que convendría actualizar las condiciones del Pacto de Estabilidad, esas que establecen los límites del déficit público en el 3% y de la deuda pública en el 60% del PIB. Si para 2020 y 2021 y aún en 2022 esos límites fueron neutralizados, la evidencia cae por su propio peso. Aquellos buenos propósitos de antaño en torno a esos parámetros, cuando las cosas pintaban de manera pacífica y antes de que estallara la gran crisis derivada de la pandemia, hoy, debido a las vicisitudes, no son válidos.
En los países europeos y, en particular, en el marco de la zona euro, la deuda pública, a raíz de la crisis pandémica, galopa. Y algunos de los países que han dado ejemplo hasta ahora, en 2021 sus cuentas públicas han sufrido un revés considerable. De hecho, salvo Dinamarca, con un déficit público en 2021 del -1,1%, los restantes Estados de la Unión Europea han saldado con déficit superior al 3% del PIB el ejercicio 2021.
Y en lo concerniente a la deuda pública, de por sí moderada, esto es, dentro de los límites del Pacto de Estabilidad en muchos de los países europeos, al cierre de 2020 experimenta algún repunte, como en Alemania, que se sitúa en el 69,8%, en Austria en el 83,9%, en Finlandia en el 69,2%, aunque muchos Estados como Bulgaria, Chequia, Dinamarca, Eslovaquia, Estonia, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Rumanía y Suecia mantienen unos niveles de deuda muy controlados y, en algunos casos, en cotas muy bajas. Bélgica (114,1%), Chipre (118,2%), España (120%), Francia (115,7%, Grecia (205,6%), Italia (155,8%) y Portugal (133,6%) son, por orden alfabético, los reyes de la deuda pública en 2020.
No obstante, si el déficit público en la Unión Europea fue del 6,9% en 2020 y del 7,2% en la zona euro, el volumen de deuda pública alcanzó, respectivamente, el 90,7% y el 98%. Por ende, replantear los ratios de déficit y deuda respecto al PIB a tenor de la mochila con la que cargarán varios países, no parece que esté fuera de lugar en estos momentos, en el bien entendido que no debe interpretarse como una especie de barra libre sino adaptarse a las circunstancias vigentes.