El futuro siempre puede entenderse como un canto a la esperanza pensando firmemente en que todo irá mucho mejor. Sin embargo, el presente es el que es y en él estamos. Nuestra inquietante deuda pública sigue engordando a pasos agigantados, síntoma de que las cosas no funcionan y que nos adentramos en terrenos pantanosos de los que habrá que ver cómo y cuándo salimos.
Con un saldo al concluir el primer trimestre de 1.392.733 millones de euros, o sea, pisando la amenazadora línea de 1,4 billones, y colocando nuestra deuda en el 125,3% del PIB, la deuda se dispara a cifras de estruendo. De 2019 a marzo de 2021, acumulamos 203.913 millones más de deuda. Los buenos oficios de Madame Lagarde parchean nuestra situación financiera.
Pero conviene pensar en qué suerte correremos cuando se cierre el grifo de los estímulos monetarios y las compras anti-pandemia del Banco Central Europeo (BCE), allá por marzo de 2022, y España tenga que recurrir a los mercados financieros para que le presten dinero. Las condiciones, desde luego, no serán las mismas de ahora, con barra libre de liquidez, compras a gogó de nuestra deuda por parte del BCE, política financiera acomodaticia y, por supuesto, los tipos de interés en un momento dado dejarán de estar en los mínimos actuales. Endeudarse, por consiguiente, será más complicado por las garantías que se nos exigirán y más costoso por el precio del dinero, con el tapering en marcha, es decir, la retirada de los dadivosos estímulos monetarios.
Al propio tiempo, hemos de tomar conciencia de que en 2023 finalizará el período de neutralización fiscal de las condiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y de nuevo imperará la regla de que la deuda pública sea como máximo del 60% del PIB. Y obviamente, al dictado de las cifras que arroja nuestra deuda pública pasarán muchos años, decenios, para que ésta se reencauce por senderos prudenciales.
Además, cabe formular sendas consideraciones. Primera, que como no se encare una consolidación fiscal rigurosa en España, nos vamos a hacer puñetas, atrapados en las garras de la deuda. Súmese a ello la previsible evolución del déficit público de los próximos años y el cuadro clínico de nuestras finanzas públicas se tuerce. Y sin ánimo de que cunda el pánico, procede apuntar que el volumen de los pasivos en circulación del conjunto de nuestras Administraciones Públicas en 2020 ascendía a 1.980.209 millones de euros, 176,5% del PIB.
Segunda, al paso que vamos será muy difícil, como decimos, que en los próximos lustros o decenios España reduzca tamaña deuda, con lo cual tendremos un lastre para nuestra capacidad de crecimiento económico y dejaremos una herencia envenenada a las jóvenes generaciones. El futuro económico de nuestro país, por culpa de las desgarradoras cuentas públicas, está naciendo desfigurado. Por añadidura, la embarazosa posición de tan voluminosa deuda pública y del tremendo déficit convierten a España aún en más vulnerable ante eventualidades económicas que surjan.
