Los datos de paro registrado del mes de enero remarcan uno de los aspectos más dramáticos de la crisis, golpeando sobre el pilar que sostiene nuestro estado de bienestar. Junto al número de personas inscritas en los registros de desempleo, al de trabajadores en Erte o a los autónomos en cese de actividad, conviene tener presente la calidad del empleo mismo, que continúa en un proceso de decadencia.
Cuando hablamos de empleo y de su calidad, cobra especial relevancia la política industrial, capaz de crear empleo estable y con mejores condiciones salariales que el resto de los sectores. No podemos olvidar que la industria aporta a la economía un enorme valor añadido en términos de innovación y productividad; además, ocupa a más de 2'7 millones de personas en España y representa el 14% del total del empleo. Por ello, el desarrollo del sector industrial es una cuestión inaplazable debido al impacto que tendría en el mercado laboral con tasas de desempleo y precariedad insostenibles por más tiempo.
En este entorno es donde debemos inscribir la estrategia industrial europea para que las empresas de la Unión hagan su transición ecológica sin que su competitividad se resienta, propiciando la transformación de la industria hacia la neutralidad climática y el liderazgo digital. Con ese objetivo se concibe al Pacto Verde Europeo como la nueva estrategia de crecimiento en el que se impidan o mitiguen los efectos del cambio climático y las empresas e industrias europeas y, por tanto, españolas, ganen competitividad.
El desarrollo del sector industrial es inaplazable por su impacto en el mercado laboral
Lo que comenzó siendo solo un compromiso político, se ha convertido en una obligación jurídica en la propuesta de la Comisión de la Ley del Clima. En España, esa voluntad política se ha recogido en términos legales en el Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, sometido a discusión en estos momentos en las Cortes Generales.
Como era de esperar, la ley de Cambio Climático y Transición Energética no solo tiene una finalidad climática, sino también de transformación industrial. Para ello, debe hacer compatible la consecución de los objetivos medioambientales perseguidos, con el mantenimiento de la competitividad de la industria española. Sin embargo, en nuestra opinión, huye de varios elementos claves para conseguirlo.
En este sentido, la ley parte de una concepción equivocada en la que se equipara descarbonizar la economía con electrificarla, lo que implica no solo tener una visión sesgada de los acuerdos internacionales de carácter medioambiental suscritos por España, sino poner trabas al desarrollo de procesos industriales tecnológicamente avanzados que suponen eliminar CO2 de la atmósfera, sin que eso suponga electrificar. La electricidad es una parte de la solución, pero solo una parte, ya que en estos momentos no lo sería para la industria siderúrgica, las cementeras, la petroquímica, o las papeleras, el transporte por avión, por barco o para el transporte de mercancías utilizando vehículos pesados por carretera.
La solución a descarbonizar la economía no pasa únicamente por electrificarla
Por tanto, si no se acompasa adecuadamente la consecución de ambos objetivos, como por otra parte establecen los acuerdos internaciones suscritos, y pretendemos descarbonizar a cualquier precio, tendremos dos consecuencias que conviene medir. Por un lado, y ya es grave, limitaremos nuestro desarrollo industrial y el empleo de calidad asociado al mismo y, por otro, necesitaremos seguir importando los productos derivados de esos procesos industriales. Además, lo haremos de empresas situadas en países donde las exigencias medioambientales son mucho más laxas que las nuestras. Es decir, al final del proceso tendremos menos industria, menos empleo y más efecto invernadero.
Un ejemplo muy nítido de lo que estamos diciendo aparece al imponer que la medición de las emisiones de los vehículos se realice por las que se deriven de este directamente, en lugar de teniendo en cuenta las que se producen a lo largo de todo el proceso de fabricación del mismo y de sus componentes. De un vehículo movido por una batería eléctrica resultan emisiones cero, pero si se tienen presente que la batería se ha fabricado en un país donde las exigencias medioambientales son menores que las nuestras, el conjunto de emisiones no lo será. Podremos decir que nuestro parque automovilístico es, desde un punto de vista medioambiental, neutro, pero no será cierto, porque no tendremos en cuenta las emisiones derivadas de su proceso de fabricación.
Convertirnos en un país que elimine la emisión de gases de efecto invernadero no es un coste, es una oportunidad. El objetivo es descarbonizar, pero sin equivocar la ruta. Por eso, se hace preciso tener presente toda nuestra capacidad industrial y tecnológica sin ponerle trabas a su desarrollo, para garantizar una participación en el PIB de nuestro sector industrial de, al menos, el 20% y, lo que es más importante, su traducción en más empleo de calidad.
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