La evolución de la economía española durante los próximos meses dependerá de la distribución de la vacuna y de las ayudas europeas y ni una ni otra cosa van bien. Pese a que se han administrado el 80 por ciento de las vacunas recibidas, el ritmo necesitaría duplicarse para poder cumplir con el calendario y alcanzar la inmunidad de rebaño en verano, como prevé el ministro de Sanidad, Salvador Illa.
La actividad turística quedó reducida el año pasado del 12 a poco más del 4 por ciento del PIB. Una caída histórica próxima al 70 por ciento. El sector empieza a dar también por perdida la campaña de verano debido a la incertidumbre sobre las vacunas, lo que infligiría otro golpe mortal a la economía. La emisión de certificados de vacunación por parte de la UE para favorecer la movilidad continúa en las batuecas.
En el Ejecutivo, sin embargo, se quita hierro al asunto. Apelan a que el número se trabajadores en Expediente de Regulación de Empleo (Ertes) se mantiene en torno a 750.000. Su conclusión, por tanto, es que la crisis está estancada y aún es pronto para asegurar que vaya a peor. "El hecho de que estemos en invierno, que es una temporada baja para el turismo, está amortiguando el efecto de las restricciones horarias por el coronavirus", razonan en medios oficiales.
El Gobierno descarta poner en marcha nuevas ayudas hasta tener una foto fiel de la evaluación de la economía durante el último trimestre, como señaló la ministra de Industria, Reyes Maroto, en el Ágora celebrada por elEconomista. De momento, los esfuerzos adicionales se centran en prorrogar los Ertes hasta finales del Estado de alarma y punto.
Pero la realidad es tozuda. En España, doce autonomías presionan para adelantar el toque de queda y endurecer las restricciones con el cierre de actividades no esenciales. La tercera ola arrasará con otros 20.000 bares y restaurantes, según las estimaciones de la patronal del sector. Los cierres alcanzarán los 100.000 establecimientos.
La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, advirtió este jueves de una doble recesión en la UE por la aceleración que ha sufrido el crecimiento de la pandemia.
El Gobierno traslada la responsabilidad de no otorgar ayudas directas mediante el reparto de un cheque a los propietarios, como hacen Ángela Merkel en Alemania o Joe Biden en Estados Unidos, a las autonomías. Mientras éstas se resisten a repartir fondos adicionales a los que ya ofrecen.
En la Comunidad de Madrid, que este viernes endureció las medidas para la hostelería y el comercio, la propuesta del consejero de Economía, Manuel Giménez (Ciudadanos), de socorrer con mil millones a las pymes corre el riesgo de acabar en el cesto de los papeles, por la oposición de la consejería de Hacienda, que tutela Javier Fernández- Lasqetty (PP).
Cuando no hay riñas gubernamentales, las hay autonómicas ó locales. El perjudicado siempre es el mismo: la pequeña empresa.
Además, existe el temor de que las ayudas europeas se retrasen por culpa de las broncas internas en el Gobierno. La vicepresidenta Calviño envió la semana pasada un borrador a Bruselas con más de 170 reformas, entre las que figuraban la laboral y de pensiones. Dos de los requisitos exigidos por los 27 para desembolsar los fondos, junto con el impulso de la unidad de mercado y la lucha contra la temporalidad en el empleo.
El vicepresidente del euro, Valdis Dombrovskis, respondió que "el plan español necesita más trabajo". La vía de la negociación comienza ahora. pero a nadie se le escapa que Calviño tuvo que rebajar el tono de las reformas de pensiones y laboral por las presiones de Podemos.
El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, presumió de haber desactivado el plan para alargar de 25 a 35 años el cálculo de la base reguladora de las pensiones. Podemos confirmó que la propuesta había estado sobre la mesa hasta el último momento, después de que el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, lo negara.
Escrivá miente descaradamente, como lo hizo recientemente la titular de Hacienda, María Jesús Montero, con el recorte del IVA de la luz o de las mascarillas. elEconomista informó de la reunión de Escrivá con Paolo Gentiloni, comisario de Economía, en la que le presentó la propuesta.
En el ámbito laboral, la presión por parte de los sindicatos y de la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, amenaza con tumbar los aspectos esenciales de la reforma laboral. El borrador enviado a Bruselas recoge la prevalencia a los convenios colectivos sobre los de empresa o el restablecimiento de la ultractividad. Dos de los factores que estuvieron detrás de la última crisis, por favorecer subidas de sueldos en plena caída de la actividad.
El ministro de Consumo, Alberto Garzón, también torció el jueves el pulso al titular de Fomento, José Luis Ábalos. Introdujo un cambio legal para que no se pueda echar a los okupas cuando no hayan ejercido "violencia" para entrar en las casas. Una vuelta de tuerca sobre la normativa vigente, que ya ponía los pelos como escarpias a los fondos inmobiliarios. Afortunadamente, Ábalos limitó su vigor al estado de alarma, que debería concluir a finales de mayo.
Además, la concesión de ayudas a las pymes, el 90 por ciento del tejido productivo español, permanece en el limbo. El férreo control del fondo manejada por Moncloa apunta a que serán las grandes empresas las grades benefactoras y las encargadas de redistribuirlo después a sus proveedores, de tamaño más reducido, lo que diluirá el impulso esperado sobre la recuperación.
La primera reunión celebrada esta semana para concertar el reparto entre las autonomías acabó en una sonora bronca.
El reglamento del Fondo de Recuperación y Resiliencia prevé que su concesión se supervise por Bruselas cada seis meses. Y lo que es peor, puede ser interrumpido por la denuncia de un solo estado miembro en cualquier momento.
La presidencia semestral de la UE por parte de Portugal da tranquilidad al Gobierno español, ya que la relación con el primer ministro portugués, el socialista Antonio Costa, es óptima. Pero existe inquietud por el canciller que tome el relevo de Ángela Merkel después de los comicios de septiembre. Su sustituto al frente de la CSU, el centrista Armin Laschet, mantendrá una línea continuista, aunque se pone en duda que sea tan europeísta como Merkel.
Además, existe la incógnita de quién ocupará la cartera de Economía germana a partir de septiembre. Wolfgang Schaüble, el antecesor de Olaf Scholz, el actual titular de Finanzas, fue una auténtica pesadilla para la Eurozona. Su férrea oposición a otorgar fondos al Sur si no era a cambio de duras contraprestaciones provocó la intervención de Grecia y puso en serias dificultades la moneda única.
El espíritu calvinista acecha Europa de nuevo. Existe una razonable incertidumbre sobre la recuperación española después del duro golpe sufrido por el virus. Nuestro país se convirtió en el mayor receptor de fondos europeos, con cerca de 80.000 millones a fondo perdido, después de que su PIB registrara un descalabro cercano al 12 por ciento en 2020, el mayor de la eurozona.
El déficit público saltó por encima del 11 por ciento y la deuda se acerca al 120 por ciento del PIB. El Gobierno español tiene, de momento, suspendidos los objetivos del plan de estabilidad, gracias a la cláusula de escape activada por la pandemia. Pero el próximo año será restablecida y, entretanto, es necesario cumplir con los requisitos exigidos por la UE sobre las reformas.
Los retrasos en la vacunación amenazan con descarrilar la recuperación, como hemos visto, y las ayudas europeas pueden deparar sorpresas desagradables. Su desembolso no está asegurado, aseguran fuentes oficiales. Cuidado, que el panorama puede complicarse más de lo previsto.
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