Viene un gran rebrote. La afirmación es un secreto a voces entre los epidemiológicos y el personal médico, porque no se están respetando por una parte de la población las normas básicas para evitar los contagios, como el uso de mascarillas o la distancia de seguridad. El mejor ejemplo está en Cataluña, donde una buena mañana la consejera de Salud, Alba Vergès, aseguraba en una radio local que el foco de Lleida estaba bajo control y 24 horas después ordenaba el cierre de la comarca del Segriâ.
¿Qué ocurrió para que de un día a otro la opinión de la consejera cambiara de manera radical? El método de rastreo, contratado con Ferrovial, al que amenazó con echar, no detectó la extensión de la enfermedad entre los 50.000 temporeros, que en esta época acuden a recoger las cosechas.
Sin papeles, sin techo y sin apenas medios para subsistir, los inmigrantes acuden a sus tareas, aunque tengan síntomas y los empresarios agrícolas no se interesan por realizar los test. Un positivo implica poner en cuarentena a toda la cuadrilla a su alrededor.
El brote se extendió sin que se percatara el departamento de Salud de la Generalitat, que para colmo de males lleva más de dos meses sin secretario general, desde que a finales de mayo Joan Guix dejó su cargo.
El caso de la comarca ilerdense se repite en otras zonas de la geografía. En la actualidad hay casi 80 focos activos, pese a que con el calor la covid tenía dificultades para extenderse. Y lo peor está por llegar. Ahora la mayoría de los positivos son asintomáticos. Pero en otoño, la carga viral se incrementará.
Un estudio reciente señala que no se cumplen los requisitos de Sanidad sobre camas UCI ni reserva de material propuesta por el ministro Salvador Illa.
Los rebrotes tienen un efecto muy nocivo sobre la actividad económica. Los bares y restaurantes que abrieron están a medio gas. En muchos casos se plantean volver a cerrar por falta de clientes. Las reservas hoteleras siguen muy por debajo del umbral de rentabilidad, que suele ser el 40 por ciento de ocupación, al igual que los aeropuertos o las líneas aéreas. La nueva normalidad es más dura de lo que esperábamos.
El informe "Perspectivas del empleo en 2020", presentado esta semana por el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, advertía de que la tasa de paro si hay rebrotes podría alcanzar el 40 por ciento en Baleares y Canarias, donde casi la mitad de su PIB depende del turismo.
Asimismo, otro informe, el de verano de la Comisión Europea señalaba textualmente: "La recuperación en España se está produciendo con menor vigor de lo esperado. (...)los viajes internacionales se reactivan a menor velocidad de la prevista y la actividad industrial, aunque dependen de las cadenas de suministros, mejora despacio porque la demanda permanece floja".
En junio, apenas se crearon 5.000 empleos en un mes tradicionalmente bueno por el turismo. Casi dos millones de trabajadores, en su mayoría del sector servicios, permanecen en los Ertes. El dato de desempleo se camufla gracias a los expedientes de regulación de empleo, que conllevan la prohibición de despedir durante seis meses.
La OCDE alertaba de que "no tiene sentido de que los Ertes acaben alargando la vida de empresas zombies ó insolventes". ¿Qué ocurrirá cuando se levantan? Miles de empresas quebrarán y sus cientos de miles de empleados irán a la calle.
Algo similar ocurre en el mundo financiero. Los 100.000 millones en créditos ICO proporcionan a las empresas un falso colchón de seguridad, que desaparecerá a medida que se consuman estos créditos baratos. En la banca auguran una oleada de reestructuraciones a partir del último trimestre, así como un fuerte repunte de la tasa de mora.
En resumen, vivimos en una economía anestesiada, artificialmente sostenida por los instrumentos de liquidez proporcionados por el Estado y por el Banco Central Europeo (BCE). Estamos aplicando la lección que aprendimos de la última crisis; inundar de liquidez el sistema para amortiguar el golpe. La cuestión es cuánto tiempo será sostenible.
Países como Italia ó Alemania anunciaron rebajas de impuestos para animar la actividad. Ángela Merkel, siempre pendiente del termómetro económico, aprobó recortes de impuestos por 42.000 millones. Entre las medidas figura la ampliación de las bonificaciones a clases altas.
¿Qué hace el Gobierno de Pedro Sánchez? Primero ralentizó todo lo que puedo la salida de confinamiento, lo que produjo un hundimiento de la economía sin precedentes. En el segundo trimestre, la caída del PIB será próxima al 20 por ciento, según el Banco de España. Y ahora, amenaza con una subida de impuestos que atemoriza a los empresarios. En la entrevista a La Sexta la semana pasada se ratificó en la urgencia de subir el IRPF y Sociedades.
Somos el único país del Eurogrupo que tiene en marcha un incremento de los tributos, pese a que el Fondo Monetario Internacional (FMI) asegura que España será el más afectado por el coronavirus. Dos tercios del PIB depende del sector servicios y un tercio del empleo es temporal.
Como explicamos en este espacio la semana pasada, es comprensible que Holanda y los países de menor tamaño del euro (sobre todo, del Este) se aliaran contra la candidatura española. Nuestro país será el segundo mayor perceptor de recursos europeos pese a su falta de ortodoxia fiscal. Se han incumplido sistemáticamente todos los pactos sobre déficit con Bruselas, pese a que fueron rebajados en varias ocasiones. La política manirrota oficial jugó en contra de la candidata española. La propia Calviño guardó silencio frente a las declaraciones del presidente.
La pérdida del Eurogrupo tendrá consecuencias dentro y fuera de España. En los días que quedan hasta la cumbre del 17 y 18 de julio se abrirá una lucha encarnizada por convencer a los frugales para que no exijan reformas estructurales. El presidente cerró filas esta semana con el primer ministro italiano, Giuseppe Conte. Juntos visitarán Polonia y Holanda, para intentar atraerse a su primer ministro, Mark Rutte, uno de los halcones del euro. Auguro que la empresa tendrá un éxito escaso.
Existe un consenso en Europa de que no es el momento de emprender recortes de gastos extraordinarios, porque deprimiría aún más la economía, al igual que ocurre con los impuestos. Pero se ha comenzado a abrir el debate sobre cuando habrá que achicar los desequilibrios. Todo apunta a que el Pacto de Crecimiento y Estabilidad, que obliga a contener el déficit por debajo del 3 por ciento y que la deuda sea inferior al 60 por ciento del PIB se reactivará en 2022. A partir de esa fecha, serán inevitables los ajustes.
La presidencia del Eurogrupo hubiera ofrecido mayor capacidad de maniobra en la negociación. Su nuevo presidente, Paschal Donohoe, puso como prioridad nada más conocer su victoria, delimitar la posición que tendrán los miembros ante el reparto del fondo Next Generation. En Bruselas se bromea con el nombre, porque la próxima generación será su beneficiaria, pero también la que tendrá que sufragar sus costes. De los 750.000 millones, un tercio serán créditos, pero sobre el otro medio billón quedan por concretar los detalles.
El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, abrió fuego el viernes al proponer un mayor control sobre las reformas estructurales exigibles a cambio del reparto de fondo de reconstrucción para ganarse el apoyo de los más reticentes.
Lo peor es que la derrota de Calviño da riendas sueltas a la política suicida de Sánchez e Iglesias. El Gobierno español, influenciado por Iglesias, está dispuesto a amenazar con la indisciplina fiscal. Si Europa quiere extender su cheque a cambio de restricciones. "Si no nos hacen caso, nos vamos", se ha oído decir a algún dirigente de Moncloa, en un arrebato de valentía que recuerda a los últimos meses locos de Zapatero. Hasta que el BCE y la Comisión le enviaron una misiva en la que anunciaban que cortarían la línea de liquidez y se vio obligado a adoptar un paquete de ajuste fiscal en 2012 y a cambiar la Constitución para meter las cuentas en vereda por ley.
En estas circunstancias, la soledad de Sánchez será cada vez mayor. Es comprensible que desde el Partido Popular se asegure ya abiertamente que no apoyarán el Presupuesto para 2021 o que se niegan en redondo a cualquier pacto económico.
El vicepresidente tiene la complicidad del presidente para hacer lo que quiera. Esta semana se ha visto el sospechoso silencio de Sánchez frente al señalamiento a dedo de Iglesias a periodistas por sus posiciones críticas. Para tapar el escándalo del caso de Dina, ha optado por crear un revuelo mayor con ataques a la Prensa. "Hay que naturalizar que los periodistas con presencia pública estén sometidos a la crítica y al insulto", dijo. Lo inaudito es que el insulto proceda de todo un vicepresidente. La siguiente campaña será contra la Monarquía, aprovechando los fondos opacos recibidos por Don Juan Carlos.
El líder podemita quiere implantar la democracia verdadera, que consiste en la falta de libertad de expresión y en la socialización de los medios de producción. Como en Venezuela, donde el 70 por ciento de la población vive en la pobreza extrema. Su lema es "cuanto peor vaya la economía, mejor me irá a mi" por los miles de ciudadanos que entrarán en la pobreza como potenciales votantes. Esta semana, propuso nacionalizar a dos millones de inmigrantes para luego otorgarles el ingreso mínimo vital. Con una economía en bancarrota y una política a contracorriente, el resultado puede ser desastroso. Lo peor es que a partir de ahora las políticas de Iglesias ganarán por KO a las del Calviño.
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