Dudo que el Gobierno tenga interés por las empresas (por lo menos, parte del Gobierno). Si no teníamos ya suficientes incertidumbre con el coronavirus, la guía laboral difundida el miércoles por la titular de Trabajo, la sindicalista Yolanda Díaz, se refería directamente a la posibilidad de cerrar empresas por la epidemia.
Una alarma innecesaria en un país donde la tasa de paro estructural ronda el 12 por ciento, el doble de Europa y, en el que sólo crean empleo las administraciones públicas. La guía de trabajo sugería el cierre de una empresa cuando exista un riesgo "grave e inminente" de contagio. La titular de Trabajo dejaba la decisión en manos de los trabajadores, que la podrían tomar de manera asamblearia.
Naturalmente, las asociaciones empresariales pusieron de inmediato el grito en el cielo, porque debe ser la inspección de Trabajo, tras la consulta con Sanidad, la que evalúa el riesgo para el trabajador en lugar de o éste, que no dispone de medios.
La guía terminó, afortunadamente, en el cubo de la basura después de que Moncloa aclarara que las instrucciones a las empresas las debe de dar el Ministerio de Sanidad, que dirige el socialista Salvador Illa.
Díaz ya tuvo problemas con Nadia Calviño al anunciar, en su primera rueda de prensa, que la reforma laboral iba a ser derogada por completo. La vicepresidenta tuvo que salir a matizar de que sería revocada sólo en los aspectos más lesivos.
Escrivá salió del armario con un alza de cotizaciones y el castigo a los planes de pensiones
También intentó pasar por encima del ministro de Agricultura, Luis Planas, cuando dejó a los sindicatos del campo ASAJA, Coag y UPA fuera de la negociación para reducir las peonadas del PER. Díaz no quería que saliera en la foto los patronos del campo, esa "derecha terrateniente y carca" en palabras del secretario general de UGT, Pepe Álvarez. Los sustituyó por su colega, el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, con quien consulta todas sus decisiones.
Lo más inquietante es su tendencia a tomar decisiones sin tener en cuenta a las organizaciones empresariales, en contra de las las promesas del propio Sánchez a éstas. Ni en la derogación de la reforma laboral, ni en las negociaciones con el campo, ni en la guía para empresas víctimas del coronavirus se pidió opinión a los empresarios. Para más Inri, suprimió la legislación que permitía despedir a los absentistas por decreto-ley y sin importarle las consecuencias.
Para ser la ministra del diálogo social, su talante es más bien de ordeno y mando. Esta es la consecuencia de un Ejecutivo con 22 ministerios, que fragmentan las competencias entre ellos y hacen ingobernable un país como España, ya muy complejo.
China, Estados Unidos ó Italia apoyan a empresas infectadas.. Pero en España, no
Las fricciones con Podemos también se produjeron esta semana entre la titular de Igualdad, Irene Montero, y el ministro de Justicia, Jose Carlos Campo, a quien el consorte de Montero tachó de "machista frustrado".
¡Vaya tropa! De los ministros de Podemos se puede esperarse cualquier cosa. Pero qué me dicen de Escrivá, un ministro de talante liberal, que esta semana salió del armario con un aumento de las bases de cotizaciones máximas por segundo año consecutivo. No conforme con ello, el titular de Seguridad Social esbozó un plan para quitar los incentivos a los planes de pensiones personales, que según reconoció son suscritos por las personas con mayor poder adquisitivo.
La inesperada muestra de populismo de Escrivá se atribuye por parte de personas cercanas a sus deseos a hacer méritos ante Sánchez y a su ambición por erigirse en un recambio para la vicepresidenta tercera y ministra de Economía, cuando se marche a Bruselas.
La caza al empresario-directivo está de moda, Primero fueron los impuestos a las clases altas, luego el intento de reinstaurar Patrimonio, donaciones y sucesiones y ahora las cotizaciones sociales. Amén de la guía de Díaz para cerrar empresas infectadas, acabar con la reforma laboral o encarecer el empleo mediante el alza de cotizaciones.
¿Donde está el plan del Gobierno para crear empleo o combatir la desaceleración? Nadie ha salido a explicar de dónde van a salir los 8.000 millones que pide Bruselas a España. El frenazo de la economía parece seguro después de que las empresas hayan puesto en marcha planes exprés para contener la extensión del coronavirus.
En medio de las broncas ministeriales, el panorama se complica. El Banco Central Europeo (BCE) no tiene ya margen para bajar los tipos de interés. El mercado baraja un retroceso de entre 10 ó 20 centésimas, que tendría un efecto insignificante.
La Reserva Federal redujo en medio punto, hasta el 1 ó 1,25 por ciento su tasa de interés esta semana. Pero Wall Street respondió con un desplome bursátil. Al contrario que en la crisis de 2008, la rebaja del precio del dinero esta vez no servirá para estimular la demanda. Los titubeos del G-7 sobre las medidas a seguir con claridad, tampoco ayudaron.
El cierre de colegios ó de universidades, unido al constante machaqueo informativo sobre la extensión del virus despierta el miedo entre la población a perder su empleo.
En estas circunstancias, los individuos aplazamos nuestras decisiones de compra y bajamos el consumo, lo que puede provocar una seria crisis económica. Por eso se derrumban los mercados financieros.
El presidente Trump aludió esta semana a una posible bajada de impuestos, que luego fue desmentida por el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin. Washington anunció en su lugar un presupuesto extraordinario de 8.5000 millones de dólares, que incluye un paquete fiscal para pequeñas y medianas empresas, asó como ayudas a personas que dejen de percibir su salario porque tengan que cumplir una cuarentena por el virus o se queden directamente sin empleo.
Un plan parecido al de Hong Kong, que entró ya en recesión, donde el Gobierno ofrece 1.200 euros a los ciudadanos. El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, acaba de duplicar hasta los 7.500 millones su plan, que contempla ayudas fiscales para las empresas que tengan una caída en ingreso del 25 por ciento. Los italianos ya disponen de alrededor de 500 euros como complemento por el cese de actividades.
La presienta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, sugirió esta semana una flexibilización de las reglas del déficit para los paíes miembros. En España se echa en falta un plan de la vicepresidenta Calviño para combatir las secuelas económicas del coronavirus. Obviamente, no lo hace porque con un gasto disparado, un déficit de 2019 que el Gobierno no se atreve a publicar, y un Gabinete ministerial a la greña, es difícil trazar cualquier programa.
Los afectados por la enfermedad se multiplicarán en las próximas semanas antes de lograr la contención de la enfermedad. Urge un plan fiscal ya, más allá de la coordinación sanitaria.
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