El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, fue el primero en poner el grito en el cielo por los retrasos en los anticipos a cuenta en la liquidación del IVA por parte del Estado. La cifra para el total de las 17 Comunidades Autónomas baila entre los 9.000 millones calculados por Aragonès y los 7.500 millones del resto. La diferencia está en unas cesiones sobre el IVA que estaban recogidas en el proyecto de Presupuestos de 2019 y que nunca llegaron a aprobarse.
El vicepresidente catalán fue el primero en politizar el conflicto al anunciar en el Parlament que presentaría una demanda contra el Estado. El resto de autonomías comenzaron a echar sus números y se dieron cuenta rápidamente, de que si el Estado no se pone al día en sus anticipos, tendrán problemas para sufragar servicios básicos como los de la Educación o la Sanidad, como advirtió el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín.
Todos los partidos de la oposición (PP, Ciudadanos y Podemos) salieron en tromba a criticar a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por cerrar el grifo de la financiación autonómica de manera precipitada. Parece que Montero se guió por una recomendación verbal de la Abogacía del Estado, que recibió oficialmente después de tomar su decisión.
La ministra alega que la comunicación verbal tiene, en estas ocasiones, la misma validez que la escrita. Con la provisionalidad del Gobierno y los tambores de elecciones sonando, todas las fuerzas políticas, con excepción del PNV, se abalanzaron contra la ministra de Hacienda, culpándola de los retrasos. Algo que no está claro.
El informe de la Abogacía del Estado, basándose en la ley del Gobierno de 1977 y en la abundante jurisprudencia del Tribunal Supremo, señala que "excede de las funciones de un Gobierno en funciones" aprobar los Presupuestos, o "la revisión de las entregas a cuenta de las autonomías" por su importantes trascendencia "cuantitativa y cualitativa".
Es cierto que la Abogacía emitió el informe después de que Montero vetara la financiación, pero adelantó a ésta su contenido, como explicó la ministra.
PP y Ciudadanos piden al Gobierno un decreto ley para tumbar la regla, como ya hizo Mariano Rajoy en 2016, cuando estaba también en funciones, alegando una "urgencia debidamente acreditada por razones de interés general". La diferencia es que entonces el Presupuesto estaba en vigor y ahora está prorrogado y, como se sabe, son los ingresos tributarios previstos en las Cuentas Generales del Estado los usados para calcular los adelantos autonómicos.
"Uno de los que está en pie de guerra es el manirroto presidente valenciano, Ximo Puig"
¿Utiliza el PSOE a la Abogacía para castigar a las autonomías, como denuncia la oposición? Es una hipótesis plausible ante la proximidad de las elecciones, si en septiembre no hay acuerdo con Podemos. Pero la mayoría de los Ejecutivos autónomicos en dificultades son socialistas y Pedro Sánchez necesita el apoyo de los partidos catalanes para su investidura.
Uno de los que está en pie de guerra es el manirroto presidente valenciano, Ximo Puig, al que Sánchez y el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, prometieron hace unas semanas cambiar el modelo de financiación autonómica para atender sus necesidades.
Resulta sorprendente que se proponga ahora utilizar un decreto ley para cambiar una norma, cuando se ha criticado tanto esta modalidad. La Abogacía del Estado es contundente al indicar que los adelantos de la financiación "condicionarían al nuevo Gobierno, afectando a las funciones de política interior y exterior que le atribuye la Constitución".
Es inaudito que se exija una solución tan criticada como un decreto-ley a un Gobierno interino
La legislación en vigor intenta evitar así que un presidente aproveche su interinidad para hacer un reparto de fondos indiscriminado, que deje como herencia al siguiente. Creo que es algo que deberíamos defender todos.
Por último, Podemos sugiere que sea el Congreso el que cambie la legislación. Eso sería correcto pero lleva su tiempo. PP y Ciudadanos piden que se convoque al Consejo de Política Fiscal y Financiera para que aborde el asunto. Eso estaría muy bien, porque Sánchez que criticó a Rajoy por desatender a las autonomías, ahora hace lo mismo en el poder. Pero tampoco serviría mucho para cambiar las cosas, solo para crear mayor ruido político.
La ministra de Hacienda promete buscar una fórmula para entregar los fondos antes de fin de año. Las autonomías deberían empezar por restringir sus gastos para lo que queda de ejercicio, como ha hecho el Gobierno de la Generalitat, que cerró el Presupuesto a comienzos de agosto.
El resultado más probable es que acaben endeudándose más de forma temporal y saltándose el límite de déficit del 0,3%. Sobre todo, teniendo en cuenta que quien paga la cuenta es el Estado, en la mayoría de los casos. Por supuesto, se exponen a sufrir sendas amonestaciones de Hacienda y de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.
El mayor inconveniente está en que gran parte de estos retrasos se trasladará a los proveedores, empresas pequeñas y medianas, en su mayoría, que suministran sus bienes, como ya ocurrió en la crisis de 2008. Entonces se llegó a un colapso de la Administración. Las empresas, en un momento de desaceleración económica, sufrirán un golpe que frenará el empleo y mermara su actividad de manera peligrosa, que habría que tratar de evitar a toda costa.
PD.-El golpe del primer ministro británico, Boris Johnson, para limitar el margen de actuación del Parlamento suspendiendo sus debates durante más de un mes, trae en vilo a la comunidad internacional, después de que los frentes abiertos en el Gobierno italiano y en la guerra comercial comienzan a solventarse.
Johnson, al estilo de Oliver Cromwell, quien acabó con décadas de monarquia británica, quiere romper con el cordón umbilical con Europa o forzar a ésta a rebajarse. El problema es que corre el riesgo de provocar un rechazo masivo de la población y de reunir las fuerzas dispersas de la oposición en su contra. Y en última instancia, con Brexit duro o sin él, tendrá que someterse de inmediato a unas elecciones parlamentarias. Esta vez, parece que no tiene suficiente con la manipulación de los datos de los votantes, que en el último referéndum logró de manera alegal a través de Cambridge Analytica y de Facebook.
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