Un "atropello constitucional". Digno de "una dictadura". Los diputados contrarios a la suspensión del Parlamento ordenada por el primer ministro, Boris Johnson, y aprobada por la reina Isabel II, no escatimaron en críticas al movimiento que busca frenar cualquier intento de evitar un Brexit sin acuerdo. Con los expertos declarando el inicio de una crisis constitucional, todas las miradas están puestas en los movimientos para frenar este acto, cuyo precedente más inmediato llevó a una guerra civil y acabó con la decapitación del rey Carlos I por alta traición en 1649.
El líder de la oposición, Jeremy Corbyn, pidió de inmediato una reunión con la reina para pedirle que reconsidere la sanción de la orden. A continuación, anunció que pondrá sobre la mesa una propuesta de ley para detener la suspensión -que podría aprobarse de emergencia en la semana de sesiones que queda antes del cierre de Westminster durante un mes-, ofreció plantear una moción de censura y prometió apoyar "cualquier proyecto" que detenga "el atraco a la democracia parlamentaria" cometido por el primer ministro.
A eso se sumaron las líderes del Partido Liberal-Demócrata y Cambiemos Reino Unido, Jo Swinson y Anna Soubry, respectivamente, que pidieron un encuentro inmediato con la reina. Swinson presentó una moción de censura, aunque no tendrá validez salvo que la apoye Corbyn.
Rebelión parlamentaria
Más importante es la reacción del presidente del Parlamento, John Bercow, cuya participación es necesaria en el acto de suspensión de la Cámara de los Comunes. Bercow, exdiputado conservador, tachó el movimiento de "atropello constitucional" y "una ofensa contra el proceso democrático y los derechos de los parlamentarios".
Precisamente el lunes, los líderes de los principales partidos de la oposición firmaron un documento prometiendo seguir con las sesiones parlamentarias igualmente aunque Johnson ordenara la suspensión. El diputado laborista Clive Lewis advirtió que "la policía tendrá que echarnos a rastras" de Westminster. Con el presidente de su lado negándose a aceptar la decisión, la crisis estaría servida.
El que fuera vice primer ministro de Margaret Thatcher, Michael Heseltine, acusó a Johnson de "tener miedo a la democracia"
Desde Escocia, la primera ministra del estado norteño, Nicola Sturgeon, dijo que el acto era "absolutamente escandaloso" y emplazó a los diputados a detener a Johnson en la semana antes de la suspensión, antes de que "instaure una dictadura". "Hoy pasará a la historia como el día en que la democracia británica murió", sentenció la líder nacionalista.
Desde las filas conservadoras también surgieron voces en contra del movimiento. El exministro de Hacienda Philip Hammond lo tachó de "profundamente antidemocrático". El ex de Justicia, David Gauke, denunció el "peligroso precedente". Los diputados Sam Gymah y Rory Stewart, del ala más centrista, anunciaron que trabajarían con la oposición para detener el movimiento. Y el que fuera vice primer ministro de Margaret Thatcher, Michael Heseltine, acusó a Johnson de "tener miedo a la democracia" y pidió a los diputados que "tras sentir esta humillación, usen todas las armas constitucionales a su disposición" para mantener el Parlamento abierto.
Por el lado judicial, la portavoz laborista de Justicia, Shami Chakrabarti, dijo que no descartaba ir a los tribunales a exigir la suspensión de la orden. En el mismo sentido, el ex primer ministro 'Tory' John Major anunció que estudiaría sumarse a movimientos judiciales. Adelantándose que ellos, el jurista Jolyon Maugham, que ya apeló contra distintos movimientos del Gobierno de Theresa May, ya ha presentado un recurso.
Todo esto en un día en el que se han convocado manifestaciones contra la decisión de Johnson por todo el país. Una encuesta de urgencia de la firma YouGov mostró que un 47% de los ciudadanos británicos, entre ellos un 25% de los que votaron por el Brexit, están en contra del movimiento, frente a un 27% que respalda la suspensión del Parlamento.
Johnson ha destapado la caja de los truenos en nombre del pueblo: echar a los representantes surgidos de las elecciones democráticas de 2017 para aplicar el resultado del referéndum democrático de 2016 a cualquier precio. Y, después de todo, Johnson deberá someterse a una moción de confianza en la reapertura de la Cámara a mediados de octubre. Todo está en el aire. La crisis de 2019 puede pasar a la historia.
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