La intencionada ambigüedad de Boris Johnson en torno a si se atrevería a suspender el Parlamento para forzar sus planes para el Brexit finalmente ha cobrado sentido. El primer ministro británico echará el cerrojo al Palacio de Westminster la segunda semana de septiembre y lo mantendrá sellado hasta el 14 de octubre, lo que limita extremadamente el margen de maniobra para impedir el divorcio abrupto al que teóricamente se opone la mayoría de los diputados.
Esta misma jornada, Johnson ha solicitado el permiso de la Reina Isabel II, la única con potestad para autorizar o vetar la maniobra, provocando inmediatamente una tormenta de acusaciones de "escándalo constitucional" en la plana mayor de la política británica, incluyendo al presidente de la Cámara de los Comunes, quien ha prometido dar la batalla.
La soberana británica ha aprobado la solicitud, actuando en base al asesoramiento de su Gobierno. Haberse negado habría abierto una crisis sin antecedentes y la arrastraría a una arena política que había logrado evitar en sus 66 años de reinado.
La oposición, por tanto, queda exclusivamente en manos de Parlamento y, paradójicamente, el ardid del premier semeja haber supuesto un forzoso acicate para envalentonar al contingente que rechaza una ruptura abrupta, el mismo que parecía necesitado de un revulsivo para reconducir la falta de unidad que había impedido la formación de un frente común y, como consecuencia, que había dado alas a las ínfulas de Johnson.
Este, sin embargo, cree haber dejado los cabos bien atados para evitar un desafío en los tribunales e, incluso, para neutralizar cualquier intento de convocar un legislativo alternativo en las inmediaciones de Westminster. El subterfugio oficial de Johnson es, a priori, incuestionable: tras uno de los períodos de sesiones más prolongados de la historia moderna, no está dispuesto a esperar al 31 de octubre, plazo formal para la salida de la Unión Europea, para poner a andar la tan urgente agenda doméstica.
Por ello, ha fijado para el 14 de octubre el denominado Discurso de la Reina, es decir, el paquete de medidas legislativas para el año entrante que, formalmente, supone la apertura oficial de un nuevo período en el Parlamento. Y es ahí, precisamente, donde descansa la astucia de su movimiento, ya que tradicionalmente este discurso está precedido por un cierre de Westminster durante días. Como consecuencia, resulta enormemente difícil, aunque no imposible, que un juez pueda imputar una decisión basada en una convención irrefutable de un sistema como el británico, que en lugar de contar con una constitución escrita se fundamenta en el precedente.
Adicionalmente, la artimaña se ve favorecida por el receso parlamentario que, en cualquier caso, estaba previsto a partir del 14 de septiembre con motivo de la temporada de congresos de los partidos. Cada año, la Cámara de los Comunes regresa del parón estival un par de semanas, a las que sigue una nueva interrupción para otorgar a las formaciones políticas margen para sus reuniones anuales. Este 2019, no obstante, amenazaba con constituir una excepción, ya que, ante la inminencia del Brexit, los diputados que se oponen a abandonar la UE sin acuerdo preveían forzar la cancelación del receso.
La intervención de Johnson, por tanto, podría acelerar movimientos. Ayer mismo, los grupos de la oposición habían apostado por la vía legislativa, en lugar de la moción de censura, como receta contra un divorcio no pactado. La beligerancia del premier podría, por tanto, reordenar sus prioridades, si bien siguen careciendo de garantías: de perder un potencial voto de no confianza, Johnson solo tendría que permanecer en el Número 10 los 14 días hábiles que establece la ley y convocar unas generales una vez superado el 31 de octubre, garantizando así el Brexit cuando había prometido.
El riesgo de esta estrategia es que amenaza con subestimar al colectivo contrario a una ruptura a las bravas, que podría sorprender con la formación de una mayoría suficiente para desalojar al actual primer ministro y poner en Downing Street a un mandatario temporal para solicitar un retraso de la salida y, a continuación, comandar nuevas elecciones.
