El vicepresidente de la Generalitat de Cataluña y conseller de Economía, Pere Aragonès, ha anunciado este miércoles que llevarán al Gobierno central a los tribunales por el impago de 874 millones de euros correspondientes a los adelantos de 2019 y ha lanzado al resto de Comunidades Autónomas el guante para que se sumen a la causa.
El anuncio lo ha hecho al inicio de su comparecencia parlamentaria donde ha dado cuenta del cierre de caja de la Generalitat a primeros de agosto y del recorte del 6% del gasto de empresas públicas. Aragonès ha matizado que llevarán al Gobierno a los tribunales por los adelantos de 2019, "que son nuestros, de los ciudadanos de Cataluña y que están reteniendo de forma irregular a nuestro juicio".
A falta de que el Govern autorice el movimiento una vez se reúna el consejo ejecutivo el próximo martes, la queja se traducirá en un recurso contencioso-administrativo por incumplimiento de la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas en plena interinidad y con los presupuestos prorrogados desde 2018.
Así, Aragonès ha aprovechado para animar al resto de Comunidades a sumarse al recurso: "Si hace falta, la demanda pueda ser compartida, estamos a su disposición, pero actuaremos con la máxima celeridad".
Según ha estimado, el Gobierno central tiene retenidos 1.317 millones de euros de Cataluña: los casi 900 de la liquidación del sistema de financiación y 443 correspondientes a la liquidación del IVA de 2017.
Confrontación directa
Aragonès ha defendido que "no se trata de una limosna" sino que la ley les ampara y ha acusado al Ejecutivo de beneficiarse de miles de millones de euros que corresponden a las Comunidades como consecuencia de no haber sacado adelante la Ley de Presupuestos en 2019.
Sobre las entregas a cuenta de las Comunidades se pronunció la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, al anunciar una idea de la Abogacía del Estado para que dejen de depender de los Presupuestos Generales del Estado: un decreto ley.
De momento, mientras las partidas las marcan los presupuestos prorrogados de Mariano Rajoy de 2018, las intenciones de Quim Torra materializan la confrontación que busca con Sánchez pero también con el otro bando independentista desde el que Oriol Junqueras apuesta por menos enfrentamiento.
