El gas. La luz. La seguridad. O las telecomunicaciones. La pandemia y los dos conflictos geopolíticos actuales que amenazan de algún modo a Europa han encumbrado a estos sectores como estratégicos para algunos estados. Una de las maniobras de los Gobiernos ha sido entrar o aumentar la participación en empresas privadas para evitar que llegue capital extranjero con poder de mando, que incluso las compren a través de ofertas públicas (opas) o que puedan quebrar. Esta respuesta supone una marcha atrás en el proceso de privatizaciones que algunos países habían llevado a cabo en las últimas décadas, entre los que España estaba más adelantado.
Alemania, Francia e Italia aún tienen un elevado peso en compañías cotizadas, que incluso se ha incrementado en los últimos años con operaciones de calado. Las participaciones de estos países, de media, triplican el valor de mercado de las que tiene España. Portugal es un caso aparte, ya que su bolsa tiene una presencia pública muy residual.
España también podría desandar el camino hecho. Uno de los brazos inversores del Gobierno español, la Sepi, ha reconocido que está explorando tomar un paquete de acciones de Telefónica. Todo después de que el Estado saudí, a través de Saudi Telecom, haya aterrizado en la teleco española con un 4,9% y que valorase la opción de subir al 9,9%. Si el Estado entra vía Sepi, o de cualquier otra forma que le dé derechos como accionista, regresaría tras concluir en 1999 su privatización total.
Fue en esa década en la que España se desprendió de grandes firmas como Telefónica, Repsol, Endesa o la antigua Iberia (ahora IAG) sacándolas a bolsa en operaciones en las que daba entrada a los inversores particulares y con las que se cimentó el mercado de renta variable español. Según datos de la Sepi, desde 1985 se han vendido más de 120 compañías con participación pública, casi 30 mediante salidas a bolsa en las que en 20 hubo un tramo minorista.
El de Telefónica no es el único caso reciente en Europa en el sector. En Italia, el Gobierno de Giorgia Meloni acordaba en agosto con el fondo KKR hacerse con un 20% del negocio de redes de Telecom Italia (Netco). Aunque uno de los casos más polémicos está en otra industria clave en Francia, con la compra de EDF. La República presidida por Emmanuel Macron, que previamente quería impulsar la venta de participaciones, ha nacionalizado a la mayor eléctrica del país, retirándola de bolsa.
Energía y 'utilities'
Los más de 100.000 millones de euros que Alemania atesora en cotizadas del país se alcanzaron el año pasado, cuando la cifra engordó brutalmente. El Gobierno alemán nacionalizó en 2022 al gigante del gas Uniper para evitar el colapso del sector energético del país tras el inicio de la guerra en Ucrania que derivó en un alza de los precios del gas y la restricción de suministros a Europa por parte de Rusia. Alemania tiene prácticamente la totalidad del capital, valorado en más de 40.000 millones.
En Francia, la antigua Gaz de France (ahora Engie) se privatizó en 2004, pero un 23,6% aún está en manos públicas. Mientras, en Italia, Enel tiene como principal accionista al Estado. La empresa, que controla un 70% de Endesa, es la mayor inversión del Gobierno italiano, y este no se queda de brazos cruzados. Este año ha cambiado la cúpula de Enel, que marcará también el futuro de la española. Italia también tiene peso relevante en Eni (27,7%), a través del banco de desarrollo Cassa Depositi e Prestiti. Para Portugal, Galp es una de sus pocas participaciones. Y España mantiene presencia en Redeia (20%) y en Enagás (5%).
Telecomunicaciones
Más allá de la energía, uno de los sectores clave para algunos países es precisamente el de las telecomunicaciones, del que no han querido retirarse del todo. Alemania mantiene una participación del 30% en Deutsche Telekom, valorada en 32.700 millones, que articula de forma directa y a través del banco público de desarrollo Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).
Aunque Francia e Italia también tienen todavía peso en sus grandes telecos, los porcentajes son menos significativos que en el caso alemán. El Estado francés tiene un 13,39% en Orange, equivalente a unos 4.000 millones, que lo convierte, eso sí, en el principal accionista de la compañía. Italia, por su parte, controla un 9,81% en Telecom Italia (a través de Cassa Depositi e Prestiti), siendo el segundo accionista por detrás de Vivendi (23,75%), según datos de Bloomberg.
En cambio, Nos, el mayor grupo cotizado de telecomunicaciones portugués y en manos del holding Sonae, no tienen ninguna participación estatal. Es la política que mantiene también Reino Unido, por ejemplo, que no está presente en otras de las grandes europeas de la industria: Vodafone y BT.
Defensa y seguridad
En momentos como el actual en los que los conflictos bélicos sacuden muchas partes del mundo y amenazan con tambalear el tablero geopolítico, el sector de defensa refuerza su posición estratégica para los estados. Una de las historias más peculiares es la de la neerlandesa Airbus. Son pocos los grupos europeos de tal tamaño que se han orquestado como grandes fusiones transfronterizas. La antigua EADS se configuró con tres grandes empresas de Francia (Aérospatiale-Matra), Alemania (DASA) y España (CASA). Y estos tres países mantienen a día de hoy una participación similar (de en torno al 10,8% las dos primeras y del 4,12% España).
El perfil estratégico también es la clave para que el Gobierno español haya reforzado su participación en Indra, ahora que además se quiere dar a la empresa un enfoque más centrado en tecnología para el sector de la Defensa. La Sepi es el principal accionista de referencia, con un 27,9%, y el año pasado revolucionó el consejo de administración con el apoyo de otros inversores.
Hay más ejemplos de defensa en Europa. El Estado alemán también está muy presente en una pequeña firma del sector cotizada en el país, Hensoldt. Pero si hay Gobierno para el que la industria de defensa está entre sus primeras inversiones es Francia. Más allá de Airbus, la República francesa cuenta con participaciones directas en dos grandes jugadores del sector, Thales (26%) y Safran (11,2%), por un valor total cercano a los 15.000 millones de euros.
En Italia, una de las joyas de la corona es Leonardo, también enfocada en los negocios aeroespacial, de defensa y de seguridad. El Ministerio de Economía del país posee un 30,2% del capital de la empresa.
Transporte aéreo
Además de las firmas relacionadas con la defensa y la tecnología aeroespacial, algunos estados tienen un gran interés en mantener bajo control los gestores aeropuertos nacionales que ya cotizan. Es el caso de Aena, en España, o de Aeroports de Paris (ADP), en Francia. El Gobierno de Mariano Rajoy privatizó Aena en una salida a bolsa como las de antaño, en las que se daba la posibilidad de entrar a los inversores minoritarios. Pero se optó por conservar el control: la empresa estatal Enaire aún cuenta con un 51%.
En Francia, la venta de más capital de ADP creó un gran revuelo entre los partidos de la oposición y llegó incluso a provocar la celebración de un referéndum en el que se preguntó a los franceses. Pero este proceso coincidió con la llegada del Covid-19 y a día de hoy el país todavía controla un 50,6% del gestor.
La pandemia también llevó a los estados a tener que ayudar a aerolíneas al ser uno de los principales sectores afectados. Una de ellas fue Air France-KLM. El grupo recibió grandes inyecciones de liquidez y logró capital también a través de una ampliación, con lo que el Gobierno francés duplicó su peso hasta el 28,6%; el de Países Bajos tiene un 9,34%.
El Estado alemán también ayudó a Deutsche Lufthansa ante los duros efectos de la pandemia, pasando a estar en manos públicas un 20% del capital. Sin embargo, este paquete de acciones era temporal y lo vendió en 2022 logrando plusvalías de 760 millones de euros.
La Sepi, por su parte, participó en la gran ampliación de capital de IAG (el grupo que reúne a aerolíneas como Ibera o Bristish Airways) en 2020, aunque su peso no es significativo, ya que ahora posee un 2,52%, según figura en su web.
Automovilísticas
La automoción, que también necesitó ayudas tras la pandemia, es primordial en economías como la alemana. El Estado alemán de Baja Sajonia es el segundo accionista de referencia en Volkswagen, solo por detrás de la participación mayoritaria que tiene el grupo Porsche. Su inversión está valorada en 7.000 millones (un 20% del capital). Algo inferior, del 15% es el paquete accionarial que controla Francia en Renault, el mismo que tiene Nissan en la alianza entre ambas.
Banca, correos y loterías
En la industria financiera europea tampoco han faltado los rescates desde la quiebra de Lehman Brothers y la posterior crisis de deuda que afectó sobre todo a Grecia, Portugal, Irlanda, Italia y España. Las inyecciones de dinero de algunos estados, una década después, mantienen su huella en el capital de algunas entidades.
En España, el claro ejemplo en una cotizada es Bankia, absorbida ya por CaixaBank, donde el Gobierno aún conserva una participación del 16,12% a través del Frob. En Italia, la participación estatal en Monte dei Paschi di Siena aún es del 64%.
Al contrario que la banca, las empresas de correos y loterías han sido tradicionalmente públicas. Así ocurre en España, donde no cotizan en bolsa, pese a que se intentase la colocación de Loterías. En otros países sí se han privatizado, aunque los gobiernos continúan presentes. Ocurre en Alemania e Italia con Deutsche Post y Poste Italiane y en Francia con La Francaise des Jeux.
