Arranca la recta final del año. Son muchos los españoles que eligen estas fechas para aportar dinero a un plan de pensiones y exprimir así la ventaja fiscal, ya que la cantidad invertida se descuenta de la base imponible del Impuesto de la Renta a las Personas Físicas (IRPF). Es decir, que permite ahorrar en la Declaración de la Renta. Prácticamente la mitad de las aportaciones se realiza en el último trimestre del año. Todavía no termina de calar la idea que defienden los expertos de la industria de destinar dinero, de forma periódica, a lo largo de todo el ejercicio, para diversificar el riesgo y no depender de cómo estén los mercados en estos últimos meses. Para los rezagados, este año, no obstante, conviene más que nunca acordarse de realizar la aportación máxima siempre que sea posible.
Cuando suenen las campanadas que pondrán punto y final al 2020 también concluirá una etapa para los planes de pensiones individuales. Hasta ahora el contribuyente podía deducirse la cantidad anual aportada con un límite establecido en los 8.000 euros anuales o en el 30% de la suma de rendimientos netos del trabajo y de actividades económicas. Este importe máximo se reduce a partir de 2021 hasta los 2.000 euros anuales. Esto afectará especialmente a las rentas altas, pero, en general, ¿cómo se traduce a la hora de bajar la factura fiscal?
Por ejemplo, para quienes tributen por rentas de más de 60.000 euros, a un tipo del 45%, el ahorro fiscal este año asciende a 3.600 euros si se realiza la máxima aportación de 8.000 euros, mientras que en la Declaración de la Renta de 2021 esa deducción se quedaría en 900 euros con el tope de 2.000 euros. Es decir, dejarán de ahorrarse 2.700 euros en impuestos. A rentas más bajas, la diferencia será menor, evidentemente, en la medida en la que se reduce el tipo marginal. Así, con rentas de 40.000 euros, por ejemplo, a un tipo del 37%, el cambio de este año respecto al próximo sería de 2.220 euros apurando el límite de la ventaja fiscal (ver gráfico).
"Este año presenta una oportunidad fiscal para aquellas personas que tengan rendimientos del trabajo y puedan hacer una aportación hasta el tope de 8.000 euros actual", señala Carolina Mateo, de Ibercaja Gestión
"Si esta medida finalmente se aprueba este año presenta una oportunidad fiscal para aquellas personas que tengan rendimientos del trabajo y puedan hacer una aportación mayor hasta el tope de 8.000 euros actual", señala Carolina Mateo, jefa de desarrollo de negocio de Ibercaja Pensión. "Además, si no pudiesen reducírsela por completo este año (por insuficiencia de la base imponible o por aplicación del límite del 30% de los rendimientos netos del trabajo), debemos saber que podrían hacerlo en los 5 ejercicios siguientes", apunta.
En el caso de no poder aportar hasta ese límite aún vigente, la recomendación de los expertos para este año es superar al menos esos 2.000 euros en la medida en la que se pueda ya que sería el último ejercicio con opciones de hacerlo. Así, si se destinasen, por ejemplo, 4.000 euros, para rentas de más de 60.000 euros significa un ahorro de 1.800 euros, el doble que el que lograría el próximo año. En las rentas muy, muy altas hay que tener en cuenta otra particularidad más allá de los cambios en los planes de pensiones porque el tipo marginal del IRPF subirá del 45% al 47% para más de 300.000 euros.
El punto, a priori, positivo que incluyen las nuevas medidas del Gobierno es que a estos 2.000 euros máximos en planes individuales se sumarán 8.000 euros en aportaciones a planes de empleo (10.000 euros en conjunto) que pueden deducirse para fomentar este producto. Es decir, que quien disponga de un plan de pensiones de su empresa sí que podría sacar más partido por la parte fiscal. Por ejemplo, un contribuyente con rentas de 80.000 euros capaz de aportar esos 10.000 euros máximos que se permitirán en conjunto, podría ahorrarse hasta 4.500 euros en impuestos a partir del próximo año.
La ayuda a los de empleo no compensa
El problema es que solo uno de cada seis trabajadores en España tiene uno. El Gobierno quiere impulsarlos, y para ello, además de lo anterior, creará un público, de gestión privada, al que puedan adherirse las empresas y los autónomos a costes competitivos. Pero los expertos son escépticos en cuanto a que ambas medidas se traduzcan en mayores aportaciones a los planes de empresa o en la creación de nuevos por varias razones.
La primera de todas es que la opción de aportar el máximo, los 10.000 euros, queda reservada solo a las rentas más altas, que son, por otra parte, las más interesadas en hacerlo por asumir un mayor tipo impositivo: "Entre los que ya tienen un plan de empleo no les va a afectar porque antes la aportación entre trabajador y empleado ya podía ser de 8.000 euros. Si una empresa ya aportaba 8.000 euros no podrá aportar más. ¿Ahora qué pasa? Que la empresa podrá aportar 8.000 euros, y además el trabajador 2.000 más al plan de pensiones individual. Esto solo lo podrán hacer las rentas más altas, y que además tengan un plan de empleo", explicaba Paula Satrústegui, directora del área de Planificación financiera y patrimonial de Abante recientemente a elEconomista. "Aunque hay distintas fórmulas que dependen del acuerdo de la empresa con los trabajadores, la aportación al empleado suele establecerse como un porcentaje del salario (pongamos que suele ser entre un 2% y un 4%) por lo en la práctica, solo aquellos directivos con salarios elevados podrían alcanzar ese nivel de aportaciones de 10.000 euros anuales al plan", coincide Carolina Mateo, de Ibercaja Gestión. La aportación media ronda, sin embargo, 500-600 euros.
Es cierto es que, aunque la conciencia sobre la necesidad de ahorrar para la jubilación va creciendo, solo el 2,4% de partícipes que cuenta con un plan de pensiones individual realiza aportaciones anuales de más de 6.000 euros, según los últimos datos de la Dirección General de Seguros de 2018. Es más, en la mayoría de casos pasa el año sin que se destine dinero. Y en el caso de los planes de empleo las cifras son similares e incluso inferiores, puesto que solo el 1,7% realizó ese año aportaciones de más de 6.000 euros.
La segunda razón la explica Joan Pons, secretario de EFPA España y abogado fiscalista de ETL Global Links:reducir el importe de la aportación deducible en el sistema individual y aumentarse la del sistema de empleo no implica un trasvase de dinero. "No son vasos comunicantes. Si el mensaje que nos está llegando es que debemos complementar el día de mañana nuestras pensiones con lo que hayamos ahorrado a título personal hagámoslo, y que cada uno escoja el plan que más le convenga, que no dependa de una empresa, porque se está discriminando a los autónomos o a las pymes".
Según datos de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Inverco y Unespa, la reducción de 8.000 a 2.000 euros de la cuantía deducible perjudicará a 3,2 millones de trabajadores por cuenta propia. "El sistema individual seguirá siendo necesario e imprescindible para todos aquellos que, como los autónomos, no puedan acceder al sistema de empleo por no estar las reformas desarrolladas", explican.
"La ventaja fiscal de los planes de pensiones individuales es una de las características más valoradas por los clientes", destaca Gloria Siso, de ING
La ventaja fiscal es, además, la característica que más conocen los españoles de los planes. Y "una de las más valoradas por los clientes", expone Gloria Siso, responsable de Inversión Digital de ING. Según recoge el Informe Naranja 2020 Tendencias clave de los españoles ante la jubilación de esta entidad, el 43% de los encuestados que tiene plan de pensiones afirma que la eliminación total de las ventajas fiscales le motivaría a buscar otras opciones para su jubilación, cifra que se reduce al 25% en el caso de reducir las ventajas fiscales en los planes individuales y trasladarlas paulatinamente a los planes de empleo.
Tampoco conviene perder de vista, en cualquier caso, que realmente la ventaja fiscal de los planes en las aportaciones no significa que no se vaya a tributar por ese dinero, sino que se difiere al momento de rescatarlo, que puede ser bajo circunstancias como el desempleo de larga duración o la invalidez y una vez transcurridos 10 años (solo a partir de 2025) pero que normalmente es en la fecha de jubilación. Si es esto último se supone que las rentas serán menores y que el tipo del IRPF por el que se tributa entonces será menor. De ahí la ventaja fiscal.
Con las nuevas medidas, el otro objetivo que busca el Gobierno es fomentar la creación de nuevos planes de empleo. Algo que la industria también ve difícil. Primero porque la empresa que decida ponerlo en marcha debe aportar para todos sus trabajadores, con una única excepción y es la de aquellos que tengan una antigüedad inferior a los dos años. Lo que implica elevar la partida de gastos en un contexto económico incierto a raíz de la crisis sanitaria derivada de la pandemia. En el pasado, a diferencia respecto a ahora, sí que hubo incentivos para su creación, de manera que el 10% del total de aportaciones realizadas por la empresa eran deducibles de forma inmediata en el Impuesto de Sociedades. Pero hay otro obstáculo más y es que quienes lo implanten de nuevo deberán pactar con sus trabajadores que una parte de su salario, que siempre han recibido en efectivo, será aportado por la empresa a uno de estos vehículos. Algo que no siempre resulta bien acogido.
Más ventajas fiscales
Gobierno e industria coinciden en la necesidad del ahorro privado para la jubilación, pero la mayor parte de esta última ve imprescindibles incentivos fiscales ante el escaso patrimonio invertido hacia este fin en España. "Ir un paso más allá en la fiscalidad de los planes ayudaría a la planificación financiera y haría posible que el sistema de pensiones del futuro no descanse solo sobre la hucha de las pensiones", opina Gloria Siso, de ING.
"El ahorro para la jubilación debería incentivarse fiscalmente sin duda, aún más en un contexto como el actual", comparte Carolina Mateo, de Ibercaja Gestión, quien defiende que "las aportaciones a estos productos deberían seguir desgravando en el IRPF hasta los límites actuales" al igual que "resulta necesario mejorar la fiscalidad de las prestaciones". La experta subraya que precisamente en Europa se están potenciando los productos de ahorro individual a largo plazo, incluso "hay un proyecto pendiente de aprobación por la Comisión Europea de la creación de un producto paneuropeo de pensiones (PEPP)", con una "ventajosa fiscalidad".
"Los límites anuales de aportaciones deberían sustituirse por un límite global de aportaciones acumuladas a lo largo de la vida laborar", consideran desde ATA, Inverco y Unespa
Desde ATA, Inverco y Unespa, también critican que "la reducción drástica de la fiscalidad de los sistemas individuales en España contravendría la clara tendencia internacional y europea de estimularlos". Y van más allá: "Los limites anuales de aportaciones a sistemas de previsión social deberían suprimirse en lugar de minorarse y sustituirse por un límite global de aportaciones acumuladas a lo largo de la vida laboral, de tal forma que se pueda generar ahorro para la jubilación en función de la situación de cada trabajador durante su trayectoria sociolaboral".
Por su parte, Carlos López-Henares, director de Planificación Patrimonial en Singular Bank, cree que cualquier medida que potencia estos productos, incluido su tratamiento fiscal, "debería ser bienvenida", aunque aclara que "la fiscalidad, como hemos visto, puede cambiar, por lo que no debería ser la razón principal" para ahorrar para la jubilación, sino "la mayor concienciación".
