El Tribunal Constitucional anula las condenas a Chaves y Griñán en el 'caso de los ERE'

El Tribunal Constitucional (TC) anula la condena en el caso de los ERE a los expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Chaves fue condenado a nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito continuado de prevaricación entre 2000 y 2009 por participar en la elaboración de las leyes que financiaron las ayudas sociolaborales. Griñán tenía una pena de 6 años de prisión e inhabilitación absoluta por 15 años por prevaricación en concurso medial con un delito de malversación entre 2005 y 2009.

La Corte de Garantías explica que Manuel Chaves solo puede ser condenado por su actuación entre los años 2000 y 2001, ya que considera que en los ejercicios 2002 hasta 2009 estuvo amparado por la ley.

Concretamente, en noviembre de 2019, la Audiencia Provincial de Sevilla le condenó por su participación en la elaboración de los anteproyectos y proyectos de ley que articularon las ayudas para los ERE. El Tribunal Supremo ratificó en julio de 2022 la sentencia al considerar dichos anteproyectos y proyectos de ley eran ilegales porque infringían la normativa presupuestaria en vigor en aquel momento.

Según el Constitucional, la elaboración de anteproyectos y proyectos de ley no puede juzgarse por un tribunal ya que son normas que se ponen a evaluación del Parlamento, en este caso andaluz, para su deliberación y votación. El hecho de que estos textos no cumplan con la normativa vigente no es juzgable ya que si no, no se podrían elaborar normas y leyes que modifiquen las vigentes. Asimismo, señala que una vez aprobadas estas leyes de presupuestos que articulaban las ayudas sociolaborales (los ERE), sería el propio Constitucional el tribunal competente para pronunciarse sobre su legalidad, sin embargo, como no fueron recurridas, se presume la legalidad de las mismas.

Por tanto, la Corte de Garantías, en su sentencia de la que fue ponente la vicepresidenta del tribunal y magistrada progresista Inmaculada Montalbán anula la condena y propone a la Audiencia Provincial de Sevilla pronunciarse solo por los ejercicio 2000 y 2001.

Por su parte, José Antonio Griñán fue condenado como consejero de Economía y Hacienda de abril de 2004 a abril de 2009 y como presidente de la Junta de Andalucía de abril de 2009 a septiembre de 2013 por participar en la elaboración de los anteproyectos y proyectos de ley de presupuestos de 2005 a 2009 y, posteriormente, en su aprobación en el Consejo de Gobierno.

El Constitucional aplica el mismo argumento que a Chaves y señala que al tratarse de meras propuestas que no tienen más alcance que, en su caso, ser objeto de deliberación en el Parlamento, no pueden ser sometidas a control judicial. "Ni un anteproyecto ni un proyecto de ley pueden someterse a un juicio de legalidad -en ese momento, al ser meras propuestas, son actos inexistentes para el Derecho- y, una vez aprobados, al haberse convertido en ley, el único juicio que cabe es el de constitucionalidad", señala la Corte de Garantías en un comunicado emitido este martes.

El TC retrotrae las actuaciones a la Audiencia Provincial de Sevilla para que dicte un nuevo fallo respetuoso con los derechos fundamentales infringidos de Griñán.

La votación se ha cerrado con siete votos a favor y cuatro en contra. La sentencia cuenta con los votos particulares de los cuatro magistrados del ala conservadora: Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, César Tolosa y Concepción Espejel.

Ocho recursos de amparo resueltos

El Constitucional ya se ha pronunciado en las últimas semanas sobre ocho recursos de amparo de los condenados por los ERE. Las sentencias de la Corte ya han supuesto la libertad de cinco exaltos cargos de la Junta de Andalucía: la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo (que ya tenía el tercer grado); el exconsejero de Innovación, Francisco Vallejo; el exdirector del IFA/IDEA, Miguel Ángel Serrano Aguilar; el exconsejero de Empleo, Antonio Rodríguez; y el exviceconsejero de Innovación, Jesús María Rodríguez Román.

Asimismo, también anuló la condena por prevaricación a la exministra de Fomento y exconsejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, Magdalena Álvarez, condenada a nueve años de inhabilitación para cargo público, mientras que rechazó hacer lo pertinente por faltad de argumentación con el exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía, José Antonio Viera, condenado a siete años de prisión y 18 de inhabilitación.