La justicia permite a los caseros deducir en el IRPF el alquiler de vivienda a estudiantes

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG) determina que los caseros pueden deducirse en el IRPF el alquiler de la vivienda a estudiantes. Hasta 2023, la deducción era de hasta el 60% del rendimiento neto positivo (diferencia entre los ingresos y los gastos por el alquiler), mientras que en 2024 la minoración general es del 50%, pero puede incrementarse al 90% si el inmueble está en zona tensionada, para los contratos firmados a partir de mayo de 2023, fecha en la que entró en vigor la nueva Ley de Vivienda.

El tribunal, en un auto de este 5 de abril (que aclara la sentencia del 28 de febrero) indica que no es preciso que el contrato se supedite a un determinado período de tiempo para que se aplique el beneficio fiscal, siendo el único requisito que se alquile el inmueble para uso como vivienda. De esta forma, rechaza la tesis de la Administración, que consideraba que el alquiler previsto para el curso escolar es un arrendamiento de temporada y, por ende, para un uso distinto de vivienda, negando la deducción.

En el caso del litigio, el casero tenía dos pisos de estudiantes en Santiago de Compostela, Galicia, que alquilaba a universitarios de septiembre a junio, 10 meses. El contribuyente quiso aplicarse la deducción en el IRPF, pero se le negó.

"El arrendamiento se haya acotado temporalmente en el año no impide que durante el periodo en que estuvo arrendado se destinara a la necesidad de vivienda de los arrendatarios", explica el tribunal, que destaca que, además, algunos de los inquilinos son los mismos en los sucesivos cursos escolares.

Por otro lado, el auto recuerda que la nueva Ley por el derecho a la vivienda, que entró en vigor en mayo de 2023, persigue facilitar el acceso a la vivienda a personas con dificultades para acceder a la misma, "prestando especial atención a jóvenes". Un objetivo que está "íntimamente ligado" al fin de introducir el beneficio fiscal para que incrementar la oferta de viviendas y minorar los precios para frenar el uso turístico o su desocupación.