Madrid
El Tribunal Constitucional (TC) rechaza anular los delitos de prevaricación y malversación al exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía, José Antonio Viera, por el caso de los ERE.
Este es el primer fallo de la Corte de Garantías sobre el caso. El Pleno se reunía esta semana para tratar dos de los doce recursos de amparo de los condenados, el de la exconsejera de Economía y Hacienda; y también exministra de Fomento, Magdalena Álvarez, y el de Viera.
Según una nota emitida este lunes por el Constitucional, el Pleno ha rechazado el recurso de amparo del exconsejero, condenado a 7 años de cárcel y 18 de inhabilitación por prevaricación y malversación, por falta de fundamentación jurídica que soporte su pretensión.
"La sentencia, de la que ha sido ponente la vicepresidenta Inmaculada Montalbán, considera que la demanda plantea una vulneración de derechos fundamentales pero la queja se expresa en términos genéricos, sin que vaya acompañada de explicación alguna o desarrollo argumental", expone la Corte en su nota.
El Pleno explica que se trata de un defecto insubsanable porque es deber del recurrente proporcionar la fundamentación jurídica y fáctica que soporte su pretensión. El Tribunal Constitucional, añade, no puede reconstruir de oficio las demandas, por lo que concluye en la imposibilidad de contestar quejas que carecen de justificación.
El Pleno informó la semana pasada de que comenzaría a analizar los recursos de amparo de los condenados el 18 de junio, aunque finalmente, adelantó la reunión a este lunes 17 puesto que el presidente, Cándido Conde-Pumpido, había sido invitado el miércoles día 19 a los actos del X aniversario de la Proclamación del Rey Felipe VI y ese día el Pleno sería más corto.
Situación de Álvarez
El Pleno también analizará el recurso de amparo de Magdalena Álvarez. La ponencia también es de Inmaculada Montalbán, del ala progresista. Según adelantó Europa Press la semana pasada, en este caso el borrador de la sentencia proponía anular el delito de prevaricación. Cabe recordar que Álvarez fue condenada a nueva años de inhabilitación para cargo público por prevaricación, no tuvo pena de prisión.
El borrador acoge el criterio del Ministerio Público sobre que los jueces, la Audiencia Provincial de Sevilla primero y luego el Tribunal Supremo, hicieron una interpretación excesiva del delito de prevaricación por tratarse del ejercicio de la iniciativa legislativa. Es decir, la Fiscalía interpreta que el proyecto de ley de los Presupuestos de la Junta debía ir al Constitucional para su ilegalidad y no ser juzgado por un tribunal de lo penal.
Así, el debate de la Corte de Garantías se centrará en parte en analizar si el juez del caso debió elevar una cuestión de inconstitucionalidad sobre la ley en vez de asumir la potestad de declararla directamente ilegal. El fallo del TC será clave para la resolución de los restantes recursos de los condenados por los ERE.
Cabe recordar que también fueron condenados por prevaricación el expresidente de la Junta, Manuel Chaves, con una pena de inhabilitación de nueve años, y el exconsejero de presidencia Gaspar Zarrías, también con otros nueve años de inhabilitación.
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