La Audiencia Nacional (AN) se pronuncia por primera vez sobre el Impuesto de Solidaridad a las Grandes Fortunas (ISGF) y rechaza de lleno frenar el pago del tributo. La decisión del Juzgado Central llega dos meses después de que se llevara a cabo la primera autoliquidación del impuesto, sin embargo, su respuesta también es clave de cara al pago del próximo año. Hasta el momento, la Audiencia solo se había manifestado respecto al impuesto a la banca y las compañías energéticas, gravamen que también descartó parar.
En esta ocasión, y en una auto fechado a 1 de septiembre, el ponente y magistrado Luis Helmuth Moya Meyer, rechaza la solicitud de medidas cautelares presentada por la Asociación Madrileña de la Empresa Familiar. Esta organización recurrió la Orden Ministerial de Hacienda y Función Pública del pasado 9 de junio que aprobó el modelo 718 para la autoliquidación del impuesto.
La asociación impugnó el desarrollo reglamentario del tributo a escasos días de la publicación de la Orden por ser contrario a la Constitución. Entre los argumentos, apuntó que el nuevo tributo nació a través de una proposición de ley en vez de un proyecto de ley, vulnera la autonomía financiera de las CCAA y choca con los principios de capacidad económica y no confiscatoriedad protegidos por la Carta Magna.
La AN rechaza frenar del tributo porque la asociación, "al solicitar lisa y llanamente la suspensión de la obligación de ingreso de la deuda tributaria [...] está pidiendo a este tribunal que se suspenda la aplicación de una ley, algo que está fuera de las potestades jurisdiccionales que nos otorga el ordenamiento jurídico". La Sala esgrime prácticamente el mismo argumento que ya utilizó para no suspender la tasa a banca y energéticas.
Madrileños, los más afectados
La asociación que recurrió la Orden representa a los empresarios familiares de la Comunidad de Madrid. Precisamente, atendiendo a los datos del Ministerio de Hacienda sobre la recaudación del impuesto a las grandes fortunas, fueron los contribuyentes madrileños los que más aportaron a estos ingresos.
La Administración recaudó 623 millones en total, de los que 555 millones procedían de los madrileños (el 90% del total). Asimismo, de los 12.010 declarantes del tributo, 10.302 (el 85,7%) residían en la Comunidad de Madrid. El Gobierno de la región, presidido por Ayuso, ya anunció este miércoles -tras conocerse la recaudación- que también va a recurrir la Orden ante la Audiencia Nacional.
La tasa a los ricos entró en vigor el 29 de diciembre de 2022, para gravar la riqueza de los contribuyentes con más de 3 millones en los años 2022 y 2023. Al aplicarse de forma retroactiva, los afectados se quedaron sin margen para reestructurar su patrimonio y que se quedara afecto en la menor medida posible. Cualquier cambio ya solo afectará a la liquidación de 2023, que se realizará en 2024.
El Tribunal Constitucional ya ha admitido a trámite los recursos de la Comunidad de Madrid, Andalucía y Galicia contra este tributo, pero también rechazó su suspensión.
