El veto del Gobierno a la oferta pública de adquisición (opa) de la húngara Magyar Vagon sobre Talgo se revela como un caso excepcional en la historia de las fusiones y adquisiciones en España; sobre todo, por los argumentos esgrimidos por la Junta de Inversiones Exteriores (Jinvex). Este órgano, dependiente del Ministerio de Economía, ha concluido su oposición, asumida por el consejo de ministros, por los "riesgos insalvables" para "garantizar la seguridad nacional y el orden público" que supondría la operación.
Detrás del veto se hallarían las relaciones del consorcio húngaro ofertante Ganz MaVag con el Gobierno ruso de Vladimir Putin, contando para ello con informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). El consejo de ministros ha declarado la información contenida en el expediente como clasificada y desde el Ejecutivo se ha declinado dar explicaciones sobre cuál sería la afectación al orden público.
El control de la operación por parte de Moncloa se sustenta en el Real Decreto-ley 34/2020, que establece que se someterán a autorización las inversiones de residentes en países de la Unión Europea -caso de Hungría- o la Asociación Europea de Libre Comercio cuando su valor supere los 500 millones de euros o se dirijan a empresas cotizadas en España, siempre que inviertan en ámbitos estratégicos.
Ganz MaVag, cuya oferta valoraba Talgo en 630 millones de euros, está integrada indirectamente por el Gobierno que preside Viktor Orbán. La Comisión Europea, cuya posición es relevante al afectar la operación a dos Estados miembros de la Unión Europea, ha evitado poner objeciones a la decisión del Gobierno español.
Sánchez ha recurrido al denominado escudo antiopas de un modo frontal por primera vez desde su instauración en 2020 por el Covid-19. En estos años el Ejecutivo ha impuesto trabas a otras operaciones como la opa de Antin sobre Opdenergy, para la que impuso que el fondo galo no lleve a arbitraje a España por los recortes a las renovables. Aunque no hubo resolución firme, hace dos años la francesa Vivendi tuvo que desistir de su pretensión de alcanzar el 29,9% de Prisa, un movimiento que no tenía el beneplácito de Moncloa.
En estos momentos, igualmente hay varias transacciones bajo la lupa del Gobierno y sobre las que éste ya ha puesto oficiosamente objeciones, como la opa de BBVA sobre Sabadell, o ha advertido de su capacidad de control, como en la posible adquisición de Grifols por parte del fondo canadiense Brookfield, al que ahora además podrían sumarse fondos soberanos de Oriente Medio (ADQ y GIC).
Sobre la mesa del Ejecutivo también está la intención de la saudí STC de superar el 5% -llegando al 9,9%, desde el 4,9% que posee desde 2023- en el capital de Telefónica. Al tratarse de un inversor de fuera de la UE, la normativa le confiere autoridad para vetar la toma de más del 5% de empresas consideradas estratégicas.
En la historia empresarial de España otros gobiernos, de distinto signo, han intervenido en opas que se consideraron hostiles. Nunca, eso sí, con el argumento de la seguridad nacional y el orden público. El precedente más cercano, por el veto total, es el de la opa de Gas Natural (hoy Naturgy) sobre Iberdrola en 2003, cuando la Comisión Nacional de la Energía (CNE) se opuso por los problemas que generaría en el sector energético.
En otras grandes transacciones Moncloa también puso trabas o, al menos, expresó sus reticencias. Entre las más notorias emerge el intento fallido de compra de Endesa por parte de la alemana E.ON en 2006, o la opa, el mismo año, de la india Mittal sobre Arcelor, si bien la operación, tras las mejoras de precio, llegó a buen puerto.
El control de los procesos de concentración relevantes que implican a Estados miembros atañe en última instancia a la Comisión Europea. Aunque la mayoría de ellos se autorizan sin condiciones, en ocasiones los órganos de Competencia comunitarios también han resuelto negativamente o han impuesto condiciones para su aprobación. Las exigencias son tales que en algunos casos condenan las transacciones. Así ha ocurrido recientemente con la compra de Air Europa por Iberia.
La drástica decisión del Gobierno en Talgo apenas encuentra réplicas cuando grupos españoles han abordado compras en otros países -claro que sus vinculaciones con Rusia son inexistentes-. Ahora bien, con matices, hay ejemplos en que las autoridades, gubernamentales o de competencia, obstruyeron sus opas, frustrándolas en algunos casos.
En 2006, Abertis, entonces controlada por ACS y La Caixa, planteó la fusión con la italiana Autostrade -germen de lo que después fue Atlantia y hoy Mundys-, gestor de la mayoría de las autopistas de Italia. Sin embargo, el Gobierno de Romano Prodi obstaculizó la operación, hasta el punto de que terminó por decaer. Prodi aseguró que no se oponía a la transacción, pero ANAS, el ente público encargado de tutelar la concesión de las autopistas italianas, no dio su autorización y, además, se cambió la normativa, dificultando la integración. Por todo ello, Bruselas abrió una investigación.
En 2017, Atlantia lanzó una opa sobre Abertis y el Gobierno encontró a ACS, a través de su filial alemana Hochtief, para dar la réplica. Finalmente unieron fuerzas y se quedaron el operador español con la venia de Moncloa.
Apenas tres años después de que E.ON 'opara' Endesa y se topara con la oposición del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ACS, de Florentino Pérez, lanzó una oferta por el 100% de la constructora alemana Hochtief. Chocó con el consejo de la firma germana y también encontró trabas por parte del gabinete de la canciller Angela Merkel, pero finalmente logró sacarla adelante.
Recientemente, Iberdrola desistió de su mayor operación en ciernes. A comienzos de año, la eléctrica anunció que desistía de comprar, a través de Avangrid, la estadounidense PNM Resources, valorada en 7.500 millones de euros. La operación se acordó en 2020, pero no logró todas las autorizaciones. El regulador de Nuevo México rechazó la transacción al considerar que no era "el socio adecuado". Aunque Iberdrola recurrió, finalmente se retiró.