Los fondos acreedores de Celsa han defendido este lunes ante el juez que su propuesta de reestructuración de la siderúrgica para hacer frente a su abultada deuda se fundamenta en su voluntad de crear un consejo de administración independiente y aplicar un nuevo plan financiero, mientras que el plan industrial no cambiaría.
Desde Celsa, en cambio, sostienen que el plan de los fondos no asegura la viabilidad de la compañía y obligaría a vender activos para cumplir los objetivos económicos.
Lo han dicho durante la primera jornada del juicio de oposición a la homologación del plan de reestructuración de la empresa, que se celebra entre este lunes y viernes y el martes de la próxima semana en el juzgado mercantil número 2 de Barcelona.
El vicepresidente del consejo de administración de Barna Steel -empresa que forma parte de Grupo Celsa-, Francesc Mesegué, ha defendido que el proyecto empresarial de los fondos acreedores de la empresa "no aseguraría la continuidad el grupo", y que la reestructuración "sumiría a la empresa en una incertidumbre que puede llevar al desastre", ya que, según él, la intención de los fondos es vender activos cuando puedan, informa Europa Press.
El consejero independiente de Barna Steel Xavier Puyol ha agregado durante su testimonio que el plan de reestructuración presentado "es perjudicial para Celsa", ya que se trata de un plan financiero y no de negocio, ha asegurado.
"La propuesta de los fondos es económica y va en contra de la visión de la Celsa actual, que trabaja con una visión transformadora en un plan a diez años", ha argumentado, y ha añadido que la propuesta de los fondos no menciona cuál es el plan a largo plazo.
Ha lamentado que "los acreedores no conocen el plan de negocio, no han tenido ningún interés" y que el auditor externo, textualmente, no ha preguntado nada para valorar la compañía.
Por su parte, los representantes de los diferentes fondos que han testificado durante la mañana de este lunes han explicado que hubo una pérdida progresiva de confianza con los actuales accionistas de Celsa durante las negociaciones, lo que llevó al actual punto de querer convertir la deuda en acciones para poder hacerse con el control.
El representante de SVP Global, Álvaro Fabián, ha asegurado que el fondo siguió comprando deuda de Celsa a pesar de los impagos porque "era una buena inversión financiera", y ha asegurado que en caso de llevarse a cabo la reestructuración, el fondo no tiene intención de vender sus acciones "aunque podría".
El representante de Deutsche Bank, Gavin Colguhoun, por su parte, ha apuntado que el plan de reestructuración "refleja fielmente" los derechos de crédito actuales.
Por su parte, Dylan Scymansky, de Sculptor Investment, ha defendido que el plan deja claro que "no hay ninguna transformación industrial".
El portavoz de Anchorage Investment, Lauren David, ha insistido en que la prioridad de la reestructuración es constituir un nuevo consejo de administración de Celsa.
Rescate de la SEPI bloqueado
Una de las cuestiones que ha centrado las diferentes testificales ha sido la negociación con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) para que la empresa recibiera una ayuda de 550 millones de euros, que está congelada por la falta de acuerdo con los acreedores.
Tanto el director financiero de Celsa, Javier Echevarri, como el director financiero de Celsa España, Xavier Puig, han asegurado que el equipo negociador recibía las directrices del consejo de administración de la empresa y no de la familia Rubiralta, los propietarios de la empresa.
Echevarri ha explicado que, tras acordar la ayuda con el Estado, la empresa entendió que era "posible renegociar con los fondos sin entrar en el capital", y ha lamentado que los acreedores de los créditos Jumbo y reconvertible no respondieran dentro del plazo otorgado por Sepi para aceptar la ayuda.
Ha recordado que la empresa realizó en abril una oferta con un pago de 450 millones de euros en efectivo, la reestructuración de 662 millones de euros con deuda sénior y un nuevo instrumento de deuda adicional de 450 millones.
Puig ha defendido que Celsa no ha pagado su deuda con los acreedores desde 2020 "no por no querer" y ha recordado que esta última oferta era de casi 2.000 millones de euros.
"Hemos ofrecido compensar la totalidad de la deuda", ha asegurado, y ha subrayado que Celsa está al día de todos los pagos con trabajadores, administraciones y proveedores.
