La Generalitat y la patronal Foment del Treball han anunciado este viernes su apoyo al proyecto industrial del Grupo Celsa, sumándose así al apoyo público mostrado en los últimos días por los sindicatos UGT y CC.OO., y los gobiernos de País Vasco y Cantabria.
El Ejecutivo catalán ha manifestado su implicación en defender Celsa "ante cualquier amenaza que quiera imponer criterios extractores del valor industrial y en detrimento de toda la cadena de valor, proveedores y de sus trabajadores", según un comunicado.
Ha recordado que Celsa es "una de las primeras compañías en aportación al PIB industrial" de Cataluña y toda España, y uno de los primeros generadores de puestos de trabajo.
Tanto la Generalitat como la patronal afirman que se suman así al apoyo ya manifestado por UGT y CC.OO., según ambos comunicados, informa Europa Press.
Foment ha apostado por defender a la compañía porque ha construido un "modelo industrial muy valorado y basado en la economía circular y las bajas emisiones".
"Celsa genera más de 30.000 empleos directos e indirectos", ha añadido Foment, y ha subrayado que el grupo contribuye en que la industria sea más sostenible, competitiva y descarbonizada.
En esta línea, la Generalitat aduce que este modelo de industria sostenible (Celsa recicla chatarra para producir acero, y usa hornos eléctricos) es "líder en el continente europeo" y "le ha permitido demostrar su viabilidad, una vez sobrepasado el entorno negativo generado por el Covid-19, cerrando el año 2021 y 2022 con unos niveles de facturación récord en la historia de la compañía".
Agrega que la compañía sufrió los efectos de la pandemia y solicitó financiación del Fondo Europeo de Ayuda a Empresas Estratégicas, que actualmente está bloqueado por el rechazo de los fondos acreedores de la compañía.
El Gobierno catalán cree que la ayuda pública aprobada por el gobierno español con el apoyo de todo el entorno social e industrial de la compañía es la solución necesaria que asegura el mantenimiento del centro de decisión y su viabilidad económica y social, ya que "reconoce el valor estratégico de la compañía y protege la integridad de la cadena de valor y el modelo industrial que garantiza la reinversión de recursos y el mantenimiento de los puestos de trabajo".
Estas muestras públicas de apoyo llegan a las puertas de una vista judicial la semana que viene tras la que el juez debe dirimir sobre el plan de reestructuración que han solicitado los fondos de inversión acreedores de la siderúrgica, propiedad de la familia Rubiralta.
Los fondos de inversión solicitan tomar el control de la compañía, mientras que los propietarios defienden su gestión pese a la abultada deuda generada y advierten en las alegaciones de que el plan de reestructuración planteado solo es viable si se venden activos de la compañía.
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