
Los Rubiralta defenderán la semana que viene ante el juez que, si Celsa es una empresa que vale 2.400 millones, es imposible que haga frente al calendario de pagos diseñado por los fondos en su plan de reestructuración. Los actuales accionistas de la siderúrgica advierten que, de aprobarse la hoja de ruta presentada por sus acreedores, la firma solo tendrá una vía para cumplirla. O venden activos para hacer frente a las amortizaciones, o los intereses se terminarán por comer a la empresa y en 2027 la mochila de deuda será superior a la actual.
ElEconomista.es ha tenido acceso a las alegaciones al plan de reestructuración presentadas por la organización catalana ante el juzgado de lo mercantil número 2 de Barcelona, que la próxima semana escuchará a las partes antes de tomar una decisión sobre el futuro de la compañía.
Celsa sostiene que, de darse por buena la valoración de 2.400 millones hecha por el experto independiente (Lexaudit), no sería posible hacer frente a los 1.605 millones de nueva deuda que quedarán una vez el grupo de fondos que encabezan Deutsche Bank, SVP y Cross Ocean capitalice 1.352 millones por el 100% del capital.
Según el calendario de amortizaciones, la firma debería devolver el resto del pasivo en un lustro. No obstante, con los flujos generados por la empresa en base a las proyecciones de Lexaudit, el pasivo alcanzaría los 2.005 millones en 2027. Inferior a los 2.957 millones de deuda que suman los fondos, pero superior a la cantidad que saldría tras aprobarse la reestructuración.
Esto es debido a que el plan contempla penalizaciones por no poder hacer frente a las amortizaciones, algo que sucedería en 2024, según las alegaciones de Celsa, si se toma como base la valoración del experto independiente.
Los intereses de la deuda pasarían de un Euribor +5% cash a un Euribor + 10,5% cash. Y como el experto consideró que el ebitda de 800 millones se debió a factores extraordinarios tras la pandemia, el regreso a la normalidad de la siderúrgica no le daría para hacer frente a los vencimientos.
Así, la única manera para hacer frente a estas cantidades pasaría por la venta de activos. Los acreedores siempre insistieron en que su plan garantizaba el empleo en España, aunque otras fuentes señalan que podrían revisar su estrategia internacional, una parte del negocio de la que los Rubiralta no contemplan deshacerse. Precisamente fueron las adquisiciones fuera de la Península Ibérica las que llevaron a la compañía a sus niveles de endeudamiento actuales.
¿Cómo podría hacer frente Celsa a los 1.605 millones? Si valiera más de 2.400 millones, añaden. Por ello, insisten en que la valoración correcta es la que encargaron a Lazard y AZ Capital y que dio un resultado de 6.000 millones de euros.
Como ya explicó este medio, también presentaron un informe hecho por BDO en el que se denunciaban "errores significativos" y advertían de que no se había procedido "de manera diligente desde un punto de vista profesional" en el trabajo de Lexaudit al haber utilizado solo estimaciones propias, sin ninguna información procedente de la empresa, y haber descartado los ejercicios posteriores a 2020 para su tarea.
La valoración que escoja el juez es determinante para los Rubiralta. En función del precio de Celsa, los acreedores capitalizarán más o menos deuda en acciones. Si se toma por buena la del experto independiente se podrían hacer con el 100%, pero de incrementar las cifras la familia catalana aspira a mantener la mayoría.
Consultados por este diario, tanto desde Celsa como desde los fondos acreedores han declinado hacer comentarios previos a la vista judicial.
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