La Fiscalía Anticorrupción va a solicitar al juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, la imputación de BBVA como persona jurídica por la trama de espionaje. Sin embargo, el Ministerio Público descarta por el momento pedir la imputación de ninguno de los miembros del consejo de administración del banco, según informan desde la Fiscalía a este diario.
En la actual fase en la que se encuentra la instrucción, los dos fiscales del caso, Miguel Serrano e Ignacio Stampa, no han visto motivos para solicitar aún que se investigue a la cúpula del grupo financiero, aunque esto no descarta que, a medida que avancen las pesquisas, se planteen lo contrario.
Desde el Ministerio Público, aseguran que el hecho de que se investigue a BBVA no significa que de manera automática también implique la investigación de los consejeros o de la cúpula directiva de la entidad. Si finalmente resultan implicados en el caso, será porque hay indicios de su participación en la contratación del excomisario José Manuel Villarejo o de actos ilícitos, explican.
Las posibles condenas
La imputación de BBVA como persona jurídica supone que el banco puede ser condenado. Aunque, por obviedad, la entidad no tendrá que asumir una pena de cárcel, sí existen otro tipo de castigos. Los más impuestos por los jueces en estos casos son las multas. El banco, si el tribunal determina la comisión de un delito, debería asumir una sanción económica para responder por su responsabilidad en el caso. Asimismo, según la última reforma del Código Penal, el resto de condenas que pueden adoptar los jueces para una empresa son la disolución de la misma con el objetivo de evitar que continúe el delito, la suspensión total o parcial de la actividad total de la compañía (puede ser definitiva o temporal) y el cierre de los establecimientos.
No obstante, si finalmente BBVA resultara condenado por el escándalo de espionaje, irremediablemente supondría un golpe sobre la capacidad de gestión y de vigilancia de los gestores de la misma, al no haber sido capaces de controlar lo que ocurría dentro. Esto podría conllevar a cambios en la cúpula de las personas que aún continúen en la misma.
De momento, supervisores y reguladores se mantienen en alerta hasta conocer cuáles serán los próximos pasos del magistrado García-Castellón en el caso. El Banco Central Europeo (BCE) no tiene ninguna herramienta ni poderes para investigar de manera autónoma que ha ocurrido en el seno de una entidad.
Desde el organismo supervisor aseguran que en el momento en el que se produzca un imputación en BBVA o en miembros de su cúpula, sin necesidad de esperar a que haya una sentencia, pueden activar el procedimiento Fit and Proper (aptos y adecuados) para evaluar la "idoneidad" de los gestores de la entidad. No obstante, la apertura de este procedimiento no sería pública.
Examen a los gestores
El organismo aplica cinco criterios para evaluar esta "idoneidad" de los miembros del consejo que son experiencia, reputación, conflictos de intereses, compromiso de tiempo e idoneidad colectiva. En este caso, el BCE tendría que revisar el criterio referente a la reputación de los gestores para ver si son adecuados para continuar. Este criterio consiste en analizar si el candidato tiene antecedentes penales limpios, si no carga a sus espaldas con irregularidades administrativas o fiscales y también tiene en cuenta los procedimientos judiciales en los que esté implicado.
Si la institución finalmente determina que existen problemas en la supervisión o la gestión de la entidad podría pedir la reorganización del equipo de gobierno de BBVA, lo que directamente implicaría salidas de la cúpula de la entidad.
Actuación supervisora
Por otro lado, en el diálogo habitual que tiene el organismo supervisor con las entidades sobre la gobernanza, también podrían solicitar "correcciones" si detectan fallos en la gestión del banco.
Ante el supuesto de que, en un futuro, el magistrado decidiera imputar a los consejeros o directivos del banco, el BCE podría realizar recomendaciones en gobernanza pero no entraría a elegir a los gestores de la entidad, función que dejaría en manos del propio banco o sus accionistas. La intervención de la entidad y el nombramiento de unos administradores sólo se daría, según explican fuentes del organismo que encabeza Mario Draghi, si el banco entrara en un problema de solvencia que lo situara al borde de la caída, tal y como ocurrió el pasado enero con la entidad italiana Carige.
En este caso, el BCE considera que no se llegará a tal extremo porque lo que BBVA afronta con el caso Villarejo es un problema de reputación.
El BCE solo puede intervenir una entidad y nombrar gestores en el caso de insolvencia
El magistrado que instruye el caso, de momento, ya ha imputado a ocho personas vinculadas a BBVA entre directivos y exdirectivos de la entibad, entre ellos el exconsejero delegado, Ángel Cano, y el exdirector de Seguridad, Julio Corrochano. El juez ve indicios de la comisión de los delitos de cohecho activo y revelación de secretos.
García-Castellón solo ordenó medidas cautelares sobre el exjefe de Seguridad del banco al que solicitó una fianza de 300.000 euros para eludir la prisión y le retiró el pasaporte para evitar su salida del país.
El juez llamó a declarar a los investigados entre el 4 y el 5 de julio, aunque finalmente extendió la ronda al 11 de julio, ante ausencias justificadas por encontrarse en el extranjero. Ninguno de los directivos y exdirectivos del banco contestó a las preguntas del magistrado. No obstante, Antonio Béjar, presidente de Distrito Castellana Norte (firma participada por BBVA), sí respondió a las preguntas de su abogado, el exjuez Javier Gómez Bermúdez, admitiendo la contratación de Cenyt, holding empresarial de Villarejo, por parte de BBVA. Béjar dijo que el banco mantuvo contratada a la empresa entre 2010 y 2014, pero solo para el recobro de morosos.
