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Los cierres, despidos colectivos y concursos de acreedores que afectan a grupos industriales en España que se suceden cada semana escenifican la crudeza de una crisis, la derivada de la pandemia, que amenaza con acabar con una parte sustancial del tejido empresarial del país. Los últimos golpes atañen de nuevo al motor, con el cierre de una segunda planta de Bosch en Cataluña que provocará el despido de 330 trabajadores, y a una de los emblemas de la industria andaluza, Abengoa, que el pasado lunes solicitó el concurso voluntario de acreedores. Solo los casos más mediáticos suponen la extinción o peligro de desaparición de más de 22.000 empleos en España.
Muchos ya arrastraban problemas antes del coronavirus por pertenecer a sectores en reconversión, pero la pandemia ha agravado su situación y las opciones de reindustrialización, como está pasando con los intentos de buscar continuidad a las plantas de Nissan en Barcelona antes de que la multinacional japonesa se marche a final de año, lo que afecta a 3.000 empleados directos y más de 20.000 familias sumando a proveedores. También buscan relevo, de momento sin éxito, otras factorías de componentes de automoción en Cataluña que han anunciado su cierre, como Continental, TE Connectivity, Bosch y U-Shin.
Otra de las empresas que ha bajado la persiana definitivamente es el fabricante de tapicería para la industria del automóvil Jobelsa. La compañía de Benicàssim (Castellón) presentó concurso de acreedores y anunció el cese de la actividad a finales de 2020 después de la pérdida de varios contratos y el descenso de la producción por el recorte en la fabricación de coches por la crisis sanitaria. Una medida que conllevó el despido de sus 131 trabajadores en la factoría castellonense.
La caída de la ingeniería sevillana Abengoa se ha precipitado tras la negativa de los bancos acreedores a dar más prórrogas al acuerdo de reestructuración pactado el pasado verano y que ha sido imposible concretar por las tiranteces entre el Gobierno y la Junta de Andalucía a la hora de asumir las ayudas. Al menos por ahora, porque el concurso implica en este momento únicamente a la matriz, Abengoa SA. La deuda de esta sociedad se aproxima a los 1.000 millones de euros. En las próximas semanas se dirimirá si la siguen el resto de filiales del grupo y que en su conjunto totalizan cerca de 6.000 millones de pasivos, lo que convertiría su quiebra en la segunda mayor de España tras la de Martinsa Fadesa (7.200 millones).
De entre las filiales, sobre Abengoa Abenewco 1, el vehículo que ha ido asumiendo en los últimos dos años todos los negocios y activos del grupo andaluz y del que dependen la mayoría de los cerca de 14.000 trabajadores que tiene en todo el mundo. La reestructuración fallida, de hecho, implica a esta sociedad. Gobierno, Junta de Andalucía, bancos y acreedores aún no tiran la toalla para poder encontrar una solución. En las próximas semanas se desvelará si ésta es aún posible, pero la premura es máxima porque el deterioro de la actividad se multiplica por días y las noticias sobre el concurso de la matriz perjudican la ya maltrecha confianza con los clientes y proveedores.
Duro Felguera, insignia de la industria asturiana, también enfrenta su propia crisis y ante el cerrojazo de los bancos, que la mantienen sin avales desde hace dos años, ha acudido al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas de la Sepi. Solicita 120 millones de euros y también está previsto que el Gobierno de Asturias participe en el rescate con ayuda financiera.
También están acuciadas por acreedores y han pedido ayuda al fondo de rescate de la Sepi las siderúrgicas Celsa y Tubos Reunidos, y otro paradigma de la crisis industrial es el de Alcoa. La empresa quería cerrar las factorías de La Coruña y Avilés, pero finalmente se salvaron, al comprarlas Parter Capital en 2019, que a su vez las traspasó a Alu Ibérica en marzo del año pasado. En mayo, la multinacional norteamericana anunció su intención de cerrar la fábrica de aluminio primario de San Ciprián (Lugo), totalmente estratégica, por ser la única en su clase del país. Alcoa rechazó una oferta de compra de la Sepi -como paso previo para venderla a Liberty-, provocando que la Justicia gallega anulara el ERE de extinción de los 534 trabajadores, al entender que había "mala fe" y le obligara a readmitirlos. En la actualidad, Alcoa y el Ministerio de Industria negocian las condiciones de la venta a la Sepi, que a su vez debería traspasarla a Liberty, que sigue interesada en adquirirla.
Sin salir de Galicia, este febrero se ha cerrado la fábrica de palas de aerogenerador de Siemens Gamesa en As Somozas (La Coruña), junto con otra fábrica de la empresa dedicada a reparaciones en Cuenca; en verano clausuró otra planta en Aoiz (Navarra). Aunque la industria renovable es una de las ganadoras del proceso de transición energética, los equipos no tienen por qué ser made in Spain; la compañía hispanoalemana adquirió el año pasado una moderna fábrica en Portugal, mucho más rentable que las españolas, y ha optado por aplicar la lógica económica; ninguna de las opciones que le presentaron empresas como Greenalia o Endesa fue lo suficientemente atractiva para mantenerlas abiertas.
Endesa, precisamente, es la protagonista del que probablemente sea el mayor proceso de cierre industrial del país: el desmantelamiento de las centrales eléctricas de carbón, por imperativo climático, que culmina el proceso de abandono de la minería del negro mineral, iniciado hace décadas. Entre 2020 y 2021 empiezan los trabajos de desmantelamiento de 11 plantas, cuatro de Endesa -las más grandes y con más impacto socioeconómico-, tres de Naturgy, dos de Iberdrola y otras dos de EDP, adquiridas a Viesgo a finales de año.
Otro de los grandes golpeados por el coronavirus es el sector aeronáutico vasco. Proveedores de primer nivel como Aernnova e ITP Aero han puesto en marcha ajustes laborales. Aernnova, dedica al diseño y fabricación de aeroestructuras, con sede social en Álava y una red de fábricas, centros de ingeniería y oficinas en Toledo, Sevilla, Cádiz, Orense y Zaragoza, y un total de 4.700 trabajadores, anunció en julio el ajuste para adaptar su producción a la caída de la demanda, superior al 40%: 950 despidos, 650 de ellos en España. En el caso de la vizcaína ITP Aero de motores de aviación, comunicó un ajuste de su plantilla del 15% en los cinco países en los que está presente, unos 600 trabajadores, sobre un total de 4.000. Perteneciente a Rolls-Royce, facturó cerca de 1.000 millones en 2019.
Y también se han anunciado ajustes en el sector alimentario, como los de Heineken y Coca-Cola, o el cierre de la textil Italco.
