El magistrado del Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, investiga si el Banco Popular otorgó financiación a sus clientes para que acudieran a la ampliación de capital que realizó la entidad en mayo de 2016 por 2.500 millones de euros y, después, "de forma deliberada", no la restó del capital regulatorio. Con este objeto, el juez ha solicitado diversa documentación al Banco Santander, que se quedó con el Popular por un euro tras su caída en junio de 2017.
Calama ha acordado en un auto una investigación pericial para acreditar si la entidad ofreció al mercado unos ratios de capital regulatorio mejores de los reales vulnerando conscientemente el principio de transparencia que preside el funcionamiento del mismo, mediante la financiación a clientes para conseguir liquidez para la ampliación de capital.
Asimismo, el juez apunta a que existe "un documento de enorme trascendencia" al respecto. Calama explica que, a requerimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Heraclio Peña, vicesecretario del consejo de administración del Popular, remitió un informe (de fecha 2 de octubre de 2017), complementario de otros anteriores, sobre diversos aspectos del hecho relevante de 3 de abril de 2017.
"Del documento se deduce que tanto el consejero delegado del Banco Popular, como los directores generales de Banca Minorista y de Negocio de Clientes lideraron dicha financiación, alentando a la red comercial, a través de los directores territoriales y regionales, para que ofertaran financiación a determinada clientela de la entidad a fin de participar en la referida ampliación de capital", apunta el auto.
Además, añade que los máximos directivos de departamentos estratégicos del banco, como Intervención General y Auditoría Interna y Riesgos, conocían y consintieron la financiación a clientes. El juez apunta que incluso el director de Cumplimiento Normativo puso en conocimiento de la oficina del consejero delegado que la red comercial estaba financiando la adquisición de acciones de la ampliación de capital sin que conste que el ejecutivo adoptara ninguna medida concreta.
El Manual de Políticas de Riesgo de la entidad prohibía expresamente la financiación para la compra de acciones y preferentes del grupo y, por tanto, las sucursales y las direcciones regionales y territoriales conocían la prohibición referida. "Dicha prohibición expresa y categórica se eludió haciendo constar como destino de los créditos otros distritos a la financiación de acciones", recalca el escrito.
Capital desvirtuado
Por otro lado, José Luis Calama incide en que el Reglamento de la Unión Europea 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, en su artículo 28.1. b impide que los instrumentos de capital y su adquisición sean financiados directa o indirectamente por la entidad. "En el caso de autos, el Popular otorgó financiación a determinados clientes y de forma deliberada no la restó del capital regulatorio. La entidad ofreció al mercado unos ratios de capital regulatorio mejores de los reales, vulnerando conscientemente el principio de transparencia que preside el funcionamiento del mismo", concluye.
Para el juez, que el departamento de Auditoría Interna no abriera una amplia investigación respecto de esta cuestión orilla de forma consciente cualquier examen de operaciones concretas.
El juzgado da un plazo de 30 días al Santander para que aporte tres ficheros sobre suscriptores de la ampliación de capital no empleados, financiación a suscriptores no empleados en el periodo de 25 de mayo a 20 de junio de 2016 y sobre los incrementos de financiación con no empleados en el mismo periodo.
