El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, que investiga la caída del Popular pone el foco en los últimos pasos de la instrucción en investigar el entramado empresarial que el banco montó en Luxemburgo con el presunto objetivo de esconder pérdidas, clave para demostrar la falsedad de las cuentas del grupo. La Agencia Tributaria aportó a la causa en 2018 un informe sobre la red societaria compuesta por ocho empresas que recibió créditos de la entidad por un global de 197,26 millones de euros. Hacienda concluyó en el documento que Thesan Capital, nombre del fondo que montó la estructura, llegó a acuerdos con el Popular para financiar, a través de estas sociedades, a firmas que eran acreedoras del Popular y estaban en riesgo de quiebra.
La Agencia Tributario obtuvo el informe a través de un registro realizado a un despacho de abogados ajeno al banco en el marco de la investigación de otra causa, el caso Numaria. Calama busca ahora asegurar la eficacia de la prueba (para que no quede fuera del caso ya que procede de otra investigación) y ha encargado a los peritos judiciales una tasación de todos los activos adjudicados (créditos dudosos más inmuebles) del banco.
El objetivo, según informan fuentes cercanas al caso, sería afianzar a través de este entramado que las cuentas del grupo eran falsas. La causa solo se centra en los estados de 2016, pero el banco se sirvió de esta estructura entre 2011 y 2015.
El Banco Central Europeo (BCE) ya presentó un informe a la Audiencia Nacional en el que señaló que el Popular le vendió a Thesan Capital como si fuera un inversor, y reconoce que fue engañado ya que la trama empresarial se utilizó para ocultar los adjudicados de la entidad. Asimismo, el informe de los inspectores del organismo supervisor también apunta a que no hay pruebas de que toda la alta dirección del banco conociera el entramado societario. Por su parte, los peritos del Banco de España aseguraron en otro informe también aportado a la investigación, que las cuentas de la entidad no reflejaban el verdadero estado del Popular, al menos, desde 2014.
El magistrado trata ahora de ser riguroso en los pasos a seguir para comprobar que el registro realizado al despacho de abogados en el marco del caso Nummaria por el que se obtuvo la información de la trama se hizo con legalidad y asegurarse así el valor de la prueba.
Calama está culminando en la actualidad la toma de declaración a los implicados en el caso. Hace dos semanas, y preguntó a la presidenta del Santander, Ana Botín, y al expresidente de Santander España, Rodrigo Echenique, que declararon en calidad de testigos, sobre Thesan, aunque ambos aseguraron desconocer la trama. El grupo cántabro, cuando compró Popular, traspasó esas compañías a Blackstone junto con el resto de activos improductivos del Popular.
La investigación que sigue la Audiencia sobre el Popular se divide en dos piezas. La primera investiga al equipo del expresidente Ángel Ron por falsedad contable y la segunda, al equipo de Emilio Saracho por manipulación del mercado.
Fin de la instrucción en julio
El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, quiere cerrar la instrucción del Popular el 31 de julio y ya ha avisado de que no habrá más prórrogas. La investigación comenzó en octubre de 2017, a penas cuatro meses después de que la entidad financiera fuera intervenida por la Junta Única de Resolución (JUR) europea y vendida al Santander por un euro. Tras la resolución, más de 300.000 inversores perdieron 11.400 millones de euros.
