La presidenta del Santander, Ana Botín, ha asegurado este jueves en la Audiencia Nacional que el entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, y el gobernador del Banco de España, Luis Linde, le hicieron llegar su "preocupación" por el Popular poco antes de su resolución, en 2017, aunque ha negado que éstos la presionaran para la compra.
Botín, que estaba citada a las 09.00, ha llegado a la sede judicial a las 08:42 para declarar como testigo en el marco de la causa que investiga a los dos últimos equipos gestores del Banco Popular, incluidos sus expresidentes Ángel Ron y Emilio Saracho.
Según han indicado fuentes jurídicas, Botín ha explicado que mantuvo una relación "mínima" con sus homólogos del Popular, entidad con la que se hizo el Santander al precio simbólico de un euro tras su resolución por parte de la Junta Única de Resolución (JUR), en junio de 2017. Con Ron y Saracho sólo tuvo contacto "dos veces con cada uno" y siempre por motivos profesionales. Asimismo, ha dicho que se enteró del relevo al frente de la entidad de Ron a través de la prensa.
No hubo presiones de Guindos
A preguntas del juez, Botín ha asegurado que recibió llamadas tanto del entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, como del gobernador del Banco de España, Luis María Linde, en las que ambos le mostraron su preocupación por el estado del Popular, una sensación que compartía el mercado. No obstante, ha aclarado, ni el organismo regulador ni Economía le presionaron "en absoluto".
Botín ha admitido que su banco recibió en mayo una invitación para acudir al proceso de venta privada del Popular; en él, ha indicado, pudieron intervenir Rodrigo Echenique, presidente de Santander España en esa época, y sus equipos, aunque ella nunca tuvo ningún contacto con él en este trámite. Tras estudiar el proceso de venta, el Santander concluyó que "había un deterioro de confianza en el Popular", una circunstancia que, entendieron, supondría hacer reservas.
Aún así, ha insistido en que hasta donde sabe, el banco cumplía con todos los requisitos regulatorios y era solvente, si bien arrastraba un problema de liquidez. De hecho, ha relatado, aunque estaba por debajo de la media de provisiones del mercado, se mantenía dentro del marco fijado por la normativa.
A raíz de este estudio, el Santander no llegó a presentar entonces una oferta, y es que, en opinión de Botín, la compra no era posible en mayo en condiciones de mercado.
Ronda de testigos
El juez de la Audiencia Nacional investiga dos fases de este proceso: las presuntas irregularidades contables en las que el Popular habría incurrido con la ampliación de capital y las filtraciones a prensa un año después que habrían provocado la resolución a mediados de 2017.
El Banco Santander, ya presidido por Ana Patricia Botín, fue la entidad que compró el Popular por un euro después de la resolución del banco, tras lo cual comenzaron a presentarse denuncias por presuntas irregularidades que han acabado en la Audiencia Nacional, si bien el juez instructor retiró la condición de investigado al entender que no tiene por qué asumir la responsabilidad penal en las que se hubiera incurrido.
El magistrado instructor inició una ronda de testificales el pasado 17 de septiembre con el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella, quien aseguró que no formó parte del equipo del despacho Linklaters que asesoró en 2016 a la entidad en la ampliación de capital de más de 2.000 millones de euros.
El 30 de septiembre fue el turno del vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, por videoconferencia, quien afirmó que, a un mes de la resolución del Banco Popular, se reunió con cinco de los grandes bancos para sondear su posible interés en adquirirlo, si bien todos ellos descartaron presentar una oferta por dicha entidad.
De Guindos, ministro de Economía en el momento de la resolución del banco, explicó que se tomó la decisión de vender el Popular por un euro para evitar el rescate de los depositantes de la entidad con dinero público, lo que habría conllevado que habría conllevado una elevada emisión de deuda para garantizar su funcionamiento y los depósitos.
Estas testificales estaban previstas para antes del verano pero fueron suspendidas por la paralización de la actividad judicial a causa de la pandemia de coronavirus. La ronda concluirá el próximo 15 de octubre con la comparecencia del que fuera presidente de Banco Santander España Rodrigo Echenique.
