El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE) y exministro de Economía, Luis de Guindos, admitió esta mañana ante el juez del caso Popular que un mes antes de la caída de la entidad mantuvo contactos con cinco grandes bancos, entre ellos Santander, BBVA y CaixaBank, para que adquirieran el grupo financiero. Sin embargo, ninguno de ellos quiso presentar ninguna oferta por la entidad que entonces presidía Emilio Saracho por el mal estado que presentaba el balance, entre otros problemas, asfixiado por los activos tóxicos tras las grandes inversiones que hizo en el inmobiliario durante el boom.
De Guindos declaró en calidad de testigo y por videoconferencia desde Fráncfort (Alemania), ciudad donde tiene la sede el BCE. El número dos del organismo, como ya defendió durante su etapa como ministro, argumentó que la adjudicación del Popular al Santander por un euro en la madrugada del 7 de junio de 2017 fue la mejor alternativa que pudo tener la entidad y también, los españoles. Según apuntó, la caída del Popular habría obligado al Estado a recurrir al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) para avalar hasta un máximo de 100.000 euros a los depositantes, algo que hubiera sido imposible y el Estado habría tenido que realizar una emisión de deuda muy relevante que le habría restado credibilidad al país.
El Popular tuvo un final agonizante que se extendió durante varios meses, generando la desconfianza del mercado que tumbó el precio de la acción y provocó una fuga de depósitos en el banco, con la salida de más de 20.000 millones de euros en el mes de abril.
De Guindos aseguró que él, junto a la entonces secretaria de Estado de Economía, Irene Garrido, se pusieron en contacto con distintos organismos públicos con el objetivo de frenar la fuga de depósitos, algo que les resultó imposible porque las instituciones tenían sus propios criterios plasmados en sus estatutos para preservar sus inversiones.
Según el informe que los peritos judiciales aportaron a la causa abierta en la Audiencia Nacional, los mensajes del entonces presidente del banco, Emilio Saracho, a los accionistas sobre que habría que realizar una ampliación de capital en el banco o incluso venderlo, junto a las filtraciones a la prensa atribuidas a la presidenta de la JUR, Elke König, sobre que estaban vigilando el Popular, intensificaron la retirada de fondos del banco. La falta de liquidez con la que se vio la entidad a inicios de junio de 2017, fue tal que el consejo de administración del Popular tuvo que remitir una carta al BCE advirtiendo que no podrían abrir al público al día siguiente. La JUR intervino la entidad y se la adjudicó al Santander por un euro.
De Guindos, a pesar de defender lo sucedido como la mejor opción, criticó ante el magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, la falta de transparencia que ha tenido la JUR en el proceso, al negarse a dar los informes completos sobre el caso. Así, aseguró que él es partidario de que se hubiesen hecho públicos. El organismo de resolución europeo, por su parte, siempre ha defendido y sigue defendiendo que abrir toda esa información al completo podría generar inestabilidad en el sistema financiero.
Botín declara el 8 de octubre
La presidenta del Banco Santander, Ana Botín, declarará como testigo en el caso que investiga la caída del Popular el próximo 8 de octubre. Una semana después, el día 15, comparecerá también en calidad de testigo Rodrigo Echenique, quien fue presidente del Popular una vez que el grupo cántabro se hizo con el banco por un euro en junio de 2017.
Las comparecencias estaban inicialmente previstas para antes del verano, pero fueron pospuestas ante la paralización de la actividad judicial por la crisis del coronavirus.
