Varios inversores del Banco Popular han declarado en la Audiencia Nacional que acudieron a la ampliación de capital de 2016 ante la insistencia de los empleados de la entidad, que no solo les financiaron las acciones sino que además les prometieron ventajas de cara al futuro si suscribían la operación.
Una de las dos piezas separadas abiertas en la Audiencia Nacional investiga la ampliación de capital de 2.500 millones de euros ejecutada por el banco en 2016, y sobre ella se han centrado las declaraciones como testigos de los clientes citados por el juez instructor, José Luis Calama, dos de los cuales no pudieron declarar. Según fuentes jurídicas, los cuatro que sí prestaron declaración admitieron que compraron títulos a crédito con pólizas ya existentes o firmadas ad hoc para ello.
Teodoro García Giménez, representante legal de una empresa de importación y distribución de quesos, reveló que, a instancias del banco, decidió invertir 750.000 euros en la ampliación, que finalmente fueron 1,5 millones tras recibir la visita de tres directivos territoriales. Según las mismas fuentes, a García Giménez le aseguraron que "un cliente como él les haría mucha ilusión que acudiese a la ampliación, y que era mejor que suscribiese el doble".
El administrador de Calatrava Real Estate, Luis Cort, explicó que invirtió 1,5 millones de euros con un préstamo al 2%, inferior al de otras pólizas; la operación se aprobó "entre un lunes y un viernes", cuando en otras ocasiones las operaciones de financiación se demoraban durante meses. Además, le aseguraron que si acudía a la ampliación le rebajarían el precio de unos solares en los que estaba interesado.
Distinto fue el caso de Manuel Alonso Rubio, administrador de Motos Joker, al que ofrecieron ampliar de 70.000 a 100.000 euros una póliza ya existente para que adquiriera 30.000 euros en títulos del banco.
Otro de los testigos, José Martín Ríos, representante de una empresa de construcciones, tenía en aquel momento problemas de liquidez, y el banco le ofreció 250.000 euros para que empleara 200.000 en la compra de acciones y 50.000 para tesorería.
Varios exdirectivos habían asegurado en sede judicial que no hubo por parte de la dirección del banco, ni de forma explícita ni velada, instrucciones para que los clientes acudieran a la ampliación de capital mediante financiación obtenida del propio banco.
Así lo sostuvo, por el contrario, el expresidente de la entidad Emilio Saracho durante su comparecencia como investigado en octubre de 2019, cuando defendió ante el juez que el ex consejero delegado Francisco Gómez había dado instrucciones verbales en este sentido.
Más de tres años de causa
La causa que instruye la Audiencia Nacional comenzó en octubre de 2017, cuando el entonces titular del juzgado, Fernando Andreu, admitió a trámite varias querellas contra los dos últimos presidentes del Popular, Ángel Ron y Emilio Saracho, sus respectivos consejos de administración, el socio auditor de las cuentas y la firma PwC, por varios delitos societarios.
El magistrado abrió dos piezas separadas, la primera que investiga al equipo de Ron por la ampliación de capital por importe de 2.500 millones de euros que acometió la entidad en 2016, y una segunda sobre los 108 días de mandato de Saracho, que se centra en un posible delito de manipulación del mercado con noticias falsas para hacer caer el valor de la cotización.
