Los grandes fondos propietarios de miles de viviendas en alquiler en España de que la propuesta de Podemos de obligarles a destinar el 30% de su cartera a vivienda social supone en la "práctica una expropiación" y sería "un nuevo atentado contra el Derecho a la propiedad privada consagrado en el Artículo 33 de la Constitución Española".
Así lo advierten los inversores y propietarios agrupados a través de Asval, que representa a mayoritaria de la oferta de vivienda en alquiler en nuestro país con cerca de 2.000 asociados.
Dese la asociación aseguran que esta medida, que la formación morada quiere meter dentro de la nueva Ley de Vivienda, "lanza un mensaje contrario a la seguridad jurídica que se necesita para desarrollar el alquiler en nuestro país". "Esto va en contra de la confianza que reclaman inversores nacionales e internacionales que quieren operar en este mercado, y afecta a nuestra imagen como país", alertan.
Unidas Podemos asegura que con esta medida en pocos meses el parque publico aumentaría en 150.000 viviendas
La secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, explicó este martes en su comparecencia en el Congreso de los Diputados, que con esta propuesta se ayudaría a poner fin a la "emergencia habitacional" del país al aumentar en pocos meses el parque público entre 140.000 y 150.000 viviendas.
Belarra considera que es necesario elaborar una ley estatal que "ataje de una vez por todas la desprotección que vive el conjunto de la ciudadanía frente a un sector inmobiliario que genera cada año pingües beneficios".
Nuevo punto de desencuentro con PSOE
Sin embargo, para tranquilidad de los grandes tenedores de viviendas (más de 10 inmuebles), parece que este es otro de los puntos de fricción que se están dando entre Unidas Podemos y PSOE en la negociación de la nueva normativa que, previsiblemente, debería llevarse al Consejo de Ministros este mismo mes. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, prefirió no opinar sobre la propuesta de Belarra: "Ahora no corresponde comentarlo. Todo se reflejará en el proyecto de ley".
Si bien, sí que se pronunció en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros sobre la posibilidad de incluir en la Ley de vivienda la suspensión de los desahucios a inquilinos vulnerables que ocupan viviendas sin contrato, como pretende Unidas Podemos.
"A expensas de ver el texto definitivo, puedo aventurar o anticipar que el interés y objetivo de la medida anterior era puramente temporal y durante el estado de alarma, por lo que lo más lógico y razonable es que no se contemple ninguna situación similar en la próxima ley de vivienda, aunque habrá que esperar al texto definitivo", apuntó Montero.
Aluvión judicial
Asval considera que de aprobarse esta medida "sería un varapalo sin precedentes a las vías de colaboración público-privadas en las que quiere trabajar el Gobierno en materia de desarrollo del mercado de vivienda en alquiler en España". Además, advierten que medidas de este calado darán lugar a reclamaciones ante el Estado por responsabilidades patrimoniales y económicas ante los tribunales ordinarios españoles, así como ante organismos y cortes internacionales.
La asociación considera también que "sentaría un peligroso precedente, yendo en la dirección opuesta a la estabilidad institucional que necesita el mercado del alquiler para poder desarrollarse al nivel de nuestros vecinos europeos" y recuerdan en este sentido que el Tribunal Constitucional acaba de pronunciarse en contra de una norma, esta vez impulsada por el Govern de Catalunya.
Esta nueva propuesta, que se suma a una batería de medidas impulsadas desde Unidas Podemos que afectan a los grandes tenedores de vivienda y generan diferencias legales entre estos y los pequeños propietarios (menos de diez viviendas), no ha sido bien recibida en el sector, que consideran que se trata de un problema social que debe solucionar la Administración.
Responsabilidad pública
En esta línea, José García-Montalvo, Catedrático de Economía de la UPF, ha recordado durante la presentación del XXXII Informe sobre el mercado de la vivienda elaborado por Tecnocasa y la Universitat Pompeu Fabra (UPF), que "el alquiler social es una de las responsabilidades que tiene el sector público, trasladarla al sector privado es muy sencillo cuando tu no has hecho lo que tenías que hacer y te has dedicado a vender las viviendas de protección oficial. Cada uno tiene sus responsabilidades y no trasladarlas a otros sectores que no son los que en principio tienen que cumplir esta función".
Así, desde el sector inversor apuestan por abaratar los precios mediante el desarrollo de más vivienda asequible en alquiler en colaboración público privada y aseguran que España sigue siendo atractiva para la inversión pese a la crisis. Así lo destacó este martes Eduard Mendiluce, CEO de Aliseda y Anticipa, durante la mesa de debate organizada por PwC y ULI, en la que apuntó que la vivienda social "es responsabilidad al 100% de la Administración pública" y en la que aprovechó para cargar contra las últimas medidas en materia de vivienda.
Mendiluce aseguró que España es el único país de la UE que "protege a los okupas"
"Estamos en un país que penaliza la vivienda vacía, que penaliza alquilar y también al tenedor de más de diez viviendas y que pone al mismo nivel a un deudor hipotecario o de alquiler que a un okupa", de hecho, Mendiluce aseguró que España es el único país de la UE que "protege a los okupas".
Por su parte, Gonzalo Ortíz, cofundador y presidente de Tectum, recordó que hay que construir 2 millones de viviendas en los próximos 15 años y para ello "tenemos que conseguir reglas del juego justas, y que la Administración de seguridad a largo plazo a la inversión".
Jordi Argemí, CEO adjunto y CFO de Neinor Homes, explicó que actualmente lo que piden los inversores tanto en España como a nivel internacional es "una mejor gestión de la crisis sanitaria y estabilidad gubernamental. Al final cuando hay estabilidad y políticas fiscales económicas hay el apetito inversor crece, pero cuando no las hay cae y esto repercute en el volumen de transacciones y también en el precio de estas. Todo lo que sea intervención per se no es lo más adecuado para tener apetito inversor".
