Unidas Podemos quiere incluir en la nueva Ley de Vivienda, que negocia con el PSOE desde hace varias semanas, la prohibición permanente de desahucios sin alternativa habitacional y el corte de suministros a la población vulnerable, medidas que ahora están en vigor mientras dure el actual estado de alarma por el coronavirus.
Según fuentes de Unidas Podemos, introducir ambas medidas en la nueva normativa supondría "blindar automáticamente" esta protección para el colectivo vulnerable. De este modo, han apelado a que en un país con más de tres millones de viviendas vacías "no se puede dejar a nadie en la calle". En consecuencia, recoger la prohibición de desahucios y cortes de suministros en los términos fijados ahora por decreto permitiría a España "cumplir con su obligación internacional en materia de derecho a la vivienda, contenida en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales".
Unidas Podemos considera que estas medidas se han erigido como "indispensables" para garantizar la protección social y evitar que se produjeran situaciones de "desprotección" de las familias más vulnerables, como "lamentablemente" ocurrió el pasado noviembre y diciembre.
Esta es una de las principales demandas de la formación morada de cara a la Ley de Vivienda, junto a la "regulación y la intervención" pública a través de ayuntamientos y comunidades que permita limitar los precios del alquiler en las zonas de mercado tensionado.
El decreto antidesahucios fue una de las claves para la aprobación de los Presupuestos y no estuvo exento de negociaciones
La regulación del coste del arrendamiento fue uno de los puntos claves del acuerdo entre los socios de coalición (PSOE y Unidas Podemos) para el borrador de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). El compromiso alcanzado pauta que se incluirá en la nueva Ley de Vivienda que abordará el Consejo de Ministros y se remitirá posteriormente al Congreso.
El decreto antidesahucios y la prohibición de cortes de suministros para todo el estado de alarma se acordó en diciembre en el Consejo de Ministros, enmarcada en el denominado 'escudo social' ante la pandemia, después de tensiones entre los socios de coalición en las negociaciones previas.
La medida incluye también a las personas vulnerables anteriores a la crisis del covid-19, no solo a las afectadas durante la pandemia. En los desahucios, se establece que la condición de vulnerabilidad se concederá mediante los servicios sociales a través de un informe vinculante, que los tribunales tendrán que solicitar obligatoriamente en el caso de que los afectados aleguen dicha vulnerabilidad.
También establece la opción de compensaciones en el supuesto de que el arrendador pueda demostrar perjuicio económico y pasados tres meses sin que se dé alternativa habitacional, quedando excluidos casos de viviendas vacías. Esta opción fue incluida, tal y como planteaba el PSOE, para reforzar la seguridad jurídica del decreto.
Respecto a la suspensión del corte de suministros, se aplica no sólo a los titulares del contrato sino a aquellas personas que no puedan acreditarlo pero que reúnan dichas condiciones, pudiendo demostrar dicha circunstancia por medio de los servicios sociales o los mediadores sociales (entidades del Tercer Sector).
La intención de Unidas Podemos es movilizar el parque de viviendas vacías y forzar que salgan al mercado para ayudar a familias vulnerables
La secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, ya detalló en diciembre que su aspiración es que la nueva ley movilice la vivienda vacía propiedad de los grandes tenedores y forzar a que la saquen al mercado para incrementar la oferta de alquiler social en favor de las familias vulnerables. Para ello, se tendrá que colaborar también con las distintas comunidades autónomas para que "no salga a cuenta tener vivienda parada", combinando distintos instrumentos, ya sean incentivos o de carácter obligatorio.
Preguntada sobre si en el plano obligatorio podría haber posibilidad de sanción o alguna carga fiscal a grandes propietarios, dijo que aún no se puede descartar nada.
Además, un informe de Vicepresidencia segunda de Derechos Sociales y Agenda 2030 califica de "fracaso" el 'modelo luso' de incentivos fiscales de cara a lograr bajadas del precio del alquiler, por el que se decanta el PSOE.
El análisis del departamento que lidera Pablo Iglesias sostiene que la medida lusa "no limita el precio del alquiler, sino que es una iniciativa de carácter voluntario que tiene como objetivo promover la oferta de vivienda en alquiler por debajo de los valores de mercado mediante beneficios fiscales". "Poco hace para cumplir con su objetivo de dinamizar los alquileres", ahonda el documento para añadir que el programa "es un fracaso" a tenor de los datos del Ministerio de Infraestructura y Vivienda luso.
También detecta que el motivo principal "del fracaso" es que, para los propietarios, los beneficios fiscales (exención del pago del IRPF aplicable al alquiler y reducción del IBI) "no resultan atractivos" y "los ahorros con Hacienda no son suficientes para compensar las pérdidas que implicaría la participación en el programa".
