El volumen de lanzamientos practicados por los Juzgados de Primera Instancia por procedimientos de ejecución hipotecaria (impago del crédito) y de alquiler tocó en el tercer trimestre de este año su nivel histórico más bajo desde que hay datos (a excepción del segundo trimestre de 2020, cuando prácticamente no hubo actividad judicial por el estallido de la pandemia) con 6.985 casos, un 31,8% menos que en el trimestre anterior y un 14,8% menos que en el mismo periodo del ejercicio previo.

El Tribunal Constitucional ha dado la razón al Gobierno de Pedro Sánchez y ha anulado tres apartados del artículo único del decreto-ley de la Generalitat de refuerzo de la protección del derecho a la vivienda ante los efectos de la pandemia, si bien puede tener consecuencias más allá y suponer la supresión de la obligación para los grandes propietarios de ofrecer un alquiler social antes de iniciar un procedimiento de desahucio.

El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucionales y nulos los apartados 1, 2 y 3 del artículo único del decreto-ley 37/2020 de 3 de noviembre, de la Generalitat de Cataluña de refuerzo de la protección del derecho a la vivienda ante los efectos de la pandemia, que habían sido recurridos por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El Parlament aprobó este miércoles la nueva ley catalana antidesahucios que toma el relevo de la anulada hace un año por el Tribunal Constitucional por un defecto de forma y que incrementa las obligaciones de los grandes tenedores ante inquilinos morosos que acrediten su vulnerabilidad económica. En ese caso, las empresas con más de 10 pisos o los particulares con más de 15 estarán obligados a ofrecer un alquiler social aunque los ocupantes de la vivienda no tengan contrato porque hayan okupado el inmueble. Y la obligación se alarga en el tiempo: cinco años si el gran tenedor es persona física; siete años, si es persona jurídica, y doce años si se trata de un banco o un fondo de inversión.

Los propietarios de viviendas en alquiler, a través de Asval, advierten de la "indefensión" que están experimentando a raíz de la prórroga del escudo social contra los desahucios de familias sin alternativa habitacional y recuerdan que "un 40% de los propietarios necesitan alquilar su vivienda para cubrir necesidades personales y/o familiares".

La entrada de nuevos procedimientos de ejecuciones hipotecarias se ha elevado un 60%, hasta los 21.430 casos, según los últimos datos aportados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a cierre del tercer trimestre del año. El incremento se explica, según las fuentes financieras consultadas, entre otros asuntos, por dos motivos: de un lado la vuelta a la normalidad judicial tras la parálisis vivida en el segundo trimestre de 2020 a consecuencia del estallido de la pandemia en nuestro país, y por otro, a la sentencia del Tribunal Supremo de finales de 2019 sobre vencimiento anticipado que mantenía congelados todos los casos hasta su deliberación.

La Agencia Catalana del Consumo ha abierto 85 expedientes sancionadores a 38 empresas que son grandes tenedoras de vivienda por incumplir la obligación legal de ofrecer un realojamiento en régimen de alquiler social a personas o familias vulnerables que entran en proceso de desahucio por impago.

El contenido de la futura ley de vivienda se antoja una controvertida norma teóricamente llamada a dar respuesta a un sempiterno problema, cual es posibilitar el cumplimiento del derecho a la vivienda digna que nuestra Constitución incluye dentro de los principios rectores de la política social y económica en su artículo 47.

La Ley de Garantía del Derecho a la Vivienda que Podemos, junto a otros partidos, registró en el Congreso presenta aspectos preocupantes, más allá incluso del conocido control de alquileres en zonas “tensionadas”.

El número de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales se disparó un 253,2% en el segundo trimestre del año en relación al mismo periodo de 2020 hasta situarse en 3.243, y se mantiene en su mayor nivel en cuatro años que ya alcanzó en los tres primeros meses del año.

Ahora que el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha anulado la moratoria federal sobre los desahucios y que la mayoría de las protecciones estatales y locales acabarán en septiembre, los analistas de Goldman Sachs estiman que 750.000 de familias del país se enfrentarán a un potencial desalojo durante el próximo otoño e invierno.

El Gobierno ha prorrogado el llamado "escudo social". Se trata de un conjunto de medidas entre las que se incluyen la suspensión de los desahucios y de los pagos de alquileres de vivienda así como la prohibición de cortar los suministros básicos a aquellos consumidores vulnerables más castigados por los efectos económicos de la pandemia sanitaria.

El hermano de Fran y Cayetano Rivera llevaba unos meses mediáticamente desaparecido pero este fin de semana ha vuelto al ojo del huracán. ¿El motivo? La casera de Julián Contreras lo acusa de deberle 9.000 euros en concepto de alquiler y avisa que va a pedir su desahucio. Él lo desmiente todo: "No es nada cierto, se pusieron en contacto conmigo y di las oportunas explicaciones, mi abogada también".

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto para poner en marcha compensaciones a los propietarios de viviendas que no pueden disponer de ellas a raiz del decreto antidesahucios que paralizaba el desalojo tanto de inquilinos con contrato de arrendamiento que no han pagado como de familias vulnerables que ocupaban el inmueble sin título legal.

El número de deshaucios (lanzamientos) lanzamientos practicados en el primer trimestre de 2021, 10.961 en total, se incrementó en un 13,4% respecto al mismo periodo de 2020.

El Gobierno ha aprobado este martes un decreto por el que extenderá medidas sociales como la moratoria del alquiler y la suspensión de los desahucios para colectivos vulnerables tres meses más después de que el domingo 9 de mayo decaiga el estado de alarma.

La última decisión del Gobierno de coalición tendrá consecuencias económicas sobre la banca. El anuncio de Pedro Sánchez, de prorrogar tres meses la suspensión de desahucios para familias vulnerables sin alternativa habitacional, así como el pago del alquiler, se traducirá en un castigo de 5.000 millones para las entidades financieras que durante este periodo dejarán de amortizar las hipotecas. Además, en este tiempo, la banca dejará de ingresar 100 millones en intereses.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles que se ampliarán tres meses más las políticas de moratoria de alquiler y suspensión de desahucios para colectivos vulnerables que se pusieron en marcha durante la pandemia.

Más de la mitad de los arrendadores españoles considera que el intervencionismo del estado en los alquileres privado frenaría la oferta de viviendas en alquiler y defienden que solo se debería controlar el mercado de alquileres públicos. Esta es una de las conclusiones que refleja el informe Radiografía del arrendador en España. ¿Cómo afectarían las medidas intervencionistas en el mercado del alquiler?, realizado por Fotocasa y la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA).

Las ejecuciones hipotecarias sobre vivienda habitual subieron un 37,4% en 2020 hasta las 7.367, registrando el mayor aumento desde el inicio de la serie en 2014 y tras cinco años de caídas, según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El número de ejecuciones hipotecarias iniciadas en 2020 fue de 20.460, un dato que refleja un importante aumento -un 17,5% más- respecto a las iniciadas en 2019 y que constituye el primer incremento interanual observado desde el año 2012.

El 71,4% de los lanzamientos registrados en el cuarto trimestre de 2020, 8.046, fue consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que otros 2.659 (el 23,6%) se derivó de ejecuciones hipotecarias. Los 557 restantes obedecieron a otras causas, según el informe Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales', que hoy ha hecho público la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial.

Las conversaciones entre Unidas Podemos y PSOE sobre la futura ley de vivienda han avanzado este jueves en un acuerdo para extender a la nueva la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional para personas en situación de vulnerabilidad actualmente recogida en el decreto antidesahucios activo hasta el final del estado de alarma.

El Gobierno ha aprobado este martes la prórroga de la suspensión de los lanzamientos y desahucios, que estaba vigente hasta el 31 de enero, hasta la finalización del estado de alarma el 9 de mayo de 202.

El magistrado Juan José Escalonilla investiga a Juan Carlos Monedero por una factura presuntamente falsa de 26.000 euros que cobró de Neurona; Pablo Echenique fue sancionado por Hacienda por no pagar el IRPF de su asistenta e Irene Montero, la ministra de Igualdad y pareja de Pablo Iglesias, coloca de adjunta a su jefa de gabinete, Teresa Arellano, para que haga de niñera con cargo a los Presupuestos del Estado. Y en Podemos aún se extrañan de que los youtubers, que ingresan cantidades millonarias, trasladen su domicilio fiscal a Andorra para rebajar su factura fiscal.

La protección de los ciudadanos en situación de vulnerabilidad social y económica es una de las responsabilidades de los poderes públicos que, sin duda, debe ejercerse en toda su extensión, especialmente en momentos tan dramáticos como los que vivimos con una crisis sanitaria, social y económica sin precedentes en la historia reciente.

Unidas Podemos propondrá en la nueva Ley de Vivienda que se defina como gran tenedor a los propietarios que tengan cinco o más inmuebles, según han explicado fuentes de la formación. Sin embargo, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha rechazado este lunes la propuesta.

El Gobierno impulsa una modificación de calado en el decreto que prohíbe los desahucios en el estado de alarma. Hasta el momento, esa norma contemplaba una importante excepción: el desalojo podía ejecutarse si la entrada en la vivienda constituía delito.

Pablo Iglesias vuelve a servirse de la legislación sobre desahucios como caballo de batalla frente al PSOE en el Gobierno. De hecho, el vicepresidente lleva al extremo sus exigencias en esta materia al abogar por que la nueva Ley de Vivienda prohíba “de forma permanente” los desahucios cuando no exista “alternativa habitacional”.

Unidas Podemos quiere incluir en la nueva Ley de Vivienda, que negocia con el PSOE desde hace varias semanas, la prohibición permanente de desahucios sin alternativa habitacional y el corte de suministros a la población vulnerable, medidas que ahora están en vigor mientras dure el actual estado de alarma por el coronavirus.