El Gobierno abre la puerta a ceder suelo público a coste cero a las empresas privadas para que construyan viviendas de alquiler social. El Consejo de Ministros ha aprobado así una disposición legal para permitir al Ejecutivo no cobrar nada a los fondos o promotores por la explotación de ese suelo público durante un máximo de 75 años.
"El pago del canon tiene que ver con la limitación de esos alquileres sociales y esta disposición nos permite que el canon pueda llegar a ser cero. No tiene por qué ser cero, dependerá de los precios, de lo que se construya y dónde se construya. Pero nos permite, en un momento dado, que los constructores no tengan que pagarlo", ha explicado José Luis Ábalos, ministro de Transportes, Movilidad y Vivienda, en la rueda de prensa posterior a la celebración del Consejo de Ministros.
"El pago del canon tiene que ver con la limitación de esos alquileres sociales y esta disposición nos permite que el canon pueda llegar a ser cero"
El ministro ya anunció el año pasado este proyecto para ampliar el parque de vivienda público de España, que supone un 2,5% del total frente al 5% de la media europea, contando con la colaboración público-privada. El programa implica que el Gobierno de la Nación aporta, a través del SEPES, suelo de titularidad estatal para que fondos, promotoras o constructores privados levanten vivienda para alquiler social y gestionen esas rentas y edificios durante el periodo de la concesión. La idea es sacar los terrenos a licitación y que las empresas presenten sus proyectos de inversión.
"Creo que es una medida muy incentivadora cuyo objetivo es dinamizar la economía y al mismo tiempo ir generando un parque de vivienda pública que no tenemos en este país y que incluso a ido a menos por determinadas políticas públicas", ha señalado Ábalos.
Busca la colaboración público-privada y en un primer momento se habló de una rentabilidad máxima del 10%
Cuando se presentó por primera vez esta iniciativa (octubre de 2019), el ministro de Transportes señaló que estaba en contacto con los distintos ministerios para identificar el suelo público disponible y establecer cuánto se podría destinar a la promoción de vivienda pública. Asimismo, señaló que su objetivo es que el modelo fuera replicable en todos los niveles de la administración para que las ayuntamientos y las autonomía destinaran suelo de su titularidad a este tipo de iniciativa, que una primera fase contemplaba la construcción de 20.000 viviendas.
En ese momento también se explicó que los terrenos se adjudicarían a los inversores privados durante unos 50 años, espacio temporal que ha aumentado a un máximo de 75 años en función del proyecto y la zona, y que después se tendrían que devolver al Estado para que engrosara la planta de vivienda público. Ahora no ha especificado si habrá opción a prorrogar las concesiones.
La idea inicial era que en los pliegos se fijaran las rentabilidades que podrán lograr los inversores con el cobro de los alquileres, que no estaba previsto que llegara al 10%. Ábalos justificó el atractivo del programa porque permite ahorrar el coste del suelo a los fondos, que supone el 40% del coste total de la promoción.
Dentro las medidas de vivienda, el Consejo de Ministros también ha aprobado otras medidas de ayudas al alquiler y que persiguen optimizar la eficiencia de los fondos del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, que actualmente obran en poder de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla. "Se flexibilizan las condiciones, incrementando de forma efectiva la inversión en 2020 y 2021 y permitiendo a estas administraciones territoriales redirigir la financiación y las ayudas donde sea más necesario", señala el ministerio.
