Empresas y finanzas

Ferrovial y Renfe prorrogan el contrato de las cafeterías de los trenes

  • Se extiende hasta el 30 de junio o hasta la resolución del concurso
  • Ferrovial, Comsa-Serunion y Newrest analizan presentar ofertas el 1 de febrero
Rafael del Pino, presidente de Ferrovial

Renfe y Ferrovial prorrogarán el contrato de los servicios a bordo, que incluyen entre otros los de las cafeterías en los trenes del operador ferroviario. La extensión se fijará hasta el próximo 30 de junio o hasta la resolución del nuevo concurso que está en marcha y por el que analizan presentar oferta el próximo 1 de febrero la propia Ferrovial, la alianza de Comsa y Serunion y la francesa Newrest, según indican fuentes conocedoras.

Renfe contempla una actividad similar a la realizada desde que se firmara el último contrato, a mediados de 2020, con un nivel muy reducido como consecuencia de la pandemia. No obstante, la empresa pública recuperará servicios si la actividad pudiera aumentar y la situación sanitaria lo permite.

Renfe y Ferrovial negociarán en los próximos días las condiciones de la prórroga del contrato a partir del 31 de enero, fecha de finalización del mismo. En este sentido, las fuentes consultadas señalan que se está buscando una mejora económica del contrato, toda vez que la compañía que preside Rafael de Pino ha incurrido en pérdidas mensuales de más de un millón de euros desde que se aprobara el nuevo contrato a mediados de 2020.

Renfe prevé someter esta extensión del contrato a la aprobación del consejo de administración en su próxima reunión, según señalan fuentes sindicales.

El presupuesto asciende a 122 millones de euros durante cinco años, lo que supone casi la cuarta parte que los 493 millones fijados en la licitación suspendida

En paralelo, Ferrovial, Comsa-Serunion y Newrest estudian el pliego del nuevo contrato de servicios a bordo que Renfe publicó el pasado verano y cuyas ofertas han de presentarse el 1 de febrero. Su presupuesto asciende a 122 millones de euros durante cinco años, lo que supone casi la cuarta parte que los 493 millones fijados en la licitación suspendida en abril por la pandemia. Una rebaja sustancial que, junto con la inclusión de riesgos ligados a la producción, genera múltiples dudas entre los potenciales licitantes de un contrato que desarrollan 1.800 trabajadores.

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