Abengoa se da ahora hasta el 1 de febrero para cerrar un acuerdo enquistado por 14 millones

Tampoco esta semana habrá fumata blanca para Abengoa. La compañía ha solicitado una nueva dispensa a los acreedores para prorrogar hasta el 1 de febrero el plazo para cerrar el acuerdo de reestructuración de su filial Abenewco 1, que se erigirá en la nueva Abengoa si el plan se valida finalmente. Se mantiene viva así la negociación en torno al Plan Vellocino entre los bancos y el Gobierno para tratar de llegar a un acuerdo.

El Santander, el banco más expuesto y que lidera todo el proceso, ha dado por aprobada la prórroga en la tarde de este jueves, según fuentes conocedoras. La banca seguirá por tanto negociando con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para intentar desatascar las reticencias del organismo público que impidieron firmar el plan antes del 31 de diciembre y que han persistido en los últimos días, de manera que el plazo dado hasta este viernes, 15 de enero, tampoco ha sido suficiente. La ayuda a Abenewco 1 no será analizada por la Comisión Delegada para Asuntos Económicos que se reúne este viernes.

Abengoa suma así la enésima prórroga para rubricar el plan de reestructuración (Vellocino) que firmó el pasado 6 de agosto con sus principales acreedores y los financiadores. Desde el 30 de septiembre se han ido sucediendo los aplazamientos. El consejo de administración de la compañía, presidido por Juan Pablo López-Bravo, advirtió el 23 de diciembre que si no se ejecutaba el plan antes del 31 de diciembre la compañía se vería abocada a la liquidación.

Los continuos retrasos están dañando gravemente la situación financiera y operativa de la ingeniería sevillana

Por el momento, a comienzos de enero Abenewco 1, que es la que tiene el grueso de los activos y los negocios y de la que dependen los cerca de 14.000 trabajadores en todo el mundo, se puso al día con las nóminas. Ahora bien, los continuos retrasos están dañando gravemente la situación financiera y operativa de la ingeniería sevillana, toda vez que sin circulante apenas puede avanzar en sus proyectos y sin avales no puede contratar.

Los bancos financiadores (Santander, Bankia, Crédit Agricole, CaixaBank, BBVA y Bankinter) pretendían sellar esta semana el acuerdo con el Gobierno, que participa en la refinanciación a través del ICO y el Cesce, pero las dudas de éste no se han disipado. Los reparos del Ejecutivo derivan del cambio en el plan Vellocino por la negativa de la Junta de Andalucía a aportar los 20 millones de euros que comprometió en verano, y del temor a las consecuencias de las amenazas de demanda y las acciones de responsabilidad social por parte de los accionistas minoritarios, convertidos en los mayores propietarios de Abengoa este mes con la Sindicatura –propietaria del 15,5% del capital-.

El Santander aceptó aportar en diciembre los 20 millones de la Junta de Andalucía, que tras meses de idas y venidas, se descolgó definitivamente a comienzos del pasado mes por carecer, según justificó, de instrumentos financieros dentro del marco legal. Esto, sin embargo, tiene implicaciones directas sobre el ICO, puesto que esos 20 millones que asume el banco cántabro están condicionados a la garantía del organismo público, algo que no ocurría en el caso de la Junta de Andalucía.

El acuerdo firmado en agosto contemplaba una financiación de 203 millones por parte de los seis bancos implicados y del propio ICO

El acuerdo firmado en agosto contemplaba una financiación de 203 millones por parte de los seis bancos implicados y del propio ICO (50 millones de euros), susceptibles de ampliarse en el futuro en 27 millones, hasta 230 millones –más los 20 millones de la Junta resultaban en un máximo de 250 millones-. El ICO, además, se comprometió a avalar el 70% del crédito bancario, es decir, 107,1 millones de los 153 millones que corresponden a las entidades.

Ahora, con la espantada del Gobierno andaluz y el relevo del Santander esa cantidad se elevaría en 14 millones (el 70% de los 20 millones referidos). Y es ahí donde radica desde hace varias semanas la fricción, según indican fuentes conocedoras.

El incremento del riesgo para el ICO encajaría dentro del plan si los 20 millones asumidos por el Santander se convalidaran dentro de los 27 millones que se reservaron financiar en el futuro, pero en ese caso la liquidez que podría recibir Abenewco 1 no serían 250 millones, sino 223 millones (o 230 millones si se mantuvieran los 7 millones de diferencia).

El acuerdo inicial recogía el aval por parte del ICO del 70% de hasta 180 millones (los 230 millones menos los 50 millones del organismo público). Esto equivale a 126 millones, 18,9 millones más que 107,1 millones contemplados en el primer tramo de financiación aprobado, por tanto, más que los 14 millones requeridos ahora.

Se trata, por tanto, de una lucha de equilibrios en los riesgos, puesto que en el ICO no se les escapa que la banca, y principalmente el Santander –la firma que más expuesta está con diferencia- se arriesgan a perder buena parte de la deuda que tienen en Abengoa. Para el banco presidido por Ana Patricia Botín los 20 millones adicionales sólo supondrían, con el aval del ICO, un riesgo de 6 millones -ya es la que más aportaba inicialmente con 65 millones-.

Las entidades 'juegan' con la exposición del Gobierno con el golpe político de dejar caer una empresa que da empleo a 3.000 trabajadores en España

Pero, de igual modo, desde las entidades también 'juegan' con que el Gobierno es el segundo accionista de la compañía, con un 3% -aunque esto se diluiría a prácticamente nada con el plan- y a través del Cesce tiene decenas de millones vinculados a proyectos de la empresa, además de con el golpe político que supondría dejar caer una empresa que da empleo a 3.000 trabajadores en España (14.000 en el mundo).

Y en este punto, más allá de los números, las reticencias del Gobierno también responden desde la perspectiva política, puesto que en Moncloa no entienden que el Ejecutivo regional, dirigido por el Partido Popular, no arrime el hombro por una de las empresas andaluzas de referencia y toda la responsabilidad tenga que recaer sobre el Gobierno nacional.