La descomunal burbuja en los derechos de acceso a la red eléctrica de proyectos renovables no va a desinflarse. Muchos promotores no piensan renunciar a las licencias y recuperar las garantías que las respaldan, opción válida hasta el viernes que viene. Con ello asumen la obligación de tener listos los proyectos en cinco años -y cumplir hitos intermedios-, so pena de perder dichas garantías. Asumiendo que se renuncie a un 20% de los permisos, aún habría que materializar unos 100 GW en el período, algo a todas luces imposible. En el mejor escenario, si se instalase la mitad, los avales ejecutados por incumplimiento rondarían los 2.000 millones de euros.
Red Eléctrica de España (REE), ha concedido el permiso de acceso a la red a 99 GW fotovoltaicos, a 30 GW eólicos y a otro gigavatio más de otras tecnologías, incluyendo 328 MW de solar termoeléctrica; en total, 130 GW de potencia, más del doble del objetivo del Gobierno para el año 2030.
Ante esta desproporción, y con la convicción de que muchos de esos derechos de acceso no están respaldados por proyectos firmes, sino que se han obtenido con la intención de especular con ellos, el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) aprobó en junio el Real Decreto-ley 23/2020.
Esta norma revisa el procedimiento de tramitación de las futuras centrales: además de culminarse en un plazo máximo de cinco años, deben disponer de los permisos intermedios en fijos plazos temporales, so pena de perder los avales de 40.000 euros por MW que las respaldan.
Opción a renunciar antes del próximo viernes
La norma abrió la puerta a que los promotores sin seguridad de cumplir las nuevas condiciones pudieran renunciar a sus derechos de acceso y recuperar las garantías en un plazo de tres meses desde su promulgación, que se cumple el próximo viernes, 25 de septiembre.
Un 60% de los derechos de acceso otorgados aún no tiene el derecho de conexión -el punto físico de enganche a la red- y podría esperarse que hubiera un importante volumen de renuncias, pero ese no es el sentir del sector, ni la temperatura del mercado, en el que las millonarias transacciones están a la orden del día.
Considerando la renuncia de un 20% de la potencia renovable con acceso concedido -volumen de consenso en las quinielas-, todavía quedaría 1 GW en proyectos con la obligación de ejecutarse en cinco años, algo materialmente imposible: triplica el volumen de nuevas instalaciones verdes previsto por el Gobierno hasta 2025, de 29.000 MW.
Teniendo en cuenta que los picos de instalación renovable en España han sido de 3,5 GW eólicos en 2007 y de 4,2 GW de fotovoltaica el año pasado, y considerando un escenario extremadamente favorable, sin problemas para financiar proyectos, sin retrasos de la Administración a la hora de otorgar las licencias intermedias, y sin trabas ambientales sobrevenidas, la consultora Reolum calcula que sólo habría medios físicos -como grúas o transformadores- para conectar a tiempo unos 55 GW... Eso sí, con permiso de la competencia internacional y con una importante inflación de precios que terminaría repercutiendo en los consumidores.
Considerando esos 55 GW como el máximo escenario factible, todavía quedarían derechos concedidos para otros 45 GW de proyectos que se irían quedando por el camino y que verían cómo pierden sus garantías. Atendiendo a la citado importe de los avales, las ejecuciones -en muchos casos, tras los correspondientes recursos judiciales- rondarán los 1.800 millones.
Históricamente, sólo se ejecutaron algunos avales por incumplimiento de plazos en la burbuja fotovoltaica que explotó en 2008, pero el Miteco está actuando con firmeza y ya ha ejecutado las garantías de los proyectos que han llegado tarde a los plazos de las subastas de 2017, vencidos este año.
Los plazos administrativos, claves para reclamar al Juez
Como se ha apuntado, el RDL 23/20 establece plazos temporales para obtener las sucesivos licencias de la tramitación de una instalación, cuyo incumplimiento provoca la caducidad automática de los permisos y la ejecución inmediata de los avales presentados.
El primero de los hitos, el derecho de conexión, debe obtenerse antes de que acabe este año. Luego varía en función de la antigüedad del derecho de acceso; la mayoría, que lo consiguió después del 31 de diciembre de 2017, tiene seis meses para presentar la solicitud de la autorización administrativa previa, 22 meses para conseguir la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), 25 meses para obtener la autorización administrativa previa, 28 meses para la autorización de construcción, y cinco años para culminar la instalación y disponer de la autorización de explotación definitiva.
Para evitar que los promotores renuncien a sus derechos de acceso antes del viernes y automáticamente los vuelvan a pedir, la norma también establece una moratoria a la concesión de nuevos permisos, hasta que se apruebe la nueva regulación de acceso y la conexión a la red, que elaboran en paralelo el Ministerio para la Transición Ecológica (un Real Decreto) y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (una Circular).
El gran escollo ambiental
Esta nueva regulación, que ya debería estar aprobada, regula la ejecución de los avales y sólo la evita cuando no se obtiene la DIA por causas no imputables al interesado, lo que deja a las empresas a merced de que la Administración cumpla también con los plazos previstos.
En el caso de que la Administración se retrase y se ejecute el aval, la salida del promotor es presentar una reclamación de Responsabilidad Patrimonial, y se espera un aluvión de ellas, amén de otros litigios por casuísticas imprevistas.
Esta normativa también prevé la posibilidad de recuperar un derecho de acceso al que se renuncie antes del viernes, con estrictas condiciones y tras depositar un aval de 250.000 euros por MW.
Los departamentos jurídicos de las empresas consideran que hay indefensión jurídica porque el retraso en la promulgación del Real Decreto y la Circular impide hacer una correcta valoración de la situación.
