Empresas y finanzas

Ribera empieza a ejecutar los avales de las subastas renovables

  • Abre expedientes para incautar 18 millones, correspondientes a 1.000 MW de proyectos fallidos
  • A finales de año podrían exigirse más de 100 millones a los participantes
Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica en funciones. Foto: EFE

El Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) empieza a ejecutar los avales presentados por los promotores de renovables para participar en las subastas celebradas en 2017, por no cumplir los hitos administrativos establecidos en la normativa para garantizar que sus proyectos se ejecutan en el plazo previsto. Los primeros expedientes de incautación afectan a unos 1.000 MW, a los que se reclaman 18 millones de euros por no haber logrado la autorización administrativa a los 12 meses de la puja. Si estos proyectos no se culminan antes del 31 de diciembre, perderán otros 30 millones.

En 2017 el Gobierno celebró dos subastas de renovables en las que adjudicó 4.107 MW eólicos y 4.109 MW fotovoltaicos. Para participar en las pujas, las empresas tuvieron que depositar una garantía financiera de 60.000 euros por cada MW de potencia de los proyectos -unos 488 millones en conjunto-, que se devuelve progresivamente, según se cumplen hitos administrativos.

El primero de estos hitos, a los seis meses del concurso, era la identificación de la potencia obtenida en la subasta con plantas concretas, ligada a la devolución parcial del aval de 12.000 euros por MW, que se produjo en febrero del año pasado. Todos los adjudicatarios consiguieron hacerlo.

El segundo hito, al año de la adjudicación, correspondía a la obtención de la autorización administrativa para la construcción de las plantas identificadas, que da derecho a otra devolución parcial del aval, en este caso de 18.000 euros por MW. El plazo límite se cumplió en octubre de 2018 y la normativa establece que la Dirección General de Política Energética y Minas empiece a ejecutar, de oficio, esta parte del aval un año después, algo que ya está sucediendo.

El Miteco indica a elEconomista que las ejecuciones afectarán a proyectos con una potencia de unos 1.000 MW -no informa de cuántos ni de qué tecnologías limpias-, que suman unos 18 millones.

Hito final en diciembre

La ejecución parcial del aval no impide seguir adelante con los proyectos, aunque se consiga la autorización administrativa fuera de plazo. De hecho, si estos proyectos consiguen ejecutarse antes del 31 de diciembre, recuperarán íntegramente la garantía financiera. Pero si no lo consiguen, perderán la parte restante del aval, de 30.000 euros por MW, es decir, otros 30 millones.

Hay muchos más proyectos con dificultades para cumplir este último hito, la inscripción de la instalación en el Registro de régimen retributivo específico del Miteco, en estado de explotación: por el lado eólico, el sector cree que la mitad de los parques llegará tarde, lo que puede implicar la ejecución de unos 60 millones en avales. Por el lado fotovoltaico se espera el retraso de un tercio de las plantas, correspondientes a otros 50 millones. En total, hay más de 100 millones en el alero.

Finalmente, otra puja anterior, en 2016, otorgó otros 500 MW eólicos, 200 MW de biomasa y 20 MW de otras tecnologías, exigiendo un aval inferior, de 20.000 euros por MW -unos 14,4 millones en total-, y sin hitos intermedios para su devolución; se ejecutará si las instalaciones no se construyen antes de marzo de 2020.

Avales de red de 40.000 euros por MW

Las garantías para participar en las subastas de 2016 y 2017 no deben confundirse con los avales exigidos para otorgar los puntos de acceso y conexión a la red eléctrica, que ascienden a 40.000 euros por MW desde finales del año pasado para frenar la especulación.

Estos avales son mucho más difíciles de ejecutar que los de las subastas, porque sus plazos son más largos, de años, están sujetos a prórrogas y terminan judicializándose. Por ello nadie recuerda que se haya ejecutado nunca ninguno.

Las garantías presentadas para participar en las subastas, en cambio, responden a un proceso concreto, con hitos temporales bien acotados, y parece que su ejecución será mucho más difícil de evitar apelando a los tribunales.

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