El juez que investiga los encargos de espionaje de BBVA al excomisario Villarejo centra un extremo de sus indagaciones en conocer qué responsabilidad tuvo el expresidente del banco, Francisco González (FG), en la denuncia anónima interpuesta contra la asociación de consumidores Ausbanc, que tumbó la organización y llevó a su presidente, Luis Pineda, a prisión provisional durante tres años acusado de, entre otros delitos, extorsión.
El magistrado Manuel García-Castellón ha solicitado a PwC, consultora contratada por BBVA para realizar el informe forensic sobre la relación contractual de la entidad con el excomisario a lo largo de 13 años, toda la información que relacione a FG con Ausbanc. Según la providencia a la que ha tenido acceso Efe, PwC tiene siete días para aportar la información que empezaron a contar el pasado lunes 29 de junio. Por tanto, los documentos tendrían que ser entregados a inicios de la próxima semana.
La solicitud del magistrado requiere los más de 2.000 datos hallados por la consultora al cruzar el nombre del expresidente del banco con las palabras clave 'Ausbanc' y un listado de nombres de empleados y compañías que colgaban de la asociación de consumidores.
La petición de García-Castellón se ha dirigido concretamente al testigo-perito senior manager del departamento Forensic de PwC, Alberto García Martín. Además de las coincidencias encontradas en el cruce de datos hecho para realizar el informe, el juez pide otra información muy concreta sobre FG: conocer hasta cuándo ha tenido relación con el banco o la Fundación BBVA. Así, requiere saber cuánto tiempo ha obtenido el expresidente de la entidad beneficios personales del grupo financiero como seguridad o escolta, con el objetivo de conocer concretamente con qué dispositivos de FG pudo hacerse la consultora para llevar a cabo la investigación.
Dentro de los requerimientos de García-Castellón, también demanda todos los documentos que recopiló la compañía en los que aparezcan las palabras 'Denuncia Anónima' y 'Operación Nelson' (como Villarejo bautizó la investigación Ausbanc), aseverando que tiene constancia de que sobre el primer concepto hay 1.190 coincidencias y 306, del segundo. Finalmente, el juez ha preguntado a la consultora que si en la búsqueda de palabras clave se incluyó el número de teléfono propiedad de Luis Pineda.
En paralelo, el expresidente de Ausbanc afronta tras el fin del estado de alarma el juicio que se inició este invierno contra él y varios miembros relacionados con la asociación que encabezaba por extorsión. Su defensa, el abogado Miguel Durán, pidió a inicios de este año que se suspendiera el juicio alegando que la denuncia anónima que inició la investigación sobre Ausbanc la interpuso el círculo cercano del excomisario Villarejo a instancias del banco, entonces presidido por Francisco González. Sin embargo, la Audiencia Nacional hizo caso omiso de la petición y siguió adelante con el proceso.
Ahora, es el juez del caso Tándem el que apunta a estar más dispuesto a llegar hasta el final en la presunta vinculación que BBVA pudo tener con la interposición de dicha denuncia anónima. El sumario de la pieza que investiga a BBVA reveló que esta denuncia se redactó desde dentro de la entidad, concretamente por el entonces jefe de servicios jurídicos de la entidad, Eduardo Ortega (imputado) para después ser presentada el 2 de febrero de 2015 ante la Unidad contra Delitos económicos y Financieros (Udef). Nueve meses después, la Fiscalía Anticorrupción presuntamente a raíz de esta primera alarma presentó una denuncia contra la asociación ante el Juzgado Decano Central de Instrucción.
El primer párrafo de la denuncia rezaba: "Presento la presente denuncia de forma anónima como única solución, ampliamente meditada, para poner en conocimiento de las autoridades unos hechos delictivos que conozco por haber sido conocedor desde el interior de las organizaciones, preservando a la vez mi identidad por temor a represalias de las que sin duda sería objeto de conocerse mi nombre". Y a partir de ahí, las doce páginas del texto señalaban una serie de actividades irregulares llevadas a cabo por los directivos de la asociación de consumidores.
Dos años de seguimientos
El sumario del caso BBVA también desveló que Villarejo, a través del abogado que trabajaba con él, Rafael Redondo, mantuvo informado en todo momento al entonces jefe de Seguridad del banco, Julio Corrochano, de la investigación que realizó sobre Ausbanc y Pineda entre 2012 y 2014. No solo eso, según un auto del juez García-Castellón, Villarejo también espió "su entorno familiar, societario y patrimonial".
Ahora, el magistrado pretende afinar mejor de dónde salió el encargo para espiar a la asociación y la relación que Francisco González pudo tener con el mismo. El expresidente del grupo, imputado en la causa desde el pasado mes de noviembre por los presuntos delitos de cohecho y descubrimiento y revelación de secretos, declaró que conoció por la prensa que la entidad mantuvo contratadas a las empresas del excomisario.
