Unicaja, Abanca y Liberbank toman la delantera en la disposición de los créditos avalados por el Gobierno para el alquiler. Ambas entidades, junto a un pequeño grupo de cajas y cooperativas de menor tamaño, tienen ya a disposición de los clientes estas ayudas contra el coronavirus, cuyo lanzamiento se había visto retrasado y paralizado por la falta de un protocolo de actuación.
Según recoge el Instituto de Crédito Oficial (ICO), tanto Unicaja como Abanca y Liberbank han sellado el contrato marco y tienen operativa la línea en su red de sucursales, al igual que Caixa Pollença, Caixa Ontinyent, Laboral Kutxa y Bankoa. Eso sí, el conjunto del sector está recibiendo ya las peticiones por parte de los interesados en acceder a estos préstamos, que tramitarán de manera oficial una vez se vayan adhiriendo al plan en los próximo días.
El Gobierno aprobó el 1 de mayo, con carácter retroactivo al 1 de abril, esta financiación para los hogares con problemas para hacer frente al pago del alquiler de la vivienda, pero todavía esta medida se encuentra en fase de implementación y su proceso se ha visto ralentizado.
A diferencia de los avales del Estado para pymes, autónomos y grandes empresas, la labor de la banca es de mero intermediario, ya que el ICO cubre el 100% de los riesgos en caso de insolvencia de la financiación obtenida y, por tanto, es esta institución la que tiene que dar el visto bueno en todo momento. En el caso de las garantías para el tejido industrial la banca analiza los riesgos y autoriza previamente bajo sus criterios las operaciones, aunque estas sean revisadas previamente o posteriormente por la administración pública.
El plan contempla un línea de hasta 1.200 millones de euros en préstamos para el arrendamiento de viviendas, con un máximo por contrato de 900 euros. Cada beneficiario podrá obtener como mucho 5.400 euros para poder pagar las cuotas, un dinero que irá directamente a parar a la cuenta del arrendador y no al inquilino.
Problemas financieros
Se estima que la cuota media mensual de un alquiler se sitúa en torno a los 700 euros, una cantidad que muchas familias no pueden asumir debido a la caída de los ingresos por la inactividad o la falta de empleo. Por tanto, los hogares se están viendo obligados a reducir sus ahorros para cumplir con sus obligaciones.
El problema es que hay más de seis millones de personas que se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad financiera, según distintos estudios, ya que apenas cuentan con una hucha para sobrevivir ni tres meses si pierden una parte significativa de sus ingresos habituales, algo que ha sucedido debido a la imposición del confinamiento.
