La desaceleración económica que reflejan todos los indicados está haciendo mella en la actividad bancaria. El segmento que más ha crecido en los últimos años, el crédito al consumo, ha sufrido un fuerte correctivo en el mes de agosto. La nueva concesión de estos préstamos descendió en tasa interanual en un 6,7 por ciento, afectado por la menor alegría de los ciudadanos en sus gastos ante la incertidumbre que genera el escenario de nubarrones en el frente.
Según los datos del Banco de España, los créditos para la financiación de adquisición de bienes duraderos otorgada a las familias por parte de las entidades apenas alcanzó los 2.500 millones, siendo el ya el cuarto mes de 2019 que registra tasas de decrecimiento, aunque hasta ahora estas eran muy residuales, menores al 1%.
Las caídas contrastan con los ascensos de más de doble dígito que venían experimentando los importes de estas operaciones desde que comenzó la recuperación y que llegaron a sobrepasas alzas del 30% en algún momento.
Pese a los recortes, la nueva concesión de créditos al consumo aún presenta un ritmo positivo en los ocho primeros meses con respecto al volumen del mismo periodo del ejercicio anterior, debido sobretodo al incremento de enero, cuando avanzó más de un 14%. En concreto, entre principios de este ejercicio y agosto, el saldo otorgado por los bancos en financiación al consumo -sin tener en cuenta el relacionado con las tarjetas- se situó en 23.421 millones, un 3,4% más un año antes.
El frenazo en este segmento de actividad coincide en un momento en que las entidades están apostando por otro tipo de crédito ante la insistencia del regulador de que sean más prudentes, tras detectar una subida de los morosos. Los impagos en esta tipología han subido en lo que llevamos de 2019 en casi 750 millones (un 17,4%) y sobrepasa el umbral de los 5.000 millones.
Las entidades habían abierto el grifo desde 2013 en los préstamos al consumo al calor de la mejora de la economía y la mayor demanda de los españoles por las mejores perspectivas, además de por la elevada rentabilidad que ofrecen frente a otros productos en esta época de tipos de interés negativos. Hay que tener en cuenta que los precios que piden los bancos por esta financiación supera el 8%, incluyendo tasas y comisiones, siendo uno de los más altos de todo el Viejo Continente.
Sube la morosidad
El repunte de la morosidad desde hace el ejercicio pasado y la ralentización de la demanda está suponiendo un cambio de tendencia, el mismo que se está produciendo en otro de los nichos de negocio más importantes para la banca, las hipotecas. Los préstamos para la adquisición de una vivienda por parte de las familias está registrando también un parón, a pesar de que en agosto esta actividad se ha recuperado de los desplomes de junio y julio, superiores al 20%.
En agosto el dinero concedido por las entidades para la compra de pisos se situó en los 2.476 millones, lo que supone un alza de apenas el 3,4% con respecto al mismo mes de 2018. Eso sí, contrasta con los hundimientos previos afectados por la entrada en vigor de la reforma hipotecaria. Los cambios normativos generaron retrasos en las firmas de los contratos por la puesta en marcha de un nuevo sistema informático unitario entre notarios y el sector financiero.
Los expertos auguran que los aplazamientos se verán reflejados en las estadísticas en los próximos meses, por lo que señalan que las cifras están distorsionadas. Pese a ello, reconocen que la desaceleración económica está limitando la concesión.
Ambos factores han llevado a que en los ocho primeros meses el importe otorgado por los bancos para hipotecas se haya contraído un 2,5% interanualmente, a los 28.740 millones.
Tipos del 2,19%
La reforma legal, que presagiaba caídas de los tipos de interés en esta financiación por las advertencias de los banqueros, de momento ha surtido algunos efectos que perseguía. Desde su entrada en vigor las tasas -incluyendo comisiones- el precio se ha abaratado, aunque este fenómeno está influido por la elevada competencia del sector y por el batacazo del euribor a mínimos históricos. El TAE medio exigido ha bajado al 2,19%, mínimo desde septiembre de 2018, justo antes de la polémica del Supremo por el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD) y de que los políticos acercaran posturas para alcanzar un acuerdo con la nueva regulación.
La menor demanda ha recrudecido la guerra del sistema por la captación de hipotecas, con descensos de los intereses, sobre todo en la modalidad de tipos fijos.
