Economía

El BdE cree que con unos votantes cada vez más viejos será difícil reformar las pensiones

  • Pide una reforma que garantice la sostenibilidad futura del sistema de pensiones
  • BdE ve prioritario revisar el sistema de financiación de las CCAA
  • El consumo de los hogares y la política fiscal están sosteniendo el crecimiento

El Banco de España advierte de que el envejecimiento del votante mediano, parejo al incremento de la edad media de la población española, hará "políticamente más difícil" que se acometa una reforma que garantice financieramente el sistema de pensiones sin cargar su coste únicamente a las generaciones futuras.

En su Informe Anual de 2018 publicado este martes, la entidad vuelve a poner de manifiesto la urgencia de acometer una reforma del sistema de pensiones que actúe sobre ingresos y gastos, retomando propuestas que ya había puesto encima de la mesa como el retraso de la edad de jubilación y el ajuste de la cuantía de la pensión a la esperanza de vida y al crecimiento del PIB (factor de sostenibilidad).

Fuentes de la Dirección General de Economía y Estadística de la entidad han señalado que hay factores que pueden dificultar que se tomen determinadas decisiones políticas, como el hecho de que se hace mayor el votante mediano (valor medio en un conjunto de datos ordenado), lo que incrementará el apoyo social a medidas destinadas a mantener o incrementar el nivel de renta de la población de mayor edad (los ya jubilados o que están cerca de retirarse). Esta situación se puede ejemplificar con las recientes presiones de ciertos colectivos para mantener la indexación de las pensiones al IPC o por la reversión de ciertas medidas que buscaban la sostenibilidad del sistema. 

A juicio del Banco de España, esto podría hipotecar el bienestar de las generaciones presentes y futuras sobre las que recaería el peso de la carga de deuda, que ya se encuentra en niveles elevados.

Asimismo, la Dirección General de Economía y Estadística ha cuestionado que las recomendaciones de la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo para la reforma del sistema de pensiones tengan que descansar en un "consenso absoluto", cuando uno "razonablemente amplio" podría ser suficiente para no retrasar decisiones que se deberían tomar cuanto antes.

En el informe anual, la entidad dice que el retraso de la edad legal de jubilación a los 67 años, aprobado en 2011 y que se está llevando a cabo de manera progresiva hasta 2027, no ha propiciado de momento un aumento de la edad efectiva de jubilación, que sigue por debajo de los 65 años.

Por ello, cree que se debe "reconsiderar" la relación entre las prestaciones del sistema y la edad a la que se reciben, acompasando la entrada en la jubilación y la cuantía de la pensión al aumento de la longevidad.

"Se necesitan Consensos amplios"

Pablo Hernández de Cos, gobernador del BdE, reclama en que la institución una reforma que garantice la sostenibilidad a futuro del sistema de pensiones, construida desde "consensos amplios y sin demoras injustificadas" tras el fracaso del Pacto de Toledo en la anterior legislatura.

Hernández de Cos asegura que, para garantizar las pensiones, se necesitarán medidas adicionales tanto sobre los ingresos como sobre los gastos y nuevos incentivos para favorecer "un mayor alineamiento" entre la edad efectiva de jubilación y la legal, máxime cuando las últimas medidas adoptadas en materia de pensiones han retrasado hasta 2023 la aplicación del factor de sostenibilidad y reintroducido la revalorización de las pensiones con el IPC.

"La trascendencia de esta cuestión subraya la necesidad de construir consensos amplios, sin demoras injustificadas, acerca de estas medidas que son necesarias para que nuestro sistema de pensiones preserve la sostenibilidad intertemporal y la equidad entre las distintas generaciones", sostiene. Desde el organismo abogan por acometer medidas aunque no se alcance un consenso total, pero sí bastante holgado, según fuentes del Banco de España.

En su informe anual, la institución analiza los efectos del envejecimiento de la población sobre la economía española y que, a grandes rasgos, se pueden resumir en una reducción del crecimiento potencial, del empleo, de la tasa de ahorro, del consumo, de la inversión, de los salarios y de la recaudación fiscal y por cotizaciones sociales.

La ratio entre la población que recibirá prestaciones de jubilación (mayores de 66 años) y la población en edad de trabajar (16-66 años) se duplicará entre 2020 y 2050, con el consiguiente aumento del gasto público en pensiones, sanidad y cuidados de larga duración.

La economía resiste por ahora

En lo que se refiere al crecimiento, el análisis deja partes positivas y otras menos esperanzadoras. La economía de España está resistiendo la desaceleración global mucho mejor que la Eurozona. El PIB en España avanzó un 2,4% interanual en el primer trimestre de 2019 frente al 1,2% del área euro. Sin embargo, los factores que están sosteniendo el mayor avance del PIB no se pueden prolongar sin generar desequilibrios en la economía. Para lograr un crecimiento sostenible es necesaria la aportación del sector exterior y de los grandes socios comerciales de España, principalmente los de la Eurozona.

El mejor desempeño de la economía española puede "explicarse porque la demanda interna se comportara mejor en España que en el área del euro, en un contexto en el que ambas economías estuvieron sometidas a una perturbación externa común", según destaca el Banco de España en el informe publicado hoy martes.

El consumo de las familias es uno de los componentes que está aportando mayor crecimiento al PIB, el problema es que este consumo está avanzando más rápido que el aumento de las rentas de los hogares, lo que está conduciendo a una reducción de la tasa de ahorro. A medio y largo plazo, esta situación puede conducir a nuevos desequilibrios y mayores vulnerabilidades para las finanzas de las familias. 

Otra advertencia explícita del organismo es "la vulnerabilidad de algunos grupos de hogares como consecuencia del aumento de la porción de su gasto realizado con cargo a rentas futuras". Esto quiere decir que algunas familias están volviendo a endeudarse. 

El gasto público apoya

Por otro lado, "cierto tono expansivo de la política fiscal también contribuyó a explicar la fortaleza de la demanda interna y del PIB en 2018". En el primer trimestre de este 2019, el consumo privado ha supuesto 0,82 puntos de los 2,4 que ha crecido el PIB. El consumo público, por su parte, ha representado 0,36 puntos, mientras que la inversión ha supuesto 0,98 puntos, mientras que el descenso de las importaciones ha completado el crecimiento de España en el primer trimestre. El instituto monetario destaca el papel "de la demanda interna como sostén de la actividad". 

Según detalla el banco de España, "la capacidad de estos factores para seguir sosteniendo la actividad es limitada, en la medida en que su prolongación en el tiempo puede terminar generando ciertas vulnerabilidades en la posición de los hogares y las Administraciones Públicas".

A pesar de estas limitaciones, la panorámico sigue siendo teniendo factores positivos: "El balance agregado del sector privado ha continuado mejorando en el periodo más reciente". La reducción del endeudamiento de empresas y familias en los últimos años "ha reducido la vulnerabilidad ante perturbaciones que conlleven subidas de los costes de financiación o un empeoramiento de sus rentas".

Además, la economía española ha contado con el apoyo de las reformas estructurales de años pasados. El espíritu reformador se ha detenido en los últimos años, una situación que debería revertirse para mantener la sostenibilidad del crecimiento a largo plazo. Es más, el BdE advierte de que "uno de los riesgos es la reversión de algunas de las reformas que han resultado eficaces para favorecer la actual recuperación". 

La reformas realizadas durante los años más duros de la pasada crisis han sido vitales para recuperar el ritmo de crecimiento y reducir las vulnerabilidades de la economía española. "En el ámbito nacional, destacan el inicio del proceso de consolidación fiscal y las sucesivas reformas del sistema de pensiones para hacerlo más sostenible a largo plazo. Asimismo, en el mercado de trabajo se flexibilizó la contratación y se introdujeron elementos para facilitar el ajuste de las condiciones laborales a las circunstancias de las empresas, lo que contribuyó a la mejora de su competitividad y a la recuperación del empleo".

Además de recuperar el espíritu reformador, el BdE pide revisar la composición de los gastos y los ingresos públicos a la vez que se debe seguir el proceso de reducción de deuda pública. Todo ello puede contribuir "positivamente al crecimiento económico".

"En este contexto, un elemento relevante, susceptible de reconsideración, viene dado por el elevado nivel de beneficios fiscales actual, derivado de la presencia de numerosas exenciones, deducciones y tipos especiales reducidos, que generan pérdidas importantes de recaudación y distorsionan la eficiencia y la equidad del sistema impositivo", según reza el documento del BdE.

Dentro de las reformas, resulta "prioritario revistar el sistema de financiación de las CCAA. En una estructura administrativa tan descentralizada como la española, el concurso de las Administraciones Territoriales en el esfuerzo de consolidación presupuestaria es esencial".

El SMI y su impacto

El BdE también ve "prematuro" afirmar que la subida del Salario Mínimo del 22,3%, hasta 900 euros, aprobada para este año no está impactando en el empleo, ya que por ahora solo se dispone de "muy pocos datos agregados", e insiste en la conveniencia de ligar las subidas salariales al aumento de la productividad.

Así lo han señalado fuentes del organismo que prevé que se prolongue la evolución expansiva de los salarios y asegura que, de momento, no se ha trasladado a los precios, sino que el aumento salarial está siendo absorbido por los márgenes empresariales, si bien asegura que de cara al futuro constituye una "incógnita" en qué medida esta transmisión tendrá lugar o no.

En el caso concreto del aumento del 22,5% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), hasta los 900 euros desde el 1 de enero de este año, fuentes del organismo han indicado que todavía es "prematuro" extraer conclusiones sobre el impacto del alza del SMI, ya que se dispone de pocos datos "muy escasos" de tipo agregado.

Este pronunciamiento del Banco de España se produce después de que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) afirmase a principios de mes que no aprecia "ningún impacto" en el empleo como consecuencia del alza del SMI y reconociese que se podía haber "pasado de negativo" al estimar inicialmente un impacto de 40.000 empleos.

Desde el Banco de España confirman que la economía española está creciendo por encima de su sus previsiones, principalmente por la mejor evolución de la zona del euro a principios de año, y, por consiguiente, el empleo está evolucionando mejor de lo esperado, si bien creen que es "muy pronto" afirmar que no se esté produciendo un impacto.

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