El rechazo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) tendrá un impacto muy relevante en la inversión en infraestructuras para el ejercicio 2019. Las cuentas públicas del Gobierno de Pedro Sánchez contemplaban un incremento del 26% del gasto, a los 9.973 millones, que ya no se hará efectivo. En términos absolutos, supone eliminar recursos por 2.097 millones, ya que con la prórroga de los PGE de 2018 la partida para infraestructuras se limita a 7.876 millones. Además, la previsible convocatoria de elecciones deja en el aire otras medidas como el plan privado de carreteras, el mantenimiento de las autopistas quebradas en manos del Estado, la reversión de los peajes a su vencimiento, la compra millonaria de trenes, los planes de Cercanías y la renovación de estaciones y vías de ferrocarril convencional, entre otras actuaciones.
El Presupuesto del Ministerio de Fomento en 2019 volvía a priorizar la inversión en ferrocarril, con 5.743 millones, aunque con una incidencia especial para la red de cercanías y convencional (+160%) y Renfe (+122%), respecto a la alta velocidad (-2%). Mientras, para carreteras contemplaba 2.328 millones, con un incremento del 14,1% (288 millones más).
En este ámbito, el departamento que dirige José Luis Ábalos planeaba aumentar las partidas para conservación un 32%, hasta 998 millones, con lo que buscaba detener el déficit de inversión en el mantenimiento de la red de carreteras de España.
Fomento tendrá así que trabajar con los PGE de 2018. Aunque el volumen de inversión es menor, esto no tiene por qué afectar al ritmo de licitaciones del Ministerio, toda vez que la ejecución presupuestaria se corresponde con proyectos adjudicados en años precedentes.
Un Gobierno en funciones paralizaría las licitaciones como las del plan de carreteras
Cuestión distinta es de qué manera puede impactar en los programas que tiene en marcha la convocatoria de elecciones, lo que propiciaría un Gobierno en funciones hasta la designación de uno nuevo -con la capacidad de actuación y de gasto muy limitada-. Esto sí supondría la paralización de las licitaciones.
Entre ellas las correspondientes al plan de colaboración público-privada de carreteras. El Ejecutivo de Mariano Rajoy anunció en el verano de 2017 la aprobación del Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC), una iniciativa que contemplaba inversiones por 5.000 millones entre 2018 y 2019 para concesiones de carreteras de 25-30 años, bajo una fórmula de pago por disponibilidad y con financiación privada y del Banco Europeo de Inversiones (BEI). Sin embargo, los obstáculos legales con que se topó retrasaron su implementación, hasta el punto de que en junio de 2018 aún no había salido ningún concurso a la luz.
El exministro Íñigo de la Serna había anunciado que los primeros proyectos, en Murcia, serían licitados en junio, pero el cambio en la Moncloa destruyó esa posibilidad. Semanas después de aterrizar en el Ministerio, Ábalos aseguró que el PIC estaba mucho más verde de lo que su antecesor había vendido. Tanto que finalmente decidió modificarlo de arriba a abajo.
Rebautizado como Plan Especial de Carreteras (PEC), éste limita su inversión a 1.000-1.200 millones para este año y otros 1.000 millones para 2020, sin que haya visibilidad para los cursos venideros. Reduce la vida de los contratos a 10 años y acota la rentabilidad a los que obliga la ley de Desindexación de la economía, al tiempo que desaparecen los riesgos expropiatorios.
Fomento ultima sacar a información pública dos proyectos en Murcia. Está por ver, sin embargo, que lleguen a tiempo, ya que se barajan elecciones para el próximo mes de abril o mayo. Del resultado electoral dependerá que siga adelante.
Las autopistas de peaje rescatadas es otra de las grandes cuestiones que se verán en el limbo
Otro frente que el Gobierno había cerrado y que los comicios pueden reabrir es el futuro de las autopistas de peaje quebradas que el Estado ha ido asumiendo en los últimos meses. El Ejecutivo ha decidido mantenerlas en manos públicas -el convenio se ha aprobado por cuatro años, el máximo posible-, mientras que Rajoy había ordenado la relicitación de las carreteras para obtener entre 700 millones y 1.000 millones y paliar el déficit generado.
Un tercer desafío es el vencimiento de las concesiones de las autopistas de peaje. El actual Gobierno aprobó la reversión de la AP-1 -se hizo efectiva el 30 de noviembre pasado- y de las vías que agotan su vida hasta 2021 (tramos de la AP-7 y la AP-4). El Ejecutivo anterior había anunciado que no las renovaría, pero no había aclarado si las sacaría de nuevo al mercado.
Quedará en el aire la inversión de más de 2.200 millones de euros en la vía férrea convencional
En el caso de la inversión en ferrocarril, el rechazo a los PGE de Sánchez y la convocatoria de elecciones deja en el aire una inversión de más de 2.200 millones de euros en la vía convencional, incluyendo las licitaciones por 375 millones de euros que había prometido sacar en Extremadura en la primera mitad del año para impulsar el AVE y arreglar la red tradicional.
Pero, más allá de las licitaciones o actuaciones que se pudieran llevar a cabo con una mayor capacidad inversora, el posible cambio de Gobierno por segunda vez en menos de un año deja en el limbo la compra de trenes de Cercanías por 2.000 millones de euros, que se pensaban licitar antes de junio, y de ancho ibérico por 287 millones, así como obras como la remodelación de la estación de La Sagrera, la de Valencia o los planes de Cercanías de Asturias o Cantabria, de los que no se ha vuelto a saber nada tras su anuncio en 2017.
El cambio de Gobierno de junio ya supuso la eliminación del proyecto de llevar la alta velocidad a Santander por 1.180 millones de euros y el cambio del plan de Cercanías de Madrid: se elevó la inversión prevista a los 6.000 millones durante siete años, de los que 1.000 se gastarían entre 2019 y 2020.
Ábalos hizo suyo el proyecto de impulsar el AVE entre Almería y Murcia, por lo que en seis meses licitó seis tramos de la conexión por 754 millones de euros, unos contratos que se podrán adjudicar si el Ejecutivo de Sánchez se mantiene el tiempo suficiente en el cargo (hasta octubre). Si no, el proyecto se volverá a ralentizarse y se corre el riesgo de que se quieran revisar.
Los planes directores e inmobiliarios de Aena para los aeropuertos de El Prat y Barajas están asegurados
Lo único que no es susceptible de cambiar, o tiene pocas posibilidades, son los planes directores e inmobiliarios de Aena para El Prat y Barajas por 7.760 millones, pues ya han sido aprobados por el consejo de administración y se incluyen tanto en el plan estratégico como el próximo DORA.
El rechazo de los PGE y el adelanto electoral afectan también al mercado de la vivienda, al que se iba a destinar una partida de 679 millones de euros, lo que suponía un incremento del 41% respecto a los 481 millones contemplados en las cuentas de 2018.
En el caso del alquiler, se incorporaba la posibilidad de otorgar ayudas a personas que abonen una renta de 900 euros mensuales, frente a la limitación de 600 euros al mes del plan anterior. Por otro lado, queda en el aire el bautizado como Plan 20.000, que suponía la promoción de 20.000 viviendas destinadas al alquiler social en grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Málaga, como medida para frenar la subida acelerada de precios. Para este proyecto se presupuestaban 137 millones en 2019.
Con la caída de los presupuestos se desmorona también el cambio de regulación para las socimis (sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria), que seguirán disfrutando de un gravamen del 0% para el Impuesto de Sociedades. De este modo, estos vehículos de inversión no se verán obligados a gravar con el 15% los beneficios no distribuidos, una medida que, según habían advertido los expertos, podría suponer una fuga de inversores.
Hasta la vista al aumento del gasóleo por 670 millones
La medida energética más destacada de los Presupuestos era la subida del tipo impositivo del gasóleo, en 3,8 céntimos de euro, para igualarlo con el de la gasolina y recaudar unos 670 millones en un ejercicio completo.
Ahora bien, no se puede decir "adiós"; solo "hasta la vista", ya que el Gobierno prevé incluirla en otra de las leyes en elaboración, la de Cambio climático y transición energética, en cuya tramitación -si los plazos temporales lo permiten- espera obtener respaldo parlamentario.
De otras disposiciones de ámbito energético sí hay que despedirse, por falta de consignación, como los 80 millones previstos para subvencionar los gastos en calefacción -el bono social térmico- de los hogares considerados vulnerables, que se iba a aplicar este 2019 por primera vez.
O como los 67 millones para subvencionar la compra de vehículos alternativos y el despliegue de la infraestructura de recarga de los eléctricos del llamado Plan Vea, que espera materializarse desde 2017. O como los 47 millones que iba a recibir el Consejo de Seguridad Nuclear para el ejercicio de ciertas funciones.
284 millones para el carbón
Una partida muy relevante es la destinada a reactivar las comarcas mineras por el cierre de las explotaciones y de las centrales térmicas que consumen el mineral, fruto del consenso con empresas y sindicatos: el nuevo Acuerdo Marco 2019-2027 iba a inaugurarse con 284 millones para facilitar una transición justa.
E igualmente se quedan fuera 300 millones provenientes del europeo Fondo de Desarrollo Regional (Feder) para diversas medidas de ahorro y la eficiencia energética y energías renovables -las subastas en los territorios no peninsulares-, que, si se retrasan mucho más, podrían tener problemas para justificarse ante Bruselas.
Con todo, la partida más importante, por volumen, son los 3.819 millones que se deberían transferir al sistema eléctrico, para contribuir a cubrir los costes generales y, específicamente, el 50% del extracoste de la generación en las islas, lo que provocará un desajuste durante este 2019.
Ni la Comisión de Toledo ni Trabajo han iniciadola 'mochila austríaca'
Aunque no estaba incluida en el proyecto de Presupuestos, la implantación de la mochila austríaca es una de la principales apuestas de futuro del Gobierno de Pedro Sánchez. De hecho, forma parte de la Agenda del Cambio que presentó Nadia Calviño, ministra de Economía y Empresa, hace unas fechas.
Sin embargo, ni el Ministerio de Trabajo ni la Comisión del Pacto de Toledo han iniciado trabajo alguno para su adecuación al sistema público de pensiones español, aunque su implantación se plantee para dentro de solo un año.
Desde el departamento de Trabajo, que dirige Magdalena Valerio, reconocen que la mochila está en los planes del Ejecutivo, pero también que no se ha iniciado todavía ningún trabajo al respecto. E indican que cualquier medida de este calado se abordará en la mesa del Diálogo Social y con la Comisión del Pacto de Toledo.
Fuentes de este órgano parlamentario indican a elEconomista esta situación. Ninguno de los borradores en los que está trabajando el Pacto de Toledo incluye esta fórmula, que consiste en que los trabajadores que dispongan de un plan de pensiones de empresa tengan la posibilidad de mantener sus derechos generados con las aportaciones periódicas ante un cambio de trabajo y de compañía. Es decir, que el dinero ahorrado en el plan de pensiones abierto en una empresa pueda ser movilizado por el empleado al cambiar y sin costes.
Adiós a los 17.702 millones adicionales para el gasto social
Uno de los platos fuertes del proyecto de Cuentas del Gobierno, ya vetado por el Congreso, era el incremento del gasto social. Sin incluir lo destinado a pensiones, los Presupuestos contaban con 17.702 millones adicionales para esta partida, razón por la que tanto el presidente Pedro Sánchez como sus ministros los describían como "los más sociales de la historia".
Una de las medidas más ambiciosas era la de resucitar a Ley de Dependencia de José Luis Rodríguez Zapatero, aumentando su dotación en más de 800 millones, un 59% más que en 2018. Además, se suprimía el copago farmacéutico para pensionistas y familias con rentas bajas.
Hasta 825 millones se iban para ampliar el permiso de paternidad a ocho semanas y se dedicaban unos 30 millones y habilitaban medidas para la universalización de la escuela pública de cero a tres años. Se incrementaba la partida para becas escolares un 10% - hasta los 1.620 millones -, se reducían las tasas universitarias y se duplicaba la dotación para subvencionar libros de texto y material didáctico.
A todo esto hay que sumar otras iniciativas, como los planes de empleo especiales para Andalucía, Extremadura y Canarias así como diversos planes en el campo de vivienda, en el que se preveía una inversión de 679 millones. Nadia Calviño, ministra de Economía y Empresa, lamentó este jueves el bloqueo de medidas destinadas para los "más vulnerables".
Montero asume el limitado futuro de las tasas Google y Tobin
A pesar de que se tramitan de forma independiente a los Presupuesto, María Jesús Montero, ministra de Hacienda, parece haber asumido un limitado futuro para los nuevos impuestos a los servicios digitales y a las transacciones financieras, también conocidos como las tasas Tobin y Google.
Como ya adelantó elEconomista, el futuro de estas tasas está muy cuestionado por el adelanto electoral. La ministra no les aventura demasiado recorrido, ya que la convocatoria anticipada supondría la disolución de las Cortes, donde se están tramitando. "Veremos hasta dónde llegan, pero me temo que no van a ir muy lejos", apuntó Montero este jueves en los micrófonos de la Cope.
Por otro lado, recordó que el Gobierno comunicaría la convocatoria de elecciones generales este viernes y que su celebración será "segura" a lo largo de 2019,.
La titular de Hacienda indicó que el Ejecutivo, tras el rechazo de sus Presupuestos en el Congreso, puede ir "tirando" a base de decretos leyes, pero solo durante un tiempo "breve", por lo que "es evidente el adelanto de la convocatoria electoral".
En todo caso, señaló que ve "complicado" el escenario de gobernar con decretos leyes, pues están limitados a cuestiones de urgente necesidad. Recordó que la prórroga presupuestaria aboca a España a un déficit de hasta el 2,4% del PIB, por lo que habrá que hacer ajustes, sin concretar si los hará un gobierno entrante o el actual.
