La gran paradoja del empleo en España: cuando recortar la temporalidad amenaza al PIB y al bienestar

¿Cómo reducir la precariedad laboral en España? La pregunta admite múltiples respuestas, que han dado lugar a otros tantos giros de timón en la política del mercado de trabajo sin que ninguno haya logrado cerrar la grieta de la dualidad entre empleos indefinidos y temporales. Un reciente estudio publicado por el Banco de España plantea que estas recetas deben tener en cuenta la heterogeneidad de las empresas españolas que explica la excesiva dependencia de la economía española de los puestos de corta duración frente a otros países. Hasta el punto de que, advierte, una reforma que se limite a reducir la temporalidad puede ser contraproducente, lastrando el PIB y el bienestar, al aumentar los "flujos hacia el desempleo", en gran parte por la destrucción de empresas que no pueden asumir esta transición.

Esta conclusión puede parecer rebatida por los resultados de la última reforma laboral, que, restringiendo la contratación eventual, no solo ha disparado el peso de la indefinida a niveles que parecían imposibles en nuestro país, sino que lo ha logrado además en un contexto de intensa creación de empleo. Pero un análisis de las cifras de los últimos años muestra que en el mercado laboral siguen subsistiendo grandes espacios de sombra.

España sigue presentando la mayor rotación entre entradas y salidas del empleo de la zona euro (superando incluso a países con mayor tasa de contratos temporales), lo que explica que cueste tanto reducir la tasa de paro, que parece enquistada en un 11%, la mayor de la UE y tres puntos por encima de sus mínimos históricos. Ello a pesar de que hay más personas trabajando que nunca y a que todas las previsiones apuntan al crecimiento del PIB más intenso entre las grandes economías europeas. Por si esto fuera poca contradicción, la productividad laboral sigue claramente rezagada frente a la de nuestros vecinos, aunque un incremento del empleo indefinido debería provocar el efecto opuesto.

Todo esto justifica el consenso, cada vez mayor, de que el impacto de la norma en el mercado de trabajo ha tocado techo. Y algunos se preguntan si el empleo no habría aprovechado mejor el viento de cola, es decir, se hubiera reducido más el paro, si no se hubiera modificado. Una hipótesis que hace que pocas voces apuntan a la necesidad de una nueva reforma que recupere la receta clásica de abaratar el coste del despido.

Un reciente análisis de Fitch destacaba que la reforma ha dado lugar a un "marcado cambio hacia los contratos indefinidos (incluidos los fijos discontinuos para el trabajo de temporada) y a un "alejamiento de los contratos temporales". "Este cambio debería hacer que el empleo sea menos procíclico y aumentar el incentivo para que los empleadores y los trabajadores inviertan en capacidades, lo que favorecería una mayor productividad", inciden los analistas, Sin embargo, contrasta sus elogios a la norma con un claro recordatorio: "La reforma no abordó los elevados costes de despido, que se consideran un obstáculo para la creación de empleo". Algo de lo que el actual Gobierno no quiere ni oír hablar, y de hecho apunta a lo contrario, a un encarecimiento 'selectivo' de algunos despidos.

El coste-beneficio de la temporalidad

En este debate, el estudio, elaborado por Josep Pijoan-Mas, investigador del Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI) y el Centre for Economic Policy Research (CEPR), y Pau Roldán-Blanco, del Banco de España y también del CEMFI, resulta especialmente pertinente al arrojar luz sobre el principal desequilibrio del mercado laboral. La novedad, respecto a otros análisis sobre este tema, es que pone el foco en cómo la dualidad afecta de manera diferente a los diversos tipos de empresa, no solo en función de su sector, sino también según su tamaño y grado de desarrollo.

Esta heterogeneidad es clave para determinar el coste-beneficio del empleo temporal en el conjunto de la economía, y es uno de los factores que determina la eficacia de las diferentes alternativas desarrollados por los gobiernos para mejorar la estabilidad de los empleos. Vaya por delante que el análisis no es un examen a la reforma laboral de 2021, pero sus conclusiones pueden explicar por qué ha tenido estos efectos tan aparentemente contradictorios sobre el empleo y la economía. Lo mismo es válido para las aprobadas en 2010 y 2012.

Con este objetivo, los autores desarrollan un modelo que recoge los diferentes costes de contratación, tasa de rotación de trabajadores y capacidad de acumulación de capital humano por parte del empleado en el puesto de trabajo asociados a cada tipo de empleo: indefinido o temporal. Dicho modelo 'calibra' con los datos empresariales y los flujos agregados de entrada y salida del desempleo, lo que confirma dos premisas clave: los trabajadores altamente cualificados son más productivos en empresas de "tipo alto", cuyo tamaño es óptimo, pero los costes de contratación indefinida hacen que, "para un mismo nivel de tensión del mercado", haya en promedio "más emparejamientos por unidad de tiempo de contratos temporales que de indefinidos".

El diseño de esta herrarmienta econométrica, permite realizar un análisis contrafactual (a partir de un acontecimiento o situación que no ha sucedido) con el objetivo de evaluar no solo los efectos de los mercados laborales duales en la economía agregada, sino también cómo funcionarían diferentes "herramientas políticas", es decir, reformas laborales, destinadas a reducir la proporción de los trabajadores con contratos temporales, algo que afecta al crecimiento empresarial, la creación y destrucción de firmas y la distribución "en equilibrio" de trabajadores y empresas.

Así, clasifica tres opciones para conseguir este objetivo. La primera es prohibirlos por completo, algo que, sin ambages, califica de "malo para la economía", con un importante repunte del desempleo y destrucción de empresas. Esta es una alternativa extrema, descartada por la práctica totalidad de las legislaciones laborales, lo que nos deja como base para un análisis pragmático la otras dos.

Los riegos de atacar la precariedad del empleo

Una es reducir la duración máxima de los contratos temporales. Esto hace que los empleos eventuales "sean menos atractivos para las empresas", que reaccionan "contratando proporcionalmente más trabajadores con contratos indefinidos" o convirtiendo a sus temporales en indefinidos. En este punto, el modelo confirma lo ocurrido tras la reforma laboral de 2021 al eliminar los contratos por obra y servicio (cuya duración es indeterminada, al estar ligada a la consecución de un proyecto) y reducir los encadenamientos posibles que obligarían a la conversión de un contrato temporal en indefinido.

Pero los efectos de esta medida son ambiguos, al menos desde el punto de vista teórico. Por un lado, una menor duración aporta flexibilidad, ya que las empresas tienen menos probabilidades de afrontar costes de despido cuando enfrentan choques negativos de productividad. Pero también la reducción del empleo temporal afecta de forma negativa al PIB y al bienestar agregado de la población. ¿Cómo es posible esto?

Una reforma de este tipo "genera un pequeño incremento en la productividad agregada", ya que la mayor rigidez laboral se ve contrarrestada por una "mayor acumulación de capital humano" mientras que las empresas menos eficientes (y más dependientes del mercado laboral) se ven más perjudicadas y abandonan el mercado. Esta destrucción de empresas lleva a que la producción total y el bienestar disminuyan. Y el potencial empleo que generarían se convierten en desempleo.

Por otro lado, la reducción de la temporalidad perjudica de forma clara a las personas que están desempleadas, ya que reduce sus posibilidades de encontrar empleo. Es decir, el paro se enquista. De este modo, aunque resulte paradójico, la economía de España presentará un mayor crecimiento y bienestar si los contratos temporales no sufren límites ni mayores costes. Aunque sea empleo de peor calidad y productividad, su mayor cantidad compensa y supera los aspectos 'positivos' de tener un mercado laboral con menor temporalidad.

Ahora bien, el informe no defiende en ningún momento resignarse a no hacer reformas para reducir la temporalidad, solo apunta a cuáles serían más eficaces. Y aquí concluye que "es preferible gravar con impuestos el 'stock' de trabajadores con contratos temporales que poner límites más estrictos a la duración máxima de estos contratos". Esta segunda opción genera mucha menor destrucción de empleo, con lo que su efecto en la economía es menos negativo.

La 'vía Escrivá'

Los autores no especifican a qué tipo de impuestos se refieren, aunque en el caso español el mayor impuesto al trabajo son las cotizaciones a la Seguridad Social. Una fórmula, por cierto, que también recoge la reforma laboral de 2021 para los contratos de duración inferior a un mes a instancias del entonces ministro de Inclusión y Seguridad Social, y hoy gobernador del Banco de España: José Luis Escrivá.

Sería incorrecto considerar este análisis como una evaluación de la norma pactada hace ya tres años por el Gobierno, la patronal y los sindicatos. La conclusión principal es que las reformas laborales deben tener en cuenta la heterogeneidad del tejido productivo en su diseño, para modularlas de la manera eficaz, para lo que son necesarios modelos como el que los autores desarrollan en este trabajo. Y de hecho recuerdan en que el impacto de uno u otro tipo de herramienta política en la economía depende de más factores, como el ciclo económico.

De hecho, la reforma laboral de 2012 incluye una parte que restringe la contratación temporal y otra parte que la encarece, la 'vía Escrivá'. Pero no se puede decir que el empleo se haya resentido, impulsado por el contexto económico (incluyendo la inyección de fondos Next Gen). Ante la evolución del mercado laboral, cabe preguntarse si la norma se ha convertido en un 'lastre' para aprovechar al máximo el repunte de la economía al suponer un 'filtro' para la viabilidad de las empresas más 'dependientes' de la temporalidad. Esta barrera explicaría que los contratos indefinidos se hayan contagiado de ciertos síntomas de 'eventualidad', en especial los fijos discontinuos, aunque también los ordinarios (vía despidos y abuso del periodo de prueba).

Pero, en cualquier caso, el análisis supone un alejamiento claro de las recetas clásicas que ponen el foco en el coste del despido. Una idea que no ha funcionado, al menos en España. No hay más que ver los resultados de las reformas laborales de 2010 y, sobre todo, 2012, que sí recortaron las indemnizaciones por despido para potenciar la contratación fija. Y hay que recordar que, aunque se aprobaron en el momento álgido de la Gran Recesión, sus modificaciones en materia de coste del despido siguen en vigor hoy.

Aunque la mayor diferencia entre los efectos de la reforma del PP y la de PSOE-Sumar es que la recuperación del empleo entre 2013 y 2021 estuvo protagonizada por los contratos temporales. Precisamente, una de las críticas recurrentes a la legislación impulsada durante los años de Gobierno de Mariano Rajoy es que no se vio complementada con un freno a los contratos temporales.

Una de las razones esgrimidas por el Gobierno de entonces es que podría lastrar la recuperación del empleo. De hecho, la norma de 2021 ha tenido tuvo mejor efecto que su predecesora en otro tipo de dualidad que no es exactamente la que existe entre temporales e indefinidos: la que se produce entre trabajadores con más veteranos (y con coste del despido más caro) y los más recientes.

La reforma de 2021, además, sí exploró la vía de encarecer los contratos temporales, aunque de manera más limitada (solo para los contratos de muy corta duración) y sus efectos parecen limitados. En este sentido, el análisis del Banco de España invita a poner sobre la mesa una mayor cose de los empleos de corta duración, ya que de todas las opciones posibles es esta 'vía Escrivá' la que menos afectaría al conjunto de la economía.