El Banco de España de Escrivá será el 'cortafuegos' de Díaz en la reforma del despido

La llegada de José Luis Escrivá al Banco de España plantea la incógnita de hasta qué punto será capaz de distanciarse de las políticas diseñadas en un Consejo de Ministros del que lleva formando parte desde 2020. Pero hay un ámbito en el que se sentirá mucho más cómodo manteniendo la línea de análisis crítico que ha llevado el supervisor bancario: las políticas centradas en el empleo. Aquí puede jugar un papel de 'cortafuegos' a las tesis de Yolanda Díaz cuyas propuestas sobre el despido han abierto una brecha cada vez más evidente entre Sumar y el PSOE.

Históricamente, los análisis más 'polémicos' del supervisor no han sido los relativos a la situación bancaria y la política monetaria, ni siquiera los que abarcan la estabilidad presupuestaria. Los roces entre el Banco de España y los miembros del Gobierno en los últimos años se centran en sus recomendaciones en materia laboral, de salarios y pensiones. Fuentes del propio organismo consideran que el margen de Escrivá para 'filtrar' o siquiera 'suavizar' los informes es limitado, si bien otra cosa son sus declaraciones y discursos públicos, incluyendo las comparecencias parlamentarias.

Aquí Escrivá será responsable de sus propias palabras, aunque nadie espera que empiece su mandato poniendo el foco en las dificultades para la sostenibilidad de la Seguridad Social, cuya reforma impulsó desde la cartera de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Sin embargo, tampoco se descarta que Escrivá, que hasta su llegada al Ejecutivo se había granjeado una sólida reputación de independencia y criterio propio, pueda dar alguna sorpresa y 'desmarcarse' de Moncloa en estos temas y otros, como la financiación autonómica, e incluso cuestionado su propio 'legado' en algún momento.

Existe el precedente de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que en 2006 pasó de secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos con José Luis Rodríguez Zapatero a gobernador y fue crítico en materia de reformas de pensiones y laboral. Pero ni en el PSOE ni en el propio Ejecutivo prevén que esto ocurra a corto plazo, aunque son conscientes de que el nuevo gobernador necesitará marcar distancias desde un primer momento.

Esto, precisamente, puede jugar a favor de la estrategia del ala socialista en materia económica del Ejecutivo, que busca poner coto a las propuestas de Yolanda Díaz, en especial en lo referente a su reforma del despido. Una cuestión en la que el PSOE considera que Díaz ha jugado a dos bandas, alentando una denuncia de los sindicatos ante el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) para justificar un encarecimiento de la indemnización por cese declarado improcedente, a pesar de que esta cuestión quedó explícitamente fuera del acuerdo de reforma laboral de 2021 para no lastrar la creación de empleo.

Escrivá, que también participó en la recta final de aquella negociación junto a Nadia Calviño en un gesto de Sánchez que se interpretó como una forma de contrarrestar el 'protagonismo' de Díaz, se considera la voz más adecuada para defender las tesis del PSOE, que no quiere abrir el melón de una nueva reforma que se antoja mucho más compleja de pactar.

Una reforma que gustaría al Banco de España

Las discrepancias en el seno del Gobierno de coalición parecían haberse cerrado tras las elecciones con un compromiso de 'mínimos' en el acuerdo de investidura que permitió a Sánchez formar un nuevo Gobierno 'progresista' con Sumar (excluyendo a Podemos). El texto habla de "establecer garantías para las personas trabajadoras frente al despido, dando cumplimiento a la Carta Social Europea y reforzando la causalidad en los supuestos de extinción de la relación laboral". Pero esta redacción es demasiado ambigua y el PSOE no ve la necesidad de encarecer el despido, como plantea explícitamente Díaz.

El Banco de España siempre ha situado una línea roja en el coste de las indemnizaciones y aboga precisamente, por "revisar la causalidad" una cuestión en la que el Ejecutivo actual no termina de entrar. En parte porque avanzar en esa clarificación de la justificación del despido se puede interpretar como una forma de abaratarlo.

Y es que la indemnización por un despido procedente y justificado está fijada en 20 días (tope que ni PP, PSOE ni Sumar se han plantado elevar). Aunque buena parte de la empresas siguen la vía, más sencilla para ellas, de hacer despidos disciplinarios que, tras la denuncia del trabajadores, se declaran improcedentes con una indemnización más alta. Por ello Díaz pone el foco en estos supuestos, los más caros pero que también considera los más habituales.

Lo que plantea el Banco de España, en pocas palabras, es evitar el abuso del despido disciplinario como una fórmula encubierta de despido 'exprés'. Una asignatura pendiente desde la reforma de 2012 (que abarató las indemnizaciones máximas de 45 a 33 días por año)

En el PSOE recuerdan que Escrivá, de hecho, lleva siendo el 'cortafuegos' de Díaz desde que en 2020 se hizo cargo de Inclusión, un departamento de nueva creación nacido para arrebatar por primera vez en la historia la competencia en materia de pensiones, muy sensible en términos electorales a un Ministerio de Trabajo que caía en manos de Unidas Podemos.

En este sentido, que ahora impulse el debate sobre una reforma que clarifique el despido y acerque la legislación laboral española a la europea, pero que mire más allá del coste (ni para subirlo ni para reducirlo), sería bien recibida en los estamentos empresariales y en Bruselas, pero también daría legitimidad al ala socialista para diseñar una norma menos populista y, a su juicio, más eficaz. Sobre todo en un momento en el que las relaciones con Díaz se encuentran en un punto complejo.

Peligrosa debilidad e Díaz

A ello contribuyó especialmente la accidentada reforma de los subsidios, que provocó el último choque entre Díaz y Calviño antes de la marcha de esta al BEI para acabar siendo tumbada en Congreso con el voto de Podemos (que se cobraban así su 'venganza') y críticas de los sindicatos por la falta de negociación. Esto mostró la debilidad parlamentaria del Ejecutivo y obligó a Trabajo a reescribir el texto para mantener las ayudas a la jubilación de los mayores de 52 años (pese a que se consideran un incentivo a las prejubilaciones).

Lo ocurrido con los subsidios mostró al PSOE que necesitaba un aval del diálogo social para sacar adelante sus promesas laborales. Ello explica el 'giro copernicano' en la negociación de la reducción de jornada, también un compromiso de legislatura del Gobierno de coalición, pero que había derivado en un choque frontal de Yolanda Díaz con la CEOE. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que hasta entonces había evitado fricciones entre Economía y Trabajo, se vio obligado a mediar públicamente para encauzar un diálogo que integrara a la patronal.

Si algo ha dejado claro también el verano es que la coordinación entre los ministerios socialistas y Sumar brilla por su ausencia, como ha quedado claro en lo ocurrido con la derogación 'por error' del blindaje ante e el despido de personas que pidan adaptar su jornada o poder teletrabajar para poder conciliar.

Aunque tras conocer el texto de la resolución del CEDS, que considera que la indemnización por despido en España contraviene la Carta Social Europea PSOE y Sumar han decidido aparcar este tema hasta cerrar la cuestión de la reducción de jornada, en Moncloa saben que solo es una tregua temporal: un acuerdo sobre los horarios que integre a la CEOE no será el deseado por el electorado de Díaz y esto obligará a la ministra de Trabajo a cargar las tintas en encarecer el despido.

Por otro lado, están los malos resultados electorales de Sumar, que han llevado a Díaz a dar un paso atrás en el liderazgo político del partido cuyo alcance es incierto, ya que su rol en el Gobierno y el grupo parlamentario se mantiene intacto. Y esto supone un toque de atención para los socialistas, que ven que el carisma político de la gallega, cimentado en su gestión como ministra de Trabajo, se ha difuminado.

Y ello la está obligando a 'radicalizar' sus propuestas para recuperar un electorado que, pese a la reforma laboral, el paro sigue superando el 11% y la percepción de la calidad real de los empleos no ha mejorado tanto como Sumar promete. Y que, sobre todo, no olvida la incumplida promesa de derogar el abaratamiento del despido introducido en la reforma laboral del PP de 2012.

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