El debate sobre la reducción de la jornada ha chocado de frente con el del problema de la productividad en España, sin que Gobierno, sindicatos y patronal se pongan de acuerdo en el impacto que tendrá la primera sobre el segundo. Los expertos, de momento, lanzan una clara advertencia: una medida pensada para mejorar la vida de los trabajadores puede hacer aún más grande el diferencial entre la de renta per cápita con Europa si no se acompaña de un incremento sustancial en la productividad por hora.
A largo plazo, la productividad en España enfrenta retos relacionados con nuestro tejido productivo, la baja inversión pública y privada, y el reducido, en relación con otras economías de nuestro entorno, capital humano. A pesar de algunos avances en la modernización de ciertos sectores, España sigue rezagada en términos de inversión en I+D y capital tecnológico en comparación con sus vecinos europeos.
Los problemas de productividad son cruciales a la hora de explicar la brecha de PIB per cápita entre España y Europa. Margarita Delgado, exsubgobernadora del Banco de España, destacó este verano los problemas de productividad a los que se enfrenta España y su impacto en la convergencia económica con el resto de Europa. Según Delgado, "la baja productividad y la alta tasa de desempleo en España han impedido que el país alcance los niveles de ingreso per cápita de la Unión Europea". Este estancamiento en la productividad ha sido un problema persistente desde la década de los noventa, cuando el PIB per cápita de España se situaba en el 92% del promedio europeo; para 2022, esta cifra había caído al 85%, aseguraba esta experta.
"La menor productividad de España explica en gran medida esta diferencia. De hecho, si la productividad por trabajador en España fuera igual a la media de la UE (actualmente es 11 puntos porcentuales (pp) inferior), la renta per cápita española sería sólo un 4% inferior a la media de la UE", señala esta experta.
De una forma sencilla y comprensible. Si España produce menos que Europa por empleado y hora trabajada, para compensar esta brecha sería necesario un aumento de la productividad o, en su defecto, trabajar más horas para producir la misma cantidad. Esta última opción es la menos idónea sin duda alguna. Sin embargo, reducir la jornada laboral implicaría una reducción de las horas trabajadas, lo que ampliaría aún más la brecha de PIB per cápita entre España y Europa, reduciendo los niveles de prosperidad, al menos, en términos económicos.
Así lo advierte el economista Javier Ferri, uno de los mayores expertos en el análisis de la productividad e investigador de Fedea y otros servicios de estudios, que incide en que "si la brecha negativa en renta per cápita con los países de nuestro entorno no es más elevada, es precisamente porque en España los empleados trabajan de media más que en Europa". Por lo tanto, la reducción de horas trabajadas podría "ampliar aún más la brecha de renta per cápita" con Europa si no se acompaña de un incremento sustancial en la productividad por hora. Algo que no parece posible en el momento actual.
En el caso más probable de que la productividad no compense la disminución de horas trabajadas, nuestra renta per cápita sufrirá un efecto negativo. Además, esta medida podría tener un impacto desigual en distintos sectores económicos, siendo más perjudicial para aquellos que dependen de mano de obra intensiva y de baja cualificación. Este hecho podría mejorar la productividad a través de un efecto composición, pero con efectos perversos sobre los colectivos que más deberíamos de proteger.
¿Mejora la productividad?
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sostiene que el recorte del tope legal de la jornada en España de las 40 a las 37,5 horas semanales en 2025 y más aún en los años sucesivos será factible, precisamente, por la mejora de la productividad gracias a la tecnología. Una tesis similar a la de los sindicatos, que inciden en que muchos convenios pactan jornadas máximas inferiores a la legal. Aunque en el caso de la ministra gallega, la urgencia tiene un matiz político.
La fundadora de Sumar presiona para cumplir unos plazos fijados por el acuerdo de investidura firmado con el PSOE hace casi un año, que contemplaba además un periodo transitorio para este año en el que el máximo bajaría a 38,5 horas. Algo que, a estas alturas de 2024 parece imposible. El Ejecutivo de coalición lanzó este compromiso sin consultar al diálogo social, pero su debilidad parlamentaria le obligó a poner en marcha unas mesas de negociación que han dilatado el proceso. Por ello el PSOE es reacio a aprobar la medida sin consenso con los empresarios.
Estos rechazan frontalmente el plan y los tiempos de Trabajo tanto por su coste como por su impacto en la mermada productividad de las empresas españolas, que ha tardado tres años en recuperar el volumen de horas trabajadas previo a la pandemia.
Sin embargo, los últimos datos macroeconómcios parecen dar la razón a Díaz: tanto el PIB como la productividad por hora trabajada están creciendo, igual que lo ha hecho el empleo, algo singular en la historia económica de España de los últimos lustros. Esto avalaría lo que la 'número tres' del Ejecutivo llama un "reparto de la productividad" que permitiría compaginar una subida de salarios con una reducción del tiempo de trabajo. El problema es que los expertos consideran que esta evolución no es sostenible.
María Jesús Fernández, economista senior de Funcas, apunta que la "escasez de mano de obra", que obliga a incorporar mejoras organizativas y productivas para elevar el nivel de producción, puede haber contribuido a mejorar la productividad y del empleo. "Pero esto está ocurriendo simultáneamente a una caída de la inversión empresarial, de modo que, aunque a corto plazo haya sido posible, quizás a causa de esa escasez de mano de obra, si la inversión no se recupera no creo que tenga muchas posibilidades de continuar en el futuro", incide en declaraciones a elEconomista.es.
Por su parte, Javier Ferri apunta que esta evolución reciente contrasta con un desempeño general débil en 2023, cuando la productividad "cayó de manera constante, debido principalmente a perturbaciones agregadas que afectaron negativamente el PIB por hora trabajada". Además, este experto destaca la que la "brecha de productividad" con la UE sigue siendo un obstáculo importante.
"España mantiene un diferencial negativo persistente en productividad por hora trabajada con respecto a la media de la UE8 (Alemania, Francia, Países Bajos, entre otros), que ronda el 23%. Esta diferencia no solo afecta el desempeño económico actual, sino que también limita las posibilidades de crecimiento sostenido a largo plazo", incide.
Aquí entra el impacto de la reducción de jornada. Los expertos advierten de un impacto negativo no tanto por la reducción de jornada en sí, sino porque no se ve plantea al margen de otras de medidas que mejoren la productividad. "Pero mucho tiene que crecer para que eso ocurra. Y, en cualquier caso, de no darse esa caída de las horas de trabajo, la productividad derivada de esas mejoras crecería más, porque no estaría contrarrestando dicho efecto", explica maría José Rodríguez. De la misma opinión es Ferri, que considera "difícil de creer" que los trabajadores logren "mantener o aumentar su nivel de producción en menos tiempo".
Un Consejo y muchas dudas
El Gobierno aprobó a finales de julio la creación del Consejo de la Productividad para analizar estas medidas, un órgano presidido por el funcionario del BCE Juan Francisco Jiménez Serrano, con la encomienda de realizar análisis y propuestas para mejorar la productividad y competitividad de la economía española. Pero su actividad todavía aún no ha generado informes. El ministerio de Trabajo se ha apresurado a recalcar que este órgano se crea para avanzar en "el doble objetivo" de "aumentar la productividad, pero también mejorar su reparto".
Es decir, generar más riqueza y distribuirla de forma equilibrada con mejores salarios y menos horas de trabajo, tal y como defiende la ministra, si bien no está claro cómo pretende alcanzar este 'círculo virtuoso'. Para la elaboración de este artículo, elEconomsita.es solicitó al departamento que dirige Yolanda Díaz una respuesta a los argumentos expuestos por los expertos, pero no ha recibido respuesta.
Los obstáculos de la productividad
España se enfrena a diversos desafíos en su productividad laboral, tanto en el presente como en el futuro, los cuales limitan su crecimiento económico y su capacidad competitiva. Según Jesús Castillo, economista de Natixis, el mercado laboral español muestra una "ineficiencia" significativa que obstaculiza una asignación óptima de la mano de obra. Entre los factores que contribuyen a esta situación, Castillo destaca la "escasa movilidad geográfica" de la fuerza laboral, lo que limita la capacidad para cubrir eficientemente las demandas de empleo en distintas regiones.
Además, el país presenta una "gran dualidad en el mercado laboral", caracterizada por una alta proporción de empleos temporales y una baja integración de los jóvenes al mercado laboral, lo que afecta la inversión en habilidades y el compromiso de los trabajadores con contratos a tiempo parcial o fijo discontinuo. Esta falta de continuidad laboral reduce la formación de capital humano y, a largo plazo, repercute en la productividad nacional.
Ferri coincide en este diagnóstico y añada el papel político. "Los indicadores sobre la calidad de nuestras instituciones y la eficiencia de nuestro sector público llevan más de una década cayendo en picado, lo que alienta el pesimismo sobre la voluntad de realizar las reformas (y en la dirección adecuada) que nuestra economía necesita", señala.
"Aunque algunos indicadores sugieren que la productividad podría mejorar, los desequilibrios actuales en el mercado laboral, junto con una baja inversión en innovación, y la dificultad de atraer inmigración con cualificación superior a la de la población nativa, representan barreras significativas".
Por otra parte, el bajo nivel de inversión en investigación y desarrollo (I+D) limita las oportunidades de mejora en la eficiencia y la innovación. Como señala Castillo, España es el país de la zona euro con menor porcentaje de inversión en I+D respecto al PIB, lo que "impide que se puedan mejorar los procesos productivos de manera efectiva". Este déficit de inversión no solo afecta la producción actual, sino que también representa un riesgo para el futuro, ya que limita las capacidades innovadoras necesarias para competir en un mercado global en constante evolución.
